La Procuraduría contra la Violencia Institucional comenzó a participar de la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos, integrada por diferentes agencias estatales y organismos no gubernamentales para diagramar las políticas en ese ámbito en el marco del nuevo paradigma que supone la reciente reglamentación de la ley sobre la materia. "La tarea en conjunto con quienes integran la Mesa es prioritaria y tendrá como objetivos dimensionar la problemática y analizar conjuntamente estrategias de capacitación, y también el modo de incorporar enfoques conceptuales superadores de criterios que en ocasiones se ven plasmados en resoluciones judiciales o dictámenes", declaró a Fiscales el titular de la Procuvin, Abel Córdoba.

"Participamos en la mesa con una intención inicial de incorporar los puntos de vista de profesionales de otras áreas y conocer los avances ya realizados en temas de salud mental", aseguró el fiscal. En ese sentido, destacó que la intervención de la Procuraduría en este ámbito también apunta conocer "las evaluaciones de la Mesa Federal y sus perspectivas de trabajo luego de que fuera reglamentada la ley de salud mental".

"Se tratará de incorporar avances realizados para mejorar la respuesta en primer término del Ministerio Público Fiscal en cada caso, ante un colectivo de personas afectadas no sólo por sus padecimientos, sino también por la respuesta judicial que en la generalidad de los casos es funcional a la desatención y el confinamiento en instituciones donde las violaciones a los derechos humanos son estructurales, afectan de modo definitivo a las víctimas, con daños y tormentos previsibles que todavía hoy componen tácitamente la respuesta judicial a las personas con padecimientos mentales", indicó el fiscal.

Cordoba consideró que "el sistema judicial tiene que adoptar de inmediato una estrategia de actuación que adopte como componentes de la respuesta judicial herramientas y enfoques disciplinarios que superen el limitado enfoque jurídico, incapaz de dar adecuado tratamiento a una materia con una complejidad que no puede ser desconocida ni eludida, a riesgo de generar más daño en las personas con padecimientos en su salud mental".

El fiscal y Mara López Legaspi, del equipo de la Procuvin, se reunieron por primera vez la semana pasada con miembros de esa Mesa, que funciona desde hace tres años. Participaron del cónclave representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma, de la Defensoría General de la Nación y de la Asociación por los Derechos en Salud Mental.

El objetivo de la Mesa Federal es el impulso de políticas públicas en salud mental con perspectiva de derechos humanos. En efecto, es un espacio intersectorial  de trabajo que en los últimos tiempos ha propiciado la sanción del decreto reglamentario de la ley de salud mental, además de haber producido aportes en relación a algunos aspectos del proyecto de reforma al Código Civil.

La reunión a la que asistieron los representantes de la Procuvin fue la primera con posterioridad a la sanción del decreto, por lo que en ese encuentro se trazaron esquemas posibles de trabajo conjunto, a partir de la evaluación de aspectos considerados prioritarios, como la sistematización de datos y la conformación del Órgano de Revisión legalmente previsto.

Una de las inquietudes de quienes participan en la Mesa está centrada en instalar la temática de la salud mental y en visibilizar prácticas violatorias de derechos que están naturalizadas.

En este contexto, la Procuvin tendrá como prioridad intervenir y brindar asistencia en los casos de usuarios del sistema de salud mental que se encuentran judicializados, particularmente en hechos de tortura y malos tratos.

Los integrantes de la Mesa Federal de Salud Mental destacan que los usuarios del sistema están caracterizados por su condición de vulnerabilidad: se trata en su mayor parte de personas internadas contra su voluntad en lugares donde conviven con el personal encargado de su cuidado y alejados o con poco contacto con familiares y seres queridos.