La Procuraduría contra la Violencia Institucional participará de la Mesa de Diálogo que elaborará un plan para dar solución a las condiciones que generan la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad en la Unidad Nº 9 de Neuquén, conocida como “Prisión Regional Sur” del Sistema Penitenciario Federal. La propuesta de reglamento para el funcionamiento de esa mesa fue remitida por los peticionantes de un habeas corpus colectivo en favor de los internos de aquél penal al juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva, quien deberá resolver su homologación antes de la puesta en práctica.

La creación de una mesa que elabore propuestas para hacer frente a la grave situación que afrontan los privados de la libertad fue decisión del propio Villanueva al hacer lugar a un habeas corpus interpuesto por los fiscales María Cristina Beute y Adrián García Lois, la defensoría oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación. La decisión luego fue ratificada por la Cámara Federal de General Roca, tras rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Servicio Penitenciario Federal.

El juez dispuso que la mesa estuviera integrada por las partes intervinientes y por el Centro de Estudios Legales y Sociales, en su carácter de "amigo del juez" -figura legal prevista para actores que intervienen en el proceso con el aporte de conocimientos-, y de otras organizaciones que deseen presentarse para "aportar conceptos y soluciones". La mesa será "un ámbito de discusión (donde) evalúen la elaboración de un plan que permita dar solución a la problemática vista en la presente acción" y "controlar" el cumplimiento de las medidas ordenadas en el proceso "mediante visitas al establecimiento carcelario".

En la mesa también intervendrán además representantes de la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal; de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, deberán participar de las reuniones de la Mesa el Ingeniero Marcelo González, Coordinador General del Área Seguridad e Higiene del Trabajo de la Dirección General de Sanidad de la Subsecretaria de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad de la Suprema Corte de Buenos Aires, y representantes de la División Bomberos de la Policía del Neuquén.

De acuerdo con el proyecto de intervención remitido al juez por los representantes de la Mesa de Dialogo, en ese ámbito se "evaluarán, debatirán, controlarán y —en su caso— consensuarán" los puntos principales de la sentencia del juez Villanueva que hizo lugar a la acción: el “plan edilicio de reforma integral”; “los medios necesarios para reducir la violencia institucional y de violencia entre internos”; “implementar un sistema de monitoreo eficaz en todas las áreas y dependencias donde permanezcan o transiten los internos”; “relocalizar al personal penitenciario que se encuentre con procesamiento firme por delitos contra la libertad individual; la presentación de un “protocolo con pautas que garanticen el control de calidad y cantidad de alimentación que actualmente reciben los internos alojados en la Prisión Regional del Sur (U.9); políticas para “dar cumplimiento estricto a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” de la ONU, de permitir el acceso al patio exterior de todos los internos allí alojados, por lo menos una hora diaria todos los días de la semana, salvo condiciones climáticas adversas”; medidas para “arbitrar los medios necesarios a través del Área de Salud, para dispensar a los internos la atención médica necesaria, de acuerdo con las historias clínicas obrantes en la institución, así como también proveer en tiempo y forma de la medicación e insumos según corresponda para cada caso”; y medidas para garantizar a los “internos en situación de Resguardo de Integridad Física –RIF-, Resguardo Diferenciado –RD- o Sancionados”. 

Está previsto que la Mesa funcione hasta el último día de este año y que se reúna al menos una vez por mes en el recinto de la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal "a los fines de garantizar —entre otras cosas— el acceso inmediato a toda información relativa a la unidad y las personas alojadas en ese establecimiento".

La situación de los detenidos

Antes de presentar el habeas corpus, los funcionarios pudieron constatar que los internos que requerían un régimen de resguardo de su integridad física sólo salían de las celdas entre diez minutos y una hora al día, y que debían utilizar ese tiempo para asearse, hablar por teléfono, limpiar su celda y lavar su ropa, entre otras actividades.

También acreditaron que las personas privadas de su libertad debían realizar sus necesidades fisiológicas dentro de la celda, en bolsas de plástico o en botellas que luego arrojaban por la ventana al patio.

Además, los internos recibían alimentación una o dos veces al día provista por algunos de sus pares y no eran regularmente atendidos por el médico, así como tampoco podían concurrir a trabajar ni a estudiar ni a recrearse.

En este marco, los funcionarios pudieron comprobar que todos los detenidos recibían un trato violento, tanto físico como psicológico, por parte del personal penitenciario, y que también padecían una atención médica y alimentación deficientes.

Todo esto ocurría en el contexto de severas deficiencias edilicias, tales como las dimensiones escasas de las celdas, la falta de ingreso de luz natural en algunos pabellones, las instalaciones sanitarias precarias y antiguas, en pésimas condiciones de higiene, y la ausencia de un sistema adecuado de lucha contra incendios.