La Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) denunció al subcomisario de la seccional 2da de San Telmo, Guillermo Colucchi, y al personal de la Policía Federal a su cargo por la violencia física, la detención arbitraria y la xenofobia ejercidas en el marco de un procedimiento que culminó con un abogado de derechos humanos y con dos militantes sociales detenidos en la madrugada del 21 de septiembre pasado.

Aquella madrugada el abogado del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, Dante Leguizamón, una militante defensora de los derechos de género y otro defensor de los derechos campesinos –los tres, ciudadanos paraguayos- fueron golpeados, insultados y demorados durante varias horas.

La situación fue especialmente grave no sólo por la violencia y la arbitrariedad desplegada por parte de los funcionarios policiales, sino porque tuvo entre las víctimas a defensores de derechos humanos, que fueron sometidos a las mismas vulneraciones cuando intentaron cumplir con su tarea. Tanto a nivel interamericano como de las Naciones Unidas existen ámbitos que velan por la actividad de quienes defienden los derechos humanos, lo que demuestra la sensibilidad que tiene un caso de violencia institucional dirigido contra quienes realizan este trabajo.

El abogado y la militante fueron detenidos alrededor de la 1.00 en la misma comisaría cuando intentaban averiguar por la detención de su compañero, quien previamente había sido golpeado en la vía pública por policías federales.

El sumario policial al que accedieron los funcionarios de la Procuvin indicaba que la persona que fue detenida luego de sufrir una paliza por personal policial en inmediaciones de la Plaza Dorrego del barrio de San Telmo estaba acusada de “lesiones y resistencia a la autoridad”. El abogado y la militante, en tanto, fueron demorados por “resistencia a la autoridad”.

Cuando fue detenido y golpeado junto a su compañera en la comisaría, Leguizamón se había identificado como abogado defensor y solicitado los datos básicos para poder ejercer su representación. En lugar de brindárselos, fue aprehendido por policías mientras lo descalificaban por su nacionalidad de origen.

La Procuvin arribó a la seccional cerca de las 5.30 para garantizar la integridad de las tres víctimas. En primera instancia llegó al lugar la prosecretaria del organismo, Ana Laura López. Luego arribó el titular de la Procuraduría, Abel Córdoba, quien fue recibido por el subcomisario Colucchi, a cargo de la dependencia, y quien más tarde fue sindicado por los detenidos como el principal protagonista de las dos aprehensiones acontecidas en la comisaría.

Violencia y arbitrariedad

En entrevistas a solas con los integrantes de la Procuvin en la comisaría, las víctimas contaron que luego de un supuesto conflicto fugaz entre dos personas en un bar, uno de ellos fue interceptado en la Plaza Dorrego por dos policías que comenzaron a golpearlo con patadas, puños, empujones e insultos, en forma reiterada y sostenida, y que luego lo empujaron hacia una zona oscura del barrio.

La violencia se extendió, incluso, hacia los transeúntes que intentaban calmar la situación. En ese contexto arribaron al lugar otros tres móviles con mayor cantidad de personal policial, que terminaron por llevar detenida a la persona golpeada.

El cuadro se completó luego, cuando Leguizamón se presentó con una compañera en la comisaría para averiguar la situación del detenido y protestar frente al modo en que había ocurrido la aprehensión. En ese momento fueron detenidos por policías de la seccional y permanecieron incomunicados entre la 1.00 y las 5.30 de la mañana.

Luego de este período y bajo advertencia explícita por parte de Leguizamón de dejar constancia escrita en el sumario sobre la imposibilidad de efectuar una comunicación, fue habilitado un derecho que se les había denegado durante las horas anteriores, el de realizar una llamada telefónica, que finalmente fue realizada a la Procuvin.

El subcomisario Colucchi más tarde le informó al fiscal Córdoba que las personas no serían liberadas hasta tanto no se constate el domicilio, diligencia ordenada por el Juzgado Correccional N°13.

El resguardo

Teniendo en cuenta la situación de violencia constatada en las entrevistas personales y a las condiciones de detención de las que tomó vista, el fiscal solicitó al juzgado que dicte las órdenes y resguardos necesarios para garantizar la integridad física y los derechos de las personas, que continuaban bajo custodia de la misma fuerza que las agredió.

Luego de las gestiones telefónicas con el juzgado realizadas por el fiscal Córdoba desde la propia sede policial, donde permaneció en la expectativa de asegurar la pronta liberación y el resguardo físico de las personas detenidas, el representante del Ministerio Público esperó la finalización de los tramites de liberación.

Antes que culmine ese proceso, se hizo presente en la comisaría el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, a fin de mantener una entrevista informativa con el subcomisario Colucchi y de constatar la integridad física de los detenidos. Leguizamón es abogado de aquél organismo que representa Cañón.

El juzgado, en tanto, ordenó telefónicamente al personal de la misma comisaría iniciar actuaciones ante el juzgado criminal en turno por los apremios ilegales que funcionarios de esa misma dependencia habían infligido a las personas detenidas.

Sin embargo, esta diligencia no se cumplió y la denuncia debió ser finalmente radicada por la Procuvin, luego de tomar declaración testimonial a las tres víctimas. La denuncia fue presentada en el Juzgado de Instrucción Criminal N° 22 y en la Fiscalía N° 40, ambos en turno, dependencias donde se deberán investigar los hechos de violencia policial y las detenciones arbitrarias.