La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca hizo lugar hoy al recurso de queja interpuesto por los fiscales Horacio Azzolín y Héctor Andrés Heim y ordenó el secuestro y peritaje de elementos de prueba que podrían permitir la reconstrucción de lo ocurrido a Facundo Astudillo Castro en los momentos previos a su desparición el 30 de abril pasado. Además, autorizó un allanamiento que los fiscales consideran relevante para el levantamiento de rastros y la obtención de otros elementos.

La resolución, firmada por los camaristas Pablo Larriera y Leandro Picado, revocó la decisión de la jueza federal María Gabriela Marrón, quien había denegado esas medidas propuestas por la fiscalía e incluso el recurso de apelación que los fiscales habían interpuesto contra tal decisión. Por tales razones, la fiscalía llegó a esa instancia por la vía del recurso de queja.

El pedido de Azzolín y Heim -titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente- había sido formulado a la jueza el 1° de octubre pasado tras el surgimiento de elementos que llevaban a la necesidad de ralizar nuevas medidas probatorias para el esclarecimiento de la desaparición forzada seguida de muerte de la víctima.

En virtud de la naturaleza del delito investigado, esas medidas ahora autorizadas por la Cámara están dirigidas a la obtención de prueba técnica que, en resumidas cuentas, permita localizar en tiempo y espacio a los principales actores que formaron parte del trayecto que efectuó Astudillo Castro el día en que se lo vio por última vez con vida. Según sostuvieron los titulares de la acción pública, la prueba valorada permitía afirmar que existen ciertas irregularidades en el accionar de funcionarios pertenecientes a la policía bonaerense, que a la vez involucraba a distintas dependencias de los partidos de Villarino y de Bahía Blanca, que debían ser despejadas para poder proseguir con la instrucción.

Sin embargo, la titular a cargo del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca acogió parcialmente la teoría del caso seguida por los fiscales federales. La magistrada de grado disintió en cuanto al valor asignado a las pruebas invocadas y se amparó principalmente en la autopsia realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense. En esa línea, la magistrada requirió a los titulares del Ministerio Público Fiscal la obtención de elementos probatorios adicionales que permitan avalar la hipótesis perseguida.

Las medidas ahora autorizadas por la Cámara están dirigidas a la obtención de prueba técnica que permita localizar en tiempo y espacio a los principales actores que formaron parte del trayecto que efectuó Astudillo Castro.

Ese pronunciamiento fue recurrido por los fiscales Heim y Azzolín, al entender que la resolución constituía una extralimitación en las atribuciones judiciales e impedía continuar con la investigación de ciertas aristas que se habían presentado durante la instrucción.

En definitiva, los fiscales apoyaron su postura en los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino para investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, estipuladas en los tratados con jerarquía constitucional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otras.

Aún así, la representante del Juzgado Federal N°2 comprendió que el recurso de apelación intentado resultaba improcedente, al no tratarse de una resolución que causare un gravamen irreparable para la parte acusadora y no encontrarse previsto este remedio procesal para las diligencias probatorias. En tales condiciones, rechazó el recurso de apelación.

Frente a esta situación, Azzolín y Heim interpusieron una queja ante el superior jerárquico inmediato. En su presentación, entendieron que la resolución que rechazó las diligencias probatorias resultaba recurrible porque causaba el gravamen irreparable requerido por la norma, impidiendo que se prosiga con la investigación del delito de desaparición forzada seguida de muerte. El 11 de noviembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal admitiendo la queja, en idénticos términos a los señalados por los recurrentes, y en la jornada de hoy resolvió en favor de realizar dos de las principales medidas de prueba impulsadas por el MPF.

En cuanto a las pruebas admitidas, el camarista Picado -con la adhesión de Larriera- sostuvo: “Si bien coincido con la jueza de grado en tanto que, a fin de reconstruir qué le ocurrió a Facundo, la pericia realizada por el Equipo del Cuerpo Médico Forense sobre los restos óseos de Facundo deberá ser complementada, en su caso, con otra prueba (que de hecho se está produciendo en el devenir de la investigación), no deben soslayarse los interrogantes enunciados por los Fiscales que, motivadamente, los llevan a no descartar, de momento, su hipótesis delictiva”.

El caso volverá ahora al Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca. La resolución de la Cámara llegó el mismo día en que los fiscales pidieron el apartamiento de la investigación de la magistrada a cargo, al considerar que existen sospechas fundadas acerca de que ha perdido su imparcialidad.