14 de abril de 2024
14 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Allanamiento en la Brigada de Toxicomanía y la Seccional 9ª
Jujuy: secuestraron elementos que utilizaban policías para "armar" causas
Con la asistencia de la Procuvin, el fiscal Pablo Pelazzo intervino en una medida ordenada por el juez federal Fernando Poviña en una causa en la que se investiga a varios policías por fraguar procedimientos. Cocaína, marihuana, documentos, municiones y actas fueron hallados en las oficinas y en casilleros personales de los policías.

El fiscal federal subrogante de Jujuy, Pablo Pelazzo; la coordinadora del área de Violencia Policial de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Katia Troncoso Muñoz, y la funcionaria de esa repartición, María Laura Grigera, participaron el jueves 27 de noviembre del allanamiento dispuesto por el juez federal de Tucumán Fernando Poviña a la seccional 9ª y a la Brigada de Toxicomanía y Drogas Ilegales de la Policía de San Pedro de Jujuy, donde fueron secuestrados 40 gramos de cocaína, 150 gramos de marihuana y otros "elementos indiciarios de la comisión de una multiplicidad de delitos", guardados en los "casilleros personales de funcionarios policiales" de la brigada. La medida judicial, que se concretó con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , se llevó a cabo en una investigación abierta sobre un grupo policial que presuntamente fraguaba procedimientos, con la consecuente imputación de delitos a personas inocentes.

El allanamiento se extendió durante más de 12 horas y, entre otros hallazgos, los funcionarios dieron con "actuaciones prevencionales completas en las que las actas de procedimiento, la realización de tests orientativos, y los sobres de secuestros sólo contaban con las firmas de los presuntos infractores sin siquiera contar con testigos de procedimiento".

El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, dijo a Fiscales que este tipo de actividad ilegal por parte de la policía tiene directa relación con la violencia institucional. "La hipótesis de la investigación es que estas prácticas son el reaseguro de una mecánica ilícita constante", dijo el fiscal, haciendo alusión al uso de estos procedimientos fraguados por parte de la policía para el disciplinamiento de sus víctimas. "Esta intervención entre la Fiscalía de Jujuy y las procuradurías corta la impunidad de una práctica", ponderó Córdoba. En una fase previa a la formación de esta causa había actuado la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

La Procuvin informó que "en los casilleros personales de funcionarios policiales se hallaron elementos tales como más de 40 gramos de cocaína, y aproximadamente 150 gramos de marihuana, ambas sustancias fraccionadas, once teléfonos celulares, municiones sin inscripciones, documentos nacionales de identidad, pipas y picadores de marihuana, todos elementos indiciarios de la comisión de una multiplicidad de delitos asimilables al que motivó los allanamientos".

Además, durante el procedimiento fueron encontradas en las dependencias policiales "un alto número de elementos retenidos a personas –incluso motocicletas- que no se encontraban formalmente secuestrados, puestos a disposición de la justicia ni registrados o inventariados".

Como consecuencia del allanamiento, fueron imputados dos de los policías presentes por tenencia de estupefacientes y por usar drogas para facilitar o ejecutar otro delito, ambas tipologías reprimidas en la ley antidrogas número 23737. También, fueron imputados por abuso de autoridad.

La investigación sobre los policías de la seccional 9ª y de la Brigada se inició tras la absolución el 31 de octubre del año pasado de tres personas -familiares entre sí- que habían sido llevadas a juicio tras la realización de un procedimiento fraguado en un kiosco de San Pedro de Jujuy el 3 de agosto de 2012.

Durante el debate oral, el fiscal general Francisco Snopek, con la asistencia de la Procunar, desistió de la acusación. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy Santiago Díaz, Fátima Ruíz López y Daniel Morín no sólo absolvieron a una pareja y a un familiar, sino que ordenaron dejar las actuaciones a disposición de la Fiscalía para que se realicen las investigaciones sobre el rol de los efectivos de la Brigada, que estuvo a cargo de la investigación preliminar y el procedimiento por el que fue detenida y juzgada la familia.

Fue en el marco de esa investigación que el fiscal Pelazzo y el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, requirieron al juez federal tucumano Poviña, que subroga en Jujuy, el allanamiento de las dependencias policiales.

La bolsa en el cajón de las gaseosas

Durante el juicio oral a los tres familiares, celebrado el año pasado, se logró acreditar que la Brigada, junto con la infantería de la Unidad Regional N°2 de la policía provincial, realizó en la noche del 3 de agosto de 2012 un procedimiento en un kiosco de la ciudad de San Pedro, cercana a la capital jujeña, donde se encontraban varios jóvenes bebiendo cerveza en la puerta.

"Los muchachos fueron reducidos, arrojados al piso, golpeados y esposados. La novia del dueño del comercio, quien se encontraba atendiéndolo, fue sacada del comercio por un policía de civil, quien según diversos testimonios, arrojó una bolsa que traía consigo dentro de un cajón de gaseosas y sólo entonces ingresaron con testigos de procedimiento, ante quienes se produjo el 'hallazgo' de estupefacientes dentro de la bolsa que el policía ingresó al local", informó la Procuvin a Fiscales.

"Todos los jóvenes que se encontraban en la vereda del kiosco fueron detenidos y conducidos a la Comisaria N°9 de San Pedro de Jujuy, excepto uno de ellos que fue conducido a un baño, donde lo golpearon y amenazaron para que no denunciara el accionar policial, y para que el resto de los detenidos escucharan lo que le ocurría al otro joven y garantizarse de esa manera la impunidad", añadió la Procuraduría a cargo de Abel Córdoba.

Las tres personas detenidas en aquél procedimiento fraguado fueron encerradas con prisión preventiva e imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, proceso judicial tras el cual más de un año después de los hechos fueron absueltos.