El fiscal ad hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) Claudio Pandolfi y la titular de la Defensoría Oficial n° 2 de Lomas de Zamora Gabriela Maceda interpusieron una medida cautelar para que se ejecute una sentencia previa que había dispuesto modificaciones “urgentes” en el sistema alimentario del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional n°1 de esa jurisdicción, a cargo de Alberto Santa Marina. Previamente, el magistrado había aceptado una apelación realizada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que afirma que hasta que no se llegue a una resolución definitiva, no se ejecute la sentencia que ordenaba cambios en el servicio alimentario de la población alojada en ese establecimiento penal.

La cautelar solicitada desde el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación reclama que se garantice “el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad", al tiempo que exige el cese de la situación acreditada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que registró comida contaminada en el complejo federal.

En el informe de la ANMAT se destacaba que en una inspección se encontraron “desechos de comida en espacios de la misma, presencias de insectos, acumulación de insumos incompatibles con alimentos, utilización de elementos inadecuados para la elaboración de alimentos, falta de higiene en el personal que trabaja en la misma, falta de capacitación.”

A raíz de esta situación, el Juzgado había dado lugar a un habeas corpus colectivo iniciado por un grupo de detenidos del penal y tras la actuación en conjunto de la Procuvin, la Defensoria Oficial Nro. 2, la Procuración Penitenciaria y la Comisión de Cárceles de DGN,  se solicitaron las mejoras. En el fallo se había considerado acreditado el agravamiento de las condiciones de detención en el establecimiento penitenciario tras el registro de alimentos contaminados con Escherichia Coli. Sin embargo, el SPF apeló la sentencia, lo cual implica la suspensión de la ejecución de la misma.

La ANMAT detectó durante una inspección “desechos de comida en espacios de la misma, presencias de insectos, acumulación de insumos incompatibles con alimentos, utilización de elementos inadecuados para la elaboración de alimentos, falta de higiene en el personal que trabaja en la misma, falta de capacitación”.

En ese contexto, la nueva presentación solicita: el urgente acondicionamiento de la cocina central de la unidad, la implementación progresiva de las recomendaciones efectuadas por la ANMAT en su informe, el cumplimiento del “Protocolo de Manipulación y Control de Alimentos” y la regularización de totalidad de las dietas indicadas médica o judicialmente a las personas privadas de libertad allí alojadas.

El representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó la medida cautelar en la “gravedad y la urgencia” de la situación. Al mismo tiempo que destacó el “daño irreparable” que implica “la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación". Haciendo alusión a la posibilidad de cualquiera de las personas detenidas pueda verse afectada “por cualquiera de las enfermedades producidas en razón de la ingesta de alimentos contaminados”.

El representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó la medida cautelar en la “gravedad y la urgencia” de la situación, y destacó el “daño irreparable” que implica “la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación".

Antes de la suspensión de la sentencia, el juzgado había ordenado “al director del establecimiento la inmediata remodelación y acondicionamiento del mismo, debiendo implementarse a su vez cada una de las recomendaciones efectuadas por la ANMAT, en consonancia con los estándares alimenticios y de salud vigentes”. Además, se le exigía “el urgente acondicionamiento de la cocina central de la unidad, de manera que cumpla con los estándares de higiene y salubridad vigentes, debiendo finalizarse las obras en un término máximo de veinte 20 días”.