07 de diciembre de 2022
07 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En el Salón Silvio Frondizi del Archivo Nacional de la Memoria
La Procuvin participó de una actividad organizada por la CIDH y la Secretaría de Derechos Humanos
Ante representantes de diferentes organismos del Estado y de la sociedad civil, la socióloga Ana Laura López presentó el “Informe sobre prisión preventiva en Argentina con foco en el ámbito federal y nacional” elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) participó este martes del conversatorio sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad titulado “Medidas dirigidas a la Reducción de la Prisión Preventiva en Argentina”, que fue organizado por la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

La actividad se desarrolló en el Salón Silvio Frondizi del Archivo Nacional de la Memoria y los anfitriones fueron el Comisionado Presidente y Relator sobre las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, James Cavallaro, y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. Participaron senadores, diputados, jueces, defensores y organizaciones de derechos humanos.

El objeto del conversatorio fue intercambiar información entre las autoridades y la sociedad civil sobre las buenas prácticas y desafíos en el establecimiento de las medidas que ha adoptado el Estado argentino para reducir el uso de la prisión preventiva, principalmente las realizadas con posterioridad a la emisión del Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, emitido por la CIDH el 30 de diciembre de 2013.

La actividad será fundamental para la elaboración del informe temático que actualmente prepara la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, y que tiene como objeto dar seguimiento a las recomendaciones relativas al uso limitado de la detención preventiva, y proporcionar estándares más detallados respecto a medidas específicas dirigidas a reducir la prisión preventiva de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos.

La licenciada Ana Laura López, coordinadora del Área de Registros y Bases de Datos de la Procuvin, presentó y expuso el “Informe sobre prisión preventiva en Argentina con foco en el ámbito federal y nacional”, que se puede descargar desde esta misma página, con datos históricos y actualizados a agosto de 2016.

El informe de la Procuvin señala que el 60,9 por ciento de las 10624 personas detenidas en establecimientos penitenciarios federales se encuentran sin condena firme.

El informe señala que el 60,9 por ciento de las 10624 personas detenidas en establecimientos penitenciarios federales se encuentran sin condena firme y que se mantuvo la tendencia creciente de la cantidad de personas encarceladas sin condena con una evolución anual del 2,9 por ciento. En efecto, indica el documento, en 2007 la población encarcelada preventivamente pasó del 45 al 56 por ciento y desde entonces nunca volvió a ubicarse por debajo del 50 por ciento.

Esta situación se ve agravada en los casos de las poblaciones femeninas, donde las personas encarceladas en forma preventiva llegan al 69,3 por ciento, y en la de jóvenes adultos, con un 78,8 por ciento.

Los desafíos en materia de prisión preventiva en el ámbito nacional y federal están marcados por el diseño de políticas que focalicen especialmente en los grupos más vulnerables (mujeres y jóvenes adultos), sobre quienes se utiliza el encarcelamiento preventivo en mayor proporción que lo registrado para los hombres adultos, según consta en los datos presentados en el informe de la Procuvin.

En la población femenina la prisión preventiva llega al 69,3 por ciento, y en la de jóvenes adultos al 78,8 por ciento.

A su vez, la Procuraduría especializada hizo hincapié en la necesidad de avanzar en un Registro Único de Detenidos en el ámbito nacional y federal, habida cuenta de los problemas de registro y consistencia de las personas y sus lugares de alojamiento, así como la ausencia de estadísticas exhaustivas y rigurosas. La Procuvin está trabajando junto a otros actores institucionales en la construcción de un proyecto de ley a tales fines.

Participantes

En el conversatorio participaron el defensor de casación bonaerense, Mario Coriolano; el secretario de casación penal de la Suprema Corte bonaerense, Agustín Lavalle; la representante de Procuvin, Ana Laura López; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el juez de la Cámara de Casación nacional Luis Niño; la directora de Derechos Humanos de la Corte mendocina, Milagros Noli; y los jueces bonaerenses Francisco Pons Vergés, Walter Saettone.

Del ámbito legislativo intervinieron la senadora bonaerense (FPV) Mónica Macha; la secretaria del bloque del FPV en la Cámara de Senadores bonaerense, Lara González Carvajal; y la asesora Tamara Maldonado y el asesor Pehuén Spíndola.

En tanto, como representantes de los poderes ejecutivos, participaron el subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan José Baric; el director Nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni; el asesor de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Fernando Galdor; el subsecretario nacional de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Maiques; la secretaria de la Dirección Contencioso Internacional de la Cancillería, Leila Medina; el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, y el asesor de ese organismo, Ariel Cejas; y el asesor de la Subsecretaría de Política Críminal de la Nación, Octavio Sillitti.

En tanto, por la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense participaron Ignacio Di Giano y Margarita Jarque.

Como representantes de organizaciones de la sociedad civil, intervinieron Daniela Carrara (Asociación por los Derechos Civiles), Ignacio De Casas (Centro Latinoamericano de Derechos Humanos de Mendoza), María Dinard y Paula Litvachky (Centro de Estudios Legales y Sociales), Lucas Lecour y Sergio Salinas (Asociación Xumek de Mendoza), Matías Pisarello (ANDHES de Tucumán) y Liliana Tojo (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional).