28 de abril de 2024
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
28 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
En el marco del 8 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, informó que se han llevado adelante más de 300 inspecciones de monitoreo a espacios de encierro desde la creación de la fiscalía especializada en 2013. La cifra es parte del informe Inspecciones en instituciones de encierro.
El reporte sintetiza diez años de inspecciones a establecimientos que alojan a personas privadas de la libertad y sistematiza los datos obtenidos a partir del monitoreo de los establecimientos carcelarios. Según detalla el documento, la totalidad de las 304 inspecciones ha permitido monitorear lugares de acceso restringido y recoger de primera mano los testimonios de las personas privadas de la libertad.
El reporte detalla que la experiencia de la procuraduría ha permitido delimitar progresivamente el ámbito institucional de actuación y perfeccionar las modalidades de inspección. En efecto, a raíz de esa experiencia la PROCUVIN elaboró en 2020 una Guía de Monitoreo en espacios de detención, la cual condensa principios y prácticas para abordar de manera eficiente las inspecciones.
En relación a las modalidades de inspección a los establecimientos, el trabajo detalla que 229 correspondieron a monitoreo de condiciones de detención. Especifica que esta modalidad se enmarca en acciones programadas en las que se definen objetivos a priori, que permiten examinar diferentes aspectos del encierro. Añade que la información recogida en esta instancia permite identificar agravamientos en las condiciones de detención, que luego pueden ser saneados por medio de alguna medida correctiva, y que sirven para identificar hechos de violencia institucional que deben ser perseguidos penalmente.
Por otro lado, la Procuraduría detalla que 52 inspecciones tuvieron relación con cumplimientos de medidas judiciales y 23 correspondieron a la modalidad mixta, que combinaron inspecciones de monitoreo de condiciones de detención e inspecciones de cumplimiento de órdenes emanadas del Poder Judicial en un habeas corpus o una causa penal, a efectos de realizar audiencias testimoniales, órdenes de presentación y reconstrucciones de hechos, entre otras actuaciones pertinentes.
La PROCUVIN y la Comisión Provincial por la Memoria inspeccionaron la cárcel de Olmos, en La Plata, el 30 de junio de 2016. Foto: Claudia Conteris / Fiscales.gob.ar
El informe detalla las cifras de inspecciones en establecimientos pertenecientes a diversos niveles del ámbito nacional y provincial y que involucran a diversas fuerzas. El listado de las inspecciones clasificadas según los distintos ámbitos de inspección incluye:
Las entrevistas con las personas privadas de su libertad son la tarea central del monitoreo y se llevan a cabo luego de procurar un espacio propicio, con confidencialidad y con registros obtenidos a partir de la observación y la documentación.
El documento desarrolla una lista con la cantidad de inspecciones realizadas en cada establecimiento. El listado con mayoría de inspecciones es encabezado por el Complejo Penitenciario Federal (CPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Devoto, con 61 inspecciones, seguido por EL CPF I de Ezeiza, con 36. Le siguen el CPF II de Marcos Paz, con 29; el CPF IV de Ezeiza -establecimiento de mujeres-, con 22; y el CPF de jóvenes adultos, con 13.
De acuerdo con el trabajo, los años con mayor cantidad de inspecciones fueron 2016 (80), 2017 (43) y 2018 (39). En tanto, 2020 y 2021 fueron los años con menos inspecciones, con 4 en cada uno. En ese periodo, tras la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a raíz de la pandemia del COVID-19, se interrumpieron temporalmente estas medidas en establecimientos penitenciarios federales y se desarrollaron alternativas como la participación activa en las mesas de diálogo convocadas por la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de la intervención del SPF; la recepción de llamadas telefónicas por cobro revertido mediante las dos líneas telefónicas específicas que posee la PROCUVIN; y las denuncias recibidas a través del correo electrónico institucional.
En relación a la cantidad de inspecciones según el género de las personas alojadas, el reporte estadístico señala que el 78% fueron a población masculina, el 11% de las inspecciones a población femenina, el 10 % corresponden a inspecciones mixtas y el 1% a personas a trans. En este marco, destaca que la población alojada en dependencias del SPF es mayoritariamente masculina (93%) y que, considerando esta distribución, se atiende a este conjunto sin dejar de considerar mujeres y personas trans, debido a las particulares necesidades y requerimientos que puedan plantearse.
Entrevistas con personas privadas de la libertad durante un monitoreo a la cárcel federal de Marcos Paz el 7 de noviembre de 2014. Foto: Claudia Conteris / Fiscales.gob.ar
Alimentación, salud, condiciones detenciones y acceso a la justicia
El documento explica que los reclamos con mayor regularidad y transversales a todas las unidades visitadas corresponden a aspectos vinculados con alimentación, atención a la salud, condiciones de detención y acceso a la justicia y detalla las demandas según las poblaciones vulnerables: adultos mayores, mujeres con hijas/os, jóvenes adultas/os y personas transgénero.
En relación a la alimentación, explica que en la última década se ha detectado "de modo recurrente" que la provisión de alimentos es "insuficiente y de la mala calidad". Los reclamos relativos a las condiciones de vida se basan en el estado de los edificios, el mobiliario y la limpieza, entre otros aspectos.
Respecto a la salud, el trabajo sostiene que se registraron demoras para lograr la atención y obstáculos para el tratamiento de casos agudos y patologías crónicas, y su seguimiento. Por otra parte, refiere que el acceso a turnos o intervenciones extramuros presenta muchas dificultades para la coordinación y ejecución de los traslados.
En cuanto al acceso a la justicia, focaliza que son habituales los reclamos por la comunicación deficiente con los órganos judiciales y la falta de información sobre los casos en trámite, como también los problemas de demoras o incumplimiento de medidas ordenadas judicialmente; entre ellas, traslados, institutos del régimen de ejecución de la pena, requerimientos de informes.
229 inspecciones correspondieron a monitoreos de condiciones de detención. Esta modalidad se enmarca en acciones programadas en las que se definen objetivos a priori, que permiten examinar diferentes aspectos del encierro.
Metodología de las inspecciones
La PROCUVIN describe en su reporte que en la planificación previa de cada inspección se elabora un informe del lugar a controlar con el objetivo de puntualizar los aspectos específicos a relevar. Agrega que el desarrollo de la inspección se efectúa de forma sorpresiva previa disposición del titular de la oficina especializada. Explica que en ningún caso se anticipa a la institución a controlar sobre la inspección y que, al momento del ingreso y anoticiado el funcionario a cargo del establecimiento de la medida, se concurre en primera instancia –normalmente- a los espacios de alojamiento (pabellones y celdas), así como se accede a los espacios comunes y a todas las áreas que resulte necesario verificar.
El documento indica también que toda inspección se registra en actas y fotografías con la finalidad de documentar las condiciones de detención. Esas actas dan cuenta, por un lado, de las situaciones y condiciones generales constatadas y, por otro, reseñan cada entrevista confidencial mantenida por la comitiva con toda persona detenida que exprese una necesidad.
El mecanismo de inspección referenciado establece que, finalizada la medida y de haberse constatado circunstancias apremiantes para la población, se insta al cese de violaciones de derechos, se da intervención al fiscal de la jurisdicción en situaciones de afectación a derechos de la población carcelaria. En una última etapa pos-inspección, la fiscalía especializada define e impulsa las acciones judiciales y administrativas pertinentes. Asimismo, se traza un esquema de monitoreo periódico, a fin de realizar un seguimiento de lo relevado en cada inspección o los aspectos nuevos que surjan de ellas. Entre las acciones implementadas se incluyen denuncias, habeas corpus, presentación de informes y participación en mesas de trabajo con múltiples agencias estatales formadas a partir de acciones colectivas.
Según se detalla en el documento, el modo en que se realizan las inspecciones resulta clave para el relevamiento de las condiciones de detención y para acceder al conocimiento del modo de gobierno de las instituciones de encierro. En tal sentido, refiere que las entrevistas con las personas privadas de su libertad son la tarea central del monitoreo y se llevan a cabo luego de procurar un espacio propicio, con confidencialidad y con registros obtenidos a partir de la observación y la documentación.
