23 de septiembre de 2020
23 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A ocho años del incendio que terminó con la vida de 33 personas detenidas
Procuvin constató graves violaciones a los derechos de los detenidos en Magdalena
El procedimiento fue realizado con la Comisión por la Memoria en las unidades 28 y 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde en 2005 murieron 33 personas en un incendio. Entrevistaron a unos 40 detenidos y encontraron hacinamiento, problemas de infraestructura y jóvenes golpeados y en mal estado físico.

La Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) inspeccionó junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) las unidades Nº28 y N°35 del Servicio Penitenciario Bonaerense, situadas en la localidad de Magdalena, al sur de La Plata, donde hace ocho años murieron 33 jóvenes detenidos durante el incendio de una parte del establecimiento. 

Este hecho, conocido como la Masacre de Magdalena, se produjo cuando los detenidos fueron encerrados en un Pabellón en llamas. Las mangueras de prevención de incendio no funcionaron y los matafuegos tenían sus cargas vencidas.

La inspección, realizada este martes, estuvo a cargo de una veintena de integrantes de la CPM y fue encabazada por su copresidente, Hugo Cañón, y por el titular de la PROCUVIN, Abel Córdoba, quien fue acompañado por el coordinador del área de Encierro de esa Procuraduría, Roberto Cipriano García, la secretaria Ana Laura López y Paula Mallimaci y María Luz Damone.

Durante la inspección, ambos organismos entrevistaron de forma conjunta a unos cuarenta detenidos alojados en uno de los pabellones para sancionados. "Hemos encontrado condiciones inhumanas de detención, con personas castigadas que pasan meses sin salir al patio, con jóvenes en muy mal estado físico, con cicatrices huellas de golpes y sin la aplicación de un adecuado tratamiento penitenciario", declaró Córdoba a Fiscales.

Cipriano García, en tanto, refirió que “la Unidad 28 sintetiza el profundo desprecio por la vida que se refleja en cada lugar de encierro de nuestro país" y añadió que "a la violencia institucional estructural y las condiciones registradas, se suma que en el pabellón inspeccionado los matafuegos tenían sus cargas vencidas y estaba vacía la gaveta donde debía colocarse la manguera para prevenir incendios.  Si ocurriera un hecho similar ocho años después, las consecuencias serían las mismas”.

Los funcionarios constataron el hacinamiento de los detenidos. El penal cuenta con una población de 1050 personas pero tiene capacidad para 840.

La zona del incendio permanece tal cual como quedó tras el siniestro y desocupada. El resto del penal, en tanto, tiene serios problemas de infraestructura, con -por ejemplo- sanitarios tapados y rebalsados. En un comunicado dado a conocer el martes por la tarde, la Comisión por la Memoria enumeró el cuadro: "hacinamiento, extrema violencia, carencia de vidrios en las ventanas, agujeros en las paredes (“pulmones”), letrinas tapadas, falta de acceso a actividades educativas y recreativas, iluminación natural y artificial escasa, doble puerta de ingreso siendo una de ellas totalmente hermética. Todo ello sumado al aislamiento absoluto, el encierro total y a la escasa superficie de las celdas del pabellón N° 5 y del SAC".

Un manual de monitoreo

La inspección al penal de Magdalena coincidió no sólo con el octavo aniversario de la masacre que terminó con la vida de 33 personas detenidas sino con el décimo de la creación del Comité contra la Tortura de la CPM, uno de cuyos impulsores fue Cipriano, hoy en la PROCUVIN.

Después de la inspección, la CPM realizó una conferencia de prensa y -junto a la PROCUVIN- presentó el primer manual de monitoreo de lugares de privación de libertad, realizado a partir del trabajo de inspecciones de lugares de encierro que viene llevando a cabo el Comité contra la Tortura de esa Comisión en establecimientos de la provincia de Buenos Aires.

"Este manual de monitoreo es el resultado de un riguroso trabajo de campo llevado a cabo por el equipo del Comité contra la Tortura de la CPM. Su presencia regular y sistemática en los lugares de encierro, la permanencia durante muchas horas, las entrevistas personalizadas, los registros y el procesamiento de datos dan cuenta de un trabajo colectivo que permite visibilizar lo peor del sistema a la vez que incidir en las políticas públicas", indicó la CPM a través de su página web.