En el día de ayer se realizaron 24 allanamientos dispuestos por la jueza Elizabeth Paisan, a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción n° 20, mediante los cuales se obtuvo documentación que reconstruye el circuito de adquisición, entrega y pago de los alimentos que se destinan al consumo de las personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

El megaoperativo  contó con la participación del secretario del juzgado actuante y quince representantes de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), entre quienes se encontraban los fiscales ad hoc Fernando Vallone, José Nebbia y Claudio Pandolfi, bajo la dirección del fiscal general Miguel Palazzani. La medida se ejecutó con el auxilio operativo de 80 miembros de la Policía Metropolitana y una comisión de especialistas en bromatología.

Se realizaron allanamientos de forma simultánea en los depósitos de alimentos, cámaras frigoríficas y oficinas administrativas del Complejo de Devoto, la Dirección Administrativa Central del Servicio Penitenciario Federal, el Ente de Cooperación Penitenciaria (ENCOPE) y las sedes de  los 13 proveedores de alimentos de ese establecimiento carcelario. Tras el operativo, la Procuvin y la Fiscalía actuante procederán al análisis de las pruebas obtenidas para desentrañar el alcance de la maniobra y los partícipes de la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y las consecuencias que esa maniobra, por el déficit alimentario que produce, a pesar del millonario presupuesto que es ejecutado por el Servicio Penitenciario Federal para solventar el derecho alimentario.

Los miembros de la Procuvin destacaron que “la investigación tiene como eje abordar de lleno una problemática histórica de las cárceles federales, delineando la matriz de las maniobras delictivas, que puede involucrar a funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal y proveedores de esa entidad, con el propósito final de erradicar la vulneración del derecho alimentario y de la dignidad de las personas privadas de libertad en establecimientos federales”.