"La CPM reconoce como un grave retroceso en la lucha contra la tortura y la violencia institucional, la denuncia penal realizada la semana pasada a pedido de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, Graciela Chayep, contra el Fiscal Abel Córdoba y su equipo de trabajo de la PROCUVIN", señaló el organismo en un comunicado, al tiempo que resaltó la política criminal implementada por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, para prevenir y reprimir hechos de violencia institucional.

El organismo presidido por Hugo Cañón y Adolfo Pérez Esquivel indicó que "esta acción penal y su consecuente instalación pública en los medios de comunicación, elude la cuestión de fondo, y pone en alarmante evidencia que el Gobierno de Córdoba avala la tortura, al ubicar cuestiones de tipo procedimental y jurisdiccional por encima de la probada existencia de camastros y cadenas destinados a infligir tortura a las personas detenidas en la unidad penitenciaria del barrio de San Martín".

En ese sentido, consideró que "la creación de la PROCUVIN constituye un paso fundamental, y que no puede permitirse, bajo ningún punto de vista, que su trabajo sea obstaculizado en ninguna de sus dimensiones: investigación, intervención y denuncia".

Y remarcó que "resulta indispensable avanzar en la implementación de la Ley 26827, promulgada en enero pasado, que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que habilitaría mejores condiciones para el monitoreo de los sistemas de encierro en todo el país".