La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, indicó que los colectivos con mayores niveles de necesidades específicas, tales como las mujeres y disidencias y las personas jóvenes, son quienes más padecen el encarcelamiento preventivo. La conclusión forma parte del informe plurianual Prisión Preventiva en Argentina, caracterización de la población en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, elaborado por el Área de análisis e investigaciones interdisciplinarias de la fiscalía especializada en base a la información del período 2017-2021.

El documento estadístico tiene como objetivo difundir datos actualizados sobre la cantidad, distribución y evolución de la población penal alojada en cárceles federales focalizando en la privación de libertad sin condena firme, además de promover el acceso al conocimiento vinculado a su composición de acuerdo a variables socio-demográficas y relativas a las situaciones procesales.

Según detalló la PROCUVIN, los niveles de encarcelamiento preventivo entre mujeres y disidencias han superado siempre al promedio general. Mujeres y personas trans registraron en 2019, 2020 y 2021 un 63,40, 57,20 y 55%, respectivamente, en prisión preventiva respecto del total de personas que integran esos colectivos. A su vez, la Procuraduría estableció que 7 de cada 10 personas de la franja etaria de 18 a 21 años, alojada en establecimientos penitenciaros federales, cumple prisión preventiva.

El reporte contrasta las cifras actuales de población privada de su libertad con prisión preventiva con las registradas en años anteriores y su evolución en el transcurso del periodo analizado. De esta manera se expone que desde el 2017 al 2019 la cifra de población privada de su libertad total pasó de 11.874 a 14.016. En ese mismo periodo, la población de detenidos y detenidas sin condena acompañó un crecimiento de 6.772 a 7.803. En 2020 y 2021, la cifra de población total disminuyó hasta alcanzar 11.283, mientras que las personas detenidas y detenidas sin condena disminuyó a 5.408 en ese mismo periodo.

En este mismo sentido, el reporte indica que el decrecimiento de la cantidad de personas encarceladas fue producto principalmente de la emergencia sanitaria por Covid-19 y que su baja no impactó de manera homogénea, ya que en el caso de la población encarcelada preventivamente el descenso fue más pronunciado, acumulando una merma del 32% en los últimos dos años (2020 y 2021).

En relación a las cifras actuales, el informe señala que a julio del 2022 el 48% de la población encarcelada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal se encuentra sin condena firme. Esta cifra representa 5.429 personas privadas de su libertad sin condena firme sobre una población total de 11.295. En este sentido, el documento aclara que la cifra de personas detenidas sin condena firme mantiene cierta correspondencia con las variaciones de la población total.

El informe también puntualiza que el ámbito federal marcó los niveles más altos de encarcelamiento preventivo en cárceles federales (registró 51,30% en 2021, mientras que el porcentaje de las personas detenidas en estas dependencias en esa condición a disposición de autoridades judiciales provinciales fue de 49,10%). Desde 2019, la proporción de encarcelamiento sin condena firme descendió y se advirtieron leves subas en los fueros nacional y provinciales.

Metodología y fuentes

Los datos presentados en el informe tienen como fuente a los informes de Población Penal que PROCUVIN publica trimestralmente en su micrositio oficial, de público acceso, elaborados por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias. El insumo para la elaboración de estos informes son los recursos de información publicados por el Servicio Penitenciario Federal en el apartado “Estadísticas” de su sitio Web.

Las cifras publicadas en los reportes trimestrales corresponden a personas alojadas en unidades del Servicio Penitenciario Federal. Esto no constituye el universo total de personas detenidas a disposición de autoridades judiciales federales, dado que allí no se incluyen a detenidos y detenidas bajo jurisdicción federal y nacional alojadas en cárceles provinciales o institutos penales para personas menores de edad y/u otros dispositivos no penitenciarios.

La PROCUVIN advierte que, cuando el Servicio Penitenciario Federal publica la información respecto de la situación procesal de las personas detenidas, utiliza una variable dicotómica: procesado/a o condenado/a. Pero no especifica qué ocurre con aquellas personas sujetas a más de una causa y que pudieran mantener más de un estado procesal. Por otra parte, tampoco establece una definición de los criterios utilizados al momento de construir la categoría, sin detallar si quien es clasificado como condenado cuenta o no con sentencia firme.