La Corte Suprema de Justicia intimó al Servicio Penitenciario Federal a que garantice condiciones dignas de detención en la Unidad 28, ubicada en el Palacio de Tribunales. En la acordada N°43/16, hizo referencia a dos resoluciones que remitió la Procuraduría de Violencia Institucional en mayo de este año, en las que se detallaban los incumplimientos a diversas acordadas del máximo tribunal que limitaban el alojamiento nocturno en la Alcaidía.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz exhortaron al Servicio Penitenciario para que adopte medidas eficaces para evitar el pernocte en el Centro de Detención Judicial. También, le requirieron una “adecuada conservación y mantenimiento” de la Unidad y que tenga móviles para que los allí detenidos sean inmediatamente trasladados una vez que hayan cumplido con la actividad judicial para la que fueron convocados.

Las medidas fueron tomadas “en resguardo de la protección de la dignidad humana”. Para la Corte, que las condiciones dentro de la Unidad 28 no sean las adecuadas, “constituye una preocupación constante”.

Por otra parte, le requirieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que implemente “medidas concretas” dentro de su competencia para solucionar la situaciones de las unidades carcelarias, lo que impactaría directamente en el estado de la U-28. Además, convocó a los funcionarios de la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria de la Secretaria de Justicia a una mesa de diálogo para evaluar nuevas medidas que puedan contribuir a mejorar la situación carcelaria.

En la acordada, la Corte exhortó a los jueces con competencia penal en la Ciudad de Buenos Aires a que implementen el sistema de videoconferencias en las audiencias, siempre y cuando lo permita el acto procesal para el que fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales.  También, sugirió que los traslados “se limiten al máximo” y que sean para casos donde resulte “estrictamente indispensable” la presencia de los detenidos como también indicó que se restrinja el alojamiento nocturno. En esa misma línea, el máximo tribunal dispuso que la Subdirección de Seguridad intensifique las inspecciones dentro de la U-28 para que se le informe sobre las condiciones de detención, el tiempo de permanencia de los detenidos y el estado de conservación del lugar.

Intervención de la Procuvin

En marzo de este año, el juez de instrucción Omar Peralta resolvió, luego de un pedido de la Procuraduría de Violencia Institucional, el traslado de 12 personas alojadas en la Alcaidía de Tribunales porque superaban el tiempo que la Corte Suprema había fijado en una acordada.

La Procuvin le había presentado al magistrado del Juzgado Criminal de Instrucción N°7 un habeas corpus luego de una inspección sorpresiva en la Unidad 28. Allí, había detenidos que estaban desde hacía mas de dos días, lo que va en contra de lo dispuesto por la Corte. Durante ese procedimiento, la Procuraduría halló entre 25 y 30 personas que dormían en el piso sin colchón, permanecían hacinados y encerrados las 24 horas, con problemas de suministro de alimentos y había varias personas descompensadas por el sufrimiento padecido, 12 de ellos habían pernoctado entre 3 y 7 noches en el lugar.

En base a esto, a pedido de la Procuvin, el juez dispuso que se extrajeran testimonios y se remitieran a la Oficina de Sorteos de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Con motivo de otra inspección, de fecha 25 de abril, en la que se constató la misma situación, la Procuraduría obtuvo un pronunciamiento similar por parte del Juez a cargo del Juzgado Criminal de Instrucción N°10.

Estas intervenciones fueron resaltadas por el máximo tribunal en la acordada de esta semana.

Recientemente, tras una inspección realizada por Procuvin el pasado mes de octubre, se presentó una nueva acción de habeas corpus por la situación de sobrepoblación, pernocte, deficientes condiciones de salubridad y deficiente servicio médico, en la Unidad N°28, que recayó en el Juzgado Criminal de Instrucción N°22 a cargo de Guillermo Rongo. También, en esa ocasión, se formuló una nueva denuncia penal para deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos que por acción u omisión constituyeron el trato inhumano constatado en dicho lugar de detención.

Intervención de la Corte

En la Acordada 12 del año 2012 el Máximo Tribunal ya había dispuesto medidas similares a las que ordenó ahora así como en la 3/13 había solicitado al Consejo de la Magistratura que liberara las diversas dependencias que ocupaba la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que se rehabilite allí la ex Unidad 22.

Luego de una presentación en 2013 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, donde se hacía hincapié en que continuaba la práctica sistemática de alojamientos prolongados en la Alcaidía, se dictó la Acordada 33/13. Allí, se instó a que el Servicio Penitenciario Federal tomara medidas eficaces que evitaran el pernocte por más de una noche de los detenidos.

El 2 de mayo de 2016, la Procuvin le remitió a la Corte los dos fallos judiciales donde quedaba expuesto el incumplimiento del Servicio Penitenciario. Esto fue enviado al Ministerio de Justicia para se arbitren las medidas necesarias para superar la situación. Sin embargo, la Procuración Penitenciaria pudo constatar en agosto que aún había detenidos en situación de hacinamiento, que no había colchones suficientes y que escaseaba el alimento.