La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informa que a fines de 2023 el 44% de la población de los penales federales se encontraba detenida sin sentencia firme, es decir, 4.981 del total de 11.311 personas privadas de su libertad, según se desprende del trabajo estadístico Privación de libertad cautelar en cárceles del Servicio Penitenciario Federal: análisis de distribución y características de población encarcelada por prisión preventiva / condenas, en el que sistematiza datos del periodo 2019-2023.

El documento, producido por la oficina especializada a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, ofrece información sobre la cantidad, la distribución y la evolución de la población penal alojada en cárceles federales, según transiten la privación de la libertad en prisión preventiva o con condena firme. El trabajo añade datos respecto a la composición de la población de acuerdo a variables socio-demográficas.

El reporte describe un descenso sostenido en los últimos años de la población que cumple prisión preventiva, tanto nominal como porcentual. La serie de población penal con prisión preventiva evolucionó de la siguiente manera: 2019, 7.803 personas; 2020, 5.838; 2021, 5.408; 2022, 5.125; y 2023, 4.981. El descenso recorre toda la serie temporal 2019-2023 y expresa una baja del 36,2% en los últimos cinco años.

En este contexto, el 50,7% de las personas privadas de su libertad en cárceles federales se encuentra bajo la esfera del fuero federal; el 44,7%, a disposición del fuero nacional; y el 4,5% restante de la población fue derivada por administraciones de justicia provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El reporte destaca que la tendencia decreciente registrada en los últimos cinco años respecto a la población encarcelada que cumple prisión preventiva podría deberse a la combinación de los siguientes factores:

• El impacto de la Ley 27.375 -de 2017-, que establece restricciones para acceder a beneficios en la ejecución de la pena previstos en la Ley 24.660.
• El impacto de la entrada en vigencia de la Ley 27.272 -de 2019-, que modificó el Código Procesal Penal de la Nación para incorporar el procedimiento específico para delitos cometidos en flagrancia.
• La implementación parcial del sistema acusatorio en el ámbito federal mediante la Ley 27.063.
• Los mecanismos que propician el incremento de ingreso de condenados con penas cortas de cumplimiento efectivo.
• Detenciones cautelares en dependencias policiales y de fuerzas de seguridad.

En la evaluación de los datos, la PROCUVIN señala que el sistema acusatorio busca reducir el uso de la prisión preventiva por períodos prolongados al dar celeridad al proceso, resolver la causa en plazos más cortos y prever un catálogo de medidas alternativas al encierro cautelar.

En contraste al declive de la población penal con prisión preventiva, la procuraduría pone de relieve que las personas privadas de su libertad con condena firme se incrementaron a partir de 2020, con un crecimiento del 1,8% en el periodo 2019-2023. En detalle, la serie de esta población penal evolucionó de la siguiente manera: 2019, 6.213 personas; 2020, 5.705; 2021, 5.875; 2022, 6.224; y 2023, 6.329

Género, edad y nacionalidad

El trabajo estadístico también compara la situación procesal en relación al género de la población detenida en prisión preventiva en establecimientos del SPF. El porcentaje de hombres en esa condición es de 42,54%, en las mujeres asciende a 57% y el de personas trans es de 41,94%. En relación a este colectivo puntualiza que se trata de un conjunto pequeño en términos nominales, pues lo integran 31 personas.

Por otro lado, el documento detalla que el promedio de edad de la población que cumple prisión preventiva en cárceles federales es de 36,6 años. Se trata de una población un poco más joven que la media de personas condenadas, que es de 36,9 años.

Finalmente, la PROCUVIN indica que el 80,74% de la población privada de su libertad sin condena es de nacionalidad argentina, en tanto el 19,26% es de origen extranjero.