28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La situación en el Complejo Penitenciario Federal del NOA, en Salta
Pidieron indagar a dos jefes penitenciarios por "crear el cuadro propicio" para las autolesiones
El fiscal federal salteño, Eduardo Villalba, imputó por violación de los deberes de funcionario público a dos directores del penal de Güemes por la sistematicidad con la que los detenidos se autoagreden, cosiéndose la boca o cortándose el cuerpo, en reclamo de sus derechos. La Procuvin había denunciado la situación.

El fiscal federal de Salta, Eduardo José Villalba, requirió la indagatoria del director del Complejo Penitenciario Federal III del Noroeste Argentino, prefecto Luis Mario Ptasnik, y del director a cargo del Instituto Federal de Varones de ese complejo, alcaide Pablo Matamala, por violación de los deberes de funcionario público al considerarlos responsables de la creación del "cuadro de situación propicio" para que personas encerradas en el penal se autolesionaran, infringiéndose cortes y cosiéndose la boca, entre otros episodios.

El requerimiento fue formulado en base a un estudio interdisciplinario realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) sobre la población de esa unidad penitenciaria de la localidad salteña de Güemes, donde la tasa de personas encerradas que se autolesionan es la más alta registrada, con 73 por ciento de reincidencia, es decir, de hombres y mujeres que más de una vez se cortaron a sí mismas, se cosieron la boca o cometieron algún acto contra su propia integridad para que atendieran sus reclamos, orientados en su mayoría a la necesidad de atención médica y al realojamiento en unidades cercanas a sus domicilios, ya que en muchos casos son detenidos con domicilio en la Capital Federal o en la Provincia de Buenos Aires y a quienes la distancia condena al destierro.

La imputación contra los directores es por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público "pues dentro de su ámbito de actuación tienen deberes institucionales que los colocan en una posición de garantes que incluyen dentro del campo propio los comportamientos de los agentes a su cargo". "El conjunto de las conductas que actúan como causas de las lesiones descriptas resulta imputable al Director del Complejo Penitenciario del NOA como así también al Director a cargo del Instituto Federal de Varones, en cuanto son los responsables y garantes de que dentro de la institución que presiden se respeten los derechos humanos de los internos, por parte del personal que se encuentra a su cargo", puntualizó el fiscal Villalba.

La presentación del representante del Ministerio Público reseñó que durante la segunda mitad de 2014 y principios de 2015 se produjeron 52 autolesiones por parte de internos en el Complejo Penitenciario del NOA y que otras 11 personas encerradas se lesionaron al efectuar diferentes tareas. La base de esas cifras son los reportes presentados por el propio Servicio Penitenciario Federal (SPF) a la Justicia Federal. Recordó, además, que -en base a la misma fuente- la Procuvin contabilizó 66 hechos de violencia dentro del Complejo desde enero hasta diciembre de 2013, entre los cuales 32 correspondieron a episodios de autoagresión. En tanto, durante el primer semestre de 2014, se registraron 60 hechos de violencia y los de autoagresión fueron 34.

"No sólo se corrobora una tendencia respecto de la ocurrencia de situaciones autolesivas en este Complejo sino que la misma se agrava, ya que la cantidad de hechos de autoagresión registrados en el período (enero-junio 2014) supera a los reportados para todo el año 2013", evaluó la fiscalía en base al crecimiento que revela la comparación de esos años.

Al referirse a las autolesiones, Villalba descartó que "se trate de hechos casuales" y señaló que esa repetición "conduce inevitablemente a preguntar si se crean de parte del Servicio Penitenciario un cuadro de situación propicio para ello que actúa como disparador de una situación que se sabe va a suceder". Al respecto, enumeró "muestras de la arbitrariedad y las modalidades de gobierno penitenciario" como "posibilitar el uso del teléfono en horarios en que no es posible hablar con la familia o con los defensores, regular la temperatura del agua con la que las personas se bañan, retrasar sistemáticamente la entrada de las visitas reduciendo el tiempo de encuentro de los detenidos con sus seres queridos o dejar vidrios rotos expuestos frente a quienes se han autolesionado".

La presentación de la fiscalía es parte de la estrategia del Ministerio Público para atacar el problema grave de las autolesiones. El impulso de la acción penal deviene de un proceso que incluyó la presentación del habeas corpus colectivo para que los detenidos oriundos de otras latitutes no se alojen allí. Antes, se inspeccionó el lugar y se recogieron testimonios y documentos y se produjo el informe que revela que estos hechos son parte de un escenario creado por la acción de los funcionarios penitenciarios.

"Cadena de sometimientos"

En el informe de la Procuvin, publicado por Fiscales a fin del año pasado, se dio cuenta del derrotero que deriva en las autoagresiones dentro de ese penal: "la lógica del gobierno carcelario impone que los derechos sean tramitados y gestionados como beneficios, los cuales son concretados (o no) atravesando una 'cadena de sometimientos' que comienza con las audiencias, sigue en las provocaciones y en la indiferencia de los penitenciarios, y que en este caso en particular culmina en las lesiones autoinflingidas. Este recorrido está atravesado por un marcado signo de discrecionalidad respecto de la posibilidad de satisfacer la necesidad".

Ante esos reclamos, precisa el informe, el personal penitenciario no sólo no dio respuesta sino que alentó las autolesiones o las banalizó, según se desprende de los testimonios confidenciales. Frases como “eso es un simulacro, cortate bien”, ”seguite cortando, cortate el cuello” o “cortate el cogote, así no nos molestás más” fueron las respuestas que recibieron quienes se infligieron lesiones, según las entrevistas confidenciales que mantuvieron con los profesionales de la Procuvin.

"Los testimonios evidencian tanto la acción explícita de incitar al corte como la omisión de toda acción preventiva por parte del personal penitenciario. Frente a la declaración manifiesta de la intención de cortarse, no existe en ninguno de los testimonios, mención alguna que refleje la intención de parte de las autoridades de evitar la acción autolesiva", remarca la Procuvin. En ese sentido, el informe pone de relieve que "la sensación recurrente en los testimonios es la bronca o la impotencia por la imposibilidad de ser escuchado. Los cortes son reacciones provocadas por la negación de la tramitación de las necesidades de parte de los responsables de darles curso efectivo a los reclamos".

"Psicópatas", según el SPF

Antes de que la Procuvin produjera su informe, el propio Complejo Penitenciario dio su versión a la justicia federal salteña sobre los hechos reiterados. Los profesionales de la salud del penal elaboraron una respuesta que concluye que "en la mayoría de los casos de autolesiones, se evidencia como modalidad de requerimiento de alguna demanda manifiesta en búsqueda de un beneficio secundario que no hacen a un cuadro psiquiátrico de urgente intervención sino que responde a rasgos psicopáticos para satisfacer una demanda en la inmediatez con un inadecuado manejo de ansiedades y bajo control de los impulsos".

Los médicos penitenciarios de diferentes especialidades relativizaron las autolesiones al punto de señalar que los cortes son "perpendiculares de poca profundidad en los antebrazos" y que "no comprometen tendones ni tejido óseo", al tiempo que refirieron que "existen casos excepcionales de internos que se han cosido la boca pero de manera que les permitía hablar y efectuar sus tareas normalmente".

También, sostuvieron que en esa unidad "se alojan internos por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes", "siendo característico de ellos el deseo de hacer mucho dinero con poco esfuerzo y una incorporación precaria de los valores sociales", diferentes de los detenidos por delitos de robo o secuestro, quienes "para lograr sus objetivos es característico el uso de la manipulación" por lo que "las autolesiones son un medio para obtener lo que desean".

Por eso, los profesionales del complejo explicaron que "los 24 internos que se autolesionaron tienen un diagnóstico de trastorno disocial de la personalidad (...) o una personalidad marcada con rasgos psicopáticos, por lo que son una minoría diferenciable de la población del penal". Además, aclararon que "10 internos tienen antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas y que es conducta típica de esa población reducir su tensión o ansiedad autolesionándose" y señaló que "los casos restantes actúan por imitación aunque es probable que también actúen por ansiedad".

"Falta grosera", indicó la Procuvin

La Procuvin fustigó esa evaluación médica. Basado en el relevamiento de los profesionales de medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social, sociología y abogacia que trabajan a cargo del fiscal general Abel Córdoba, el informe de la Procuvin critica "la escasez de hipótesis diagnósticas" de los psicólogos y psiquiatras del penal, y "la falta grosera a los requerimientos normativos contenidos en la Ley Nacional de Salud Mental", que se evidencia en las historias clínicas de las personas detenidas por la ausencia de "registros de entrevistas en profundidad que permitirían un correcto proceso diagnóstico", entre otros aspectos.

En relación con la evaluación psiquiátrica y psicológica, el informe subraya que "se afirma insistentemente" la relación de las autolesiones "con la manipulación o lo que llaman la búsqueda de 'beneficios secundarios'". Este concepto forma parte de la teoría del psiquismo y en los registros de los profesionales penitenciarios se confunde con la expresión "obtener beneficios", del habla cotidiana y no profesional, señaló la Procuvin. De tal forma, explicó, "su utilización prejuiciosa permite ubicar a la persona que lastima su cuerpo como depositaria de toda la responsabilidad por su padecimiento sin consideración alguna de la influencia determinante del entorno en la producción de estos hechos".

Por eso, el informe de la Procuvin evalúa que "la utilización del concepto teórico de beneficio secundario asimilado al habla cotidiana en un escrito técnico como el elaborado desde el CPF III devela un modo de concebir el saber disciplinar de la psicología, la psiquiatría y la criminología como funcional a la lógica de segregación y estigmatización que aquí venimos señalando".