El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, el coordinador del Área de Encierro de esa sede, Roberto Cipriano García, y los fiscales de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, interpusieron un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de la totalidad de las personas detenidas en la Unidad carcelaria N° 4 de Bahía Blanca del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y "de aquellas que sean encerradas allí en el futuro", luego de constatar graves problemas de infraestructura e higiene, hechos cotidianos de tortura, falta de alimentación adecuada y la prestación de un servicio de salud totalmente deficiente, en el marco de un cuadro integral de violencia institucional ejercida contra las personas sometidas a encierro.

La acción de habeas corpus, interpuesta en el juzgado de Garantías de Bahía Blanca a cargo de la jueza Susana Calcinelli -quien convocó a una audiencia a los fiscales para mañana-, es consecuencia de inspecciones realizadas el 16 de diciembre pasado y el 5 y 6 de febrero pasados en ese penal y de una serie de monitoreos que dieron cuenta de "una situación de extrema gravedad" que pone "en riesgo la vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad allí alojadas", señalaron en la presentación.

Los fiscales describieron y documentaron la situación con filmaciones, fotografías y actas de relevamiento realizadas durante los procedimientos y, entre las diversas medidas que solicitaron a la jueza se destaca la intervención del "Sector de Sanidad" del penal, al que calificaron como "un lugar infecto e inmundo".

En esa línea, los fiscales pidieron que se inicie una investigación penal, dado que "se evidencia un caudal probatorio abrumador de una innumerable cantidad de situaciones fácticas configuradas por acciones y omisiones de funcionarios públicos en perjuicio de las personas privadas de libertad". Y, al mismo tiempo, requirieron la conformación de una mesa de trabajo para "abordar integralmente las condiciones de encierro" de la unidad, con la participación de distintos organismos, como el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la defensoría oficial provincial y federal, el Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción, el propio SPB, el Juzgado de Ejecución departamental, entre otras.

En el habeas corpus se denunciaron "condiciones materiales de detención incompatibles con la dignidad humana con graves falencias en los sistemas eléctricos, de agua, cloacales; sobrepoblación y espacios de hacinamiento en lugares que no respetan ningún estándar internacional de derechos humanos; el uso de la tortura, violencia y la arbitrariedad como formas de organización del gobierno de la cárcel; déficits estructurales en la atención médica, psicológica y odontológica de las personas detenidas; nulo tratamiento de las adicciones; nulo acceso a la justicia con personas que durante años no ven a sus defensores o jueces ni pueden comunicarse telefónicamente con ellos; el padecimiento de hambre por la entrega de alimentos en mala calidad y escasa cantidad".

En este contexto, indicaron los fiscales, una gran parte de las personas detenidas tiene imposibilidad de recibir visitas de familiares, dado que se encuentran a enormes distancias de sus lugares de residencia y deben enfrentar -cuando pueden- el oneroso gasto de realizar llamadas de larga distancia.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal puntualizaron que, entre las "distintas formas de violencia se relevaron en la unidad requisas violentas, hechos de represión, traslados intempestivos y hostigamiento con perros" Rotwailer.

Al respecto, remarcaron "el uso del aislamiento como castigo que excede la sanción disciplinaria, y sanciones disciplinarias sin justificación, ni respaldo documental". Las personas, agregaron, "pasan numerosos días sin acceder a un patio, con lo cual, el régimen penitenciario muta a régimen de castigo con clausura".

Asimismo, puntualizaron que llamó su atención "la delegación de funciones públicas en detenidos", como las tareas de limpieza e incluso "la ubicación de los detenidos recién llegados a cada pabellón, ello por decisión del personal penitenciario a cargo de la unidad carcelaria".

Privados de salud, alimentación y justicia

En las inspecciones, los fiscales constataron problemas estructurales en el sector de Sanidad, pero también graves falencias en la atención por parte de los profesionales. De hecho, en el habeas corpus  señalaron a la jueza que el acceso de las personas detenidas al sistema de salud intramuros de esa unidad siempre está mediado por agentes penitenciarios "sin perjuicio de expresar que las más graves irregularidades y negligencias que se observaron en el área de sanidad se advertían de plena responsabilidad de los profesionales médicos y enfermeros que se desempeñan en el área, lo cual resulta doblemente grave, ya que se priva de atención de salud, se perjudica la escasa posibilidad de cualquier resguardo a la salud de las personas detenidas toda vez que se trata de un lugar infecto e inmundo".

"Los profesionales de la salud, médicos, psicólogos o psiquiatras, no recorren los pabellones y celdas de la Unidad, por lo que la atención de la salud esta mediada por lo que se conoce como 'seguridad', que sin eufemismos se trata de la interferencia de la posibilidad del castigo por privación de atención en la salud sin más habilitación que la decisión de cualquier agente penitenciario, ya que es éste quien decide si deriva o no al detenido desde la celda a sanidad y también dispone el momento en que lo hace", describieron.

En ese sentido, solicitaron la intervención de ese sector y que se disponga "el recorrido diario de los profesionales de la salud por todos los pabellones de la Unidad, a fin de relevar las necesidades de asistencia de toda la población detenida y realizar todo aquello tendiente al cuidado de la salud de cada una de las personas encerradas en la unidad carcelaria". Los fiscales recordaron que recientemente denunciaron falsedades en los registros de atención médica del penal, dado que dos profesionales figuraban trabajando cuando, en realidad, no estaban presentes.

En la extenso escrito presentado ante la jueza Calcinelli, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación también remarcaron la necesidad de desinfectar y fumigar el área de Sanidad y sugirieron que se encomiende al Ministerio de Salud bonaerense que realice la tarea con la misma periodicidad que implementa en los centros de salud no penitenciarios.

"La profusión de moscas, cucarachas y chinches de cama son una constante en cada uno de los lugares de la Unidad", aseguraron en el habeas corpus, y precisaron "la presencia centenares de estos insectos al levantar cada uno de los colchones". "Ningún magistrado, magistrada ni funcionario o funcionaria que compone el Poder Judicial aceptaría convivir con esas alimañas debajo de sus almohadas ni en los recipientes en los cuales se prepara su comida", añadieron.

Por otro lado, los fiscales indicaron que "la carencia de alimentación adecuada y suficiente fue ostensible en las inspecciones realizadas", lo cual fue constatado en "las marcas en los cuerpos de los detenidos" que "prácticamente sin excepciones" presentan "adelgazamiento ostensible, y las afectaciones visibles que ello origina, como así también las casi unánimes referencias a que uno de los castigos que se aplican en esa cárcel pasa por la generación de hambre en las personas encerradas, mediante supresión del suministro de alimentos o su escases nutricional".

Los fiscales también requieron que "se disponga el cese inmediato la detención de los niños y niñas que se encuentran detenidos junto a sus madres", para quienes asimismo solicitaron atención médica integral y específica. "Condiciones mínimas de humanidad y el interés superior del niño hacen urgente que en caso que sea inevitable que permanezcan detenidos, las condiciones de detención sean acordes a la vulnerabilidad especial que poseen", indicaron en el habeas corpus.

En el corolario de la presentación, los representantes del Ministerio Público pusieron de relieve que "gran parte" de todo lo que ocurre en el penal "se relaciona con las dificultades de acceso o negación de justicia hacia las personas detenidas". "La distancia con la sede de los magistrados de los que dependen, la imposibilidad de comunicarse telefónicamente, las escasas visitas de los fiscales, jueces y defensores a la Unidad para mantener entrevistas confidenciales y profundas con los detenidos, son factores que tornan ilusorio este derecho", remarcaron.