Tras una medida cautelar requerida por el fiscal ad hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) Claudio Pandolfi y la titular de la Defensoría Oficial n° 2 de Lomas de Zamora, Gabriela Maceda, el Juzgado Federal Criminal y Correccional n°1 de esa jurisdicción, a cargo de Alberto Santa Marina, ordenó que se ejecuten reformas “urgentes” en el sistema alimentario del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Hasta el momento la sentencia se encontraba suspendida por una apelación presentada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Sin embargo, el juzgado ordenó la realización de la reforma “sin perjuicio” de la apelación interpuesta previamente por el SPF.

El fallo establece el “estricto cumplimiento” de los puntos resolutorios II, III, IV y V de dicha sentencia. De esta forma, las autoridades del establecimiento deberán realizar el urgente acondicionamiento de la cocina central de la unidad, de manera que se cumpla con los estándares de higiene y salubridad vigentes. Además, se deberán regularizar las dietas indicadas para la población penal y reforzarse los sistemas de supervisión.

Por otro lado, la resolución del juez Santa Marina establece que se deberán cumplir, de forma estricta, el “Protocolo de Manipulación y Control de Alimentos, haciéndose entrega a la totalidad de la población penal de ese complejo, de las dos comidas diarias principales (almuerzo / cena) en calidad y cantidad suficientes y autorizadas de acuerdo al criterio de las nutricionistas de la unidad”. Al mismo tiempo, da indicaciones para un “control de la calidad de la materia prima utilizada; de los procedimientos de lavado de utensilios de cocina; de limpieza y desinfección de superficies”  y un cumplimiento “de las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”.

La cautelar solicitada desde el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación solicitaba que se garantice “el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad". Asimismo, se exigía que cese la situación acreditada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que había registrado comida contaminada en el complejo penitenciario.