La jueza de Ejecución provincial bonarense N°2 de Alvear, Adriana Bianco, ordenó el 7 de marzo pasado la clausura del pabellón 8 de la Unidad Penal de Sierra Chica. La resolución vio la luz tras el trabajo coordinado de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que incluyó presentaciones en la justicia federal y local.
La CPM dio cuenta de que durante febrero interpuso numerosas acciones que se remitieron a la magistrada Bianco por su competencia jurisdiccional. Sin embargo, la resolución de la jueza se produjo tras la inspección que el 6 de marzo realizaron integrantes de ese organismo junto al titular de la Procuvin, Abel Córdoba, los funcionarios Roberto Cipriano García y Ana Laura López y el fiscal federal de Azul, Walter Romero.
Tanto las deplorables condiciones de alojamiento encontradas en la cárcel, la falta de alimentación, el escaso contacto con el exterior y aislamiento extremo, la deficiente atención médico psicológica, la violencia y la incertidumbre de los detenidos sobre los que ni siquiera se dictó la prisión preventiva, llevaron a una presentación firmada por los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que se sumó a las realizadas por la CPM.
Relevamiento en la cárcel
El examen de la prisión situada en la localidad bonaerense de Olavarría comenzó a las 10, cuando la comitiva fue recibida por el sub director de Seguridad del penal, prefecto Javier Cáceres. Luego se sumó su Director, prefecto Diego Belinchon.
La inspección se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos por la Procuvin, a fin de relevar la existencia de prácticas de tortura y/o malos tratos, condiciones de detención, régimen de vida, alimentación, atención de la salud, o cualquier situación que se releve como padecimiento y/o violación de derechos de las personas privadas de libertad.
En el acta consta que la “población carcelaria” es de 1.436 personas, de las cuales el 51% tiene penas y el 49% están procesadas. Los integrantes de la Comisión se dividieron en dos grupos: uno recorrió los pabellones 11 y 12, este último también denominado “SAC” (Separación del Área de Convivencia); el otro hizo lo propio en los pabellones 8 y 10 y concluyó en el área de sanidad.
“Aislamiento, falta de alimentación, escaso contacto con el exterior, desconocimiento absoluto de su destino de alojamiento y del estado de su causa, dan como resultado que los detenidos se encuentren en un notable estado de desvalimiento, físicamente deteriorados y emocionalmente devastados, con signos de abulia y angustia profunda, que pudieron constatarse en el marco de las entrevistas”, fue la descripción del clausurado pabellón 8. En cuanto a las condiciones edilicias e higiénicas, se relevaron cucarachas, ratas y todo tipo de insectos, filtraciones de agua y falta casi total de luz. En este pabellón, que funcionaba como Alcaidía, se alojaban detenidos recientes a quienes no se les había dictado la prisión preventiva: muchos de ellos de entre 18 y 19 años, primarios, algunos con delitos menores y otros que habrían sufrido arbitrariedad policial, como resistencia a la autoridad.
Los funcionarios del MPF recabaron que permanecen 4 o 5 días detenidos en las comisarías, y luego son llevados desde municipios del conurbano a Sierra Chica, lo que provoca un impacto simbólico grave en las personas. El Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria presentó, luego de la inspección compartida, 412 acciones urgentes por detenidos a disposición de la justicia provincial.
Presentaciones en la justicia federal
Tras la inspección, se presentaron un escrito ante la justicia provincial solicitando la clausura del Pabellón 8 y dos habeas corpus individuales en el Juzgado Federal N°1 de Azul, debido a la gravedad de las condiciones de detención de dos hombres privados de su libertad en el penal: uno de ellos denunció que fue amenazado de muerte por agentes penitenciarios, mientras que otro acusó torturas y lesiones provocadas por personal de la unidad.
El juez Federal de Primera Instancia rechazó su competencia en base a que “los actos denunciados emanarían de autoridades provinciales, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense”. Las resoluciones fueron apeladas, pero la postura del magistrado fue compartida por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con la firma de los jueces Alejandro Osvaldo Tazza y Jorge Ferro. Sin embargo, los camaristas ordenaron en ambos casos “adoptar las medidas urgentes e inmediatas”, para su traslado, como así también las extracción de los testimonios relacionados a “los hechos contrarios a la libertad e integridad personal”, denunciados y su remisión a la justicia local para que se investiguen, de acuerdo a lo solicitado por el fiscal general ante el tribunal marplatense, Daniel Adler.
Desde la Procuvin señalaron que las presentaciones en la justicia federal se sustentan en que los delitos podrían provocar la responsabilidad internacional de la Argentina, ya que la situación de detención “es incompatible con los derechos y garantías previstas tanto en nuestra Constitución nacional (art. 18) como en Tratados Internacionales”, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. En uno de los recursos de habeas corpus el fiscal Romero graficó que “quienes inspeccionamos la Unidad 2, pudimos observar que -sin recurrir a eufemismo alguno- se trata de un lugar inadecuado incluso para un perro. Discúlpeseme la expresión pero causa indignación observar en el siglo XXI, el tratamiento que se les otorga a personas a quienes el estado debería proveer de elementos que permitan avanzar en un proceso de resocialización”.