La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que encabeza Andrés Heim, realizó un informe sobre la atención telefónica a personas privadas de libertad en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio por el virus COVID-19, en el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 31 de mayo. El relevamiento arroja que se gestionaron 116 casos, iniciados a partir de una demanda o solicitud de personas privadas de su libertad, recibidas en las dos líneas de la procuraduría especializada.

El documento consigna se registró un promedio de 28 casos por semana, y que, de los 116 casos, 110 corresponden a personas alojadas en dependencias penitenciarias dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), siendo el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y la Unidad Penitenciaria N°6 de Rawson, los establecimientos que más reclamos registraron. Asimismo, del total de casos, sólo cuatro contactos fueron efectuados por mujeres.

También, el informe detalla la cantidad de casos según tipo de demanda manifestada por el detenida/o, de los cuales 46 se vincularon con gestiones de contacto con órganos judiciales, 37 con pedidos de atención médica y 6 a huelgas de hambre. Sólo hubo cuatro pedidos de arresto domiciliario y cuatro solicitudes de aplicación del protocolo de COVID-19, entre otras solicitudes y reclamos.