El pasado jueves integrantes de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), junto con funcionarios de la fiscalía federal de San Martín n° 4, inspeccionaron el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde se recorrieron los Pabellones 4 y 9 de la Unidad Residencial IV y se entrevistó a detenidos de los sectores de ingreso de la Unidad Residencial III de ese establecimiento. Como consecuencia de las irregularidades detectadas, se presentó un habeas corpus colectivo y una denuncia penal respecto a las autoridades del módulo III, junto a un planteo de medida cautelar sugiriendo la adopción de acciones urgentes para hacer cesar el delito denunciado.

Uno de los ejes de la inspección estuvo particularmente dirigido a las condiciones de detención de adultos mayores, teniendo en cuenta además de las garantías en su carácter de personas privadas de la libertad el ejercicio pleno de derechos consagrados en la Constitución Nacional y de los compromisos asumidos a raíz de la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores (Organización de Estados Americanos), que tuvo a la Argentina como primer adherente.

Esta perspectiva en Derechos Humanos permitió relevar en qué condiciones se garantiza el acceso a la salud integral de este colectivo, respecto del cual se debe asegurar un trato diferenciado.

Uno de los principales agravamientos en las condiciones de detención registrados fue la falta de acceso integral a la salud, expresado en las dificultades para obtener atención médica y acceso a tratamiento adecuados de parte de las personas allí alojadas que, dada su edad y las difíciles situaciones vida que suelen atravesar, padecen patologías crónicas en la mayoría de los casos. También fueron reiteradas las expresiones de parte de los detenidos con relación a la mala calidad y estado de conservación de los alimentos, así como escasez en las cantidades entregadas.

Por otro lado, quedó explicitada la insuficiente entrega de insumos para la higiene personal así como para la limpieza de los lugares comunes, debiendo adquirirlos por medio de la compra en la cantina del Complejo o bien a través de sus visitas.

Asimismo, durante el recorrido se tomó conocimiento acerca de la falta de entrega de frazadas, mantas, almohadas y sábanas para equipar sus camas y afrontar las bajas temperaturas. Por último, los entrevistados describieron que los procedimientos de requisa, que suceden de forma mensual, suelen estar teñidos de mucha violencia. Los detenidos son dejados en el patio vestidos apenas con su ropa interior durante aproximadamente una hora, hasta que el personal penitenciario revisa el pabellón. Luego de estos procedimientos, cuando reingresan encuentran sus escasas pertenencias rotas y desparramadas en el piso, pierden papeles con datos vitales como los teléfonos de sus familias o sus defensores, así como objetos escasos y valiosos en el encierro.

Como consecuencia de los agravamientos de las condiciones de detención detectados durante la inspección, el fiscal cotitular de la Procuvin, Félix Crous, junto al Fiscal ad hoc de esa procuraduría, Fernando Vallone, presentaron una acción de habeas corpus ante el Juzgado Federal n° 1 de Morón, a la que ya se le otorgó el pertinente trámite.

En cuanto al Modulo III de Ingreso

Durante la misma inspección, se ingresó al módulo n° 3 destinado a alojar a las personas que recién ingresan al establecimiento. Allí se realizaron entrevistas confidenciales con 40 personas de diferentes pabellones que ingresaron en los últimos 10 días al Complejo provenientes del primer lugar de detención.

Entre los principales agravamientos hallados a partir de esas entrevistas se encuentra las malas condiciones de mantenimiento de los pabellones 5 y 6, sitios del primer lugar de alojamiento a quienes ingresan al Complejo. Allí se constató el padecimiento causado a los detenidos en virtud de la ausencia de calefacción, intensificada por la presencia de ventanas rotas.

A eso se le suma el hecho de que las personas allí alojadas, además de no tener abrigo propio en virtud de su reciente ingreso, no reciben ropa de cama y colchones. Las víctimas también indicaron que desde su alojamiento en el lugar, no fueron asistidos por ningún médico de las heridas cortantes, traumatismos y otros problemas de salud que presentaban. Con respecto a la alimentación, todos coincidieron en que la comida que les es provista era escasa y de mala calidad.

Por último, se observó que no se respetan en estos lugares de alojamiento premisas básicas de organización de la vida en el encierro ya que se alojan en los mismos espacios personas que por primera vez están privadas de su libertad junto a otras que se encuentren detenidos desde hace largo tiempo, incluso individuos ya condenados. Así se promueven graves problemas de convivencia que ponen en riesgo a las personas más vulnerables, es decir, a quienes recién ingresan a la institución de encierro. Estas situaciones podrían ser evitadas con la correcta actividad técnica del personal penitenciario que disponga, el uso racional de los espacios y la distribución de las personas privadas de la libertad en ellos.

El escenario descripto dio cuenta del incumplimiento, por parte de los funcionarios penitenciarios a cargo del lugar, de una variada gama de normas vinculadas al trato digno que se le debe dispensar a una persona detenida. Por tal motivo, el fiscal cotitular de la PROCUVIN, Félix Crous, junto al Fiscal ad hoc de esa Procuraduría, Fernando Vallone, radicaron una denuncia penal en contra de las autoridades del módulo de ingreso por incumplimiento de deberes de funcionario público y vejaciones, junto con el planteo de una medida cautelar sugiriendo la adopción de medidas urgentes para hacer cesar el delito denunciado.