La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili, elaboró el informe Mujeres embarazadas, madres y niños/as en cárceles de Servicio Penitenciario Federal - Evolución 2014-2023, a partir del registro, sistematización y procesamiento de la información proveniente de los insumos estadísticos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El trabajo fue preparado por el área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de esa procuraduría. Tiene, entre otros objetivos, la difusión de datos actualizados sobre la cantidad, distribución y evolución de mujeres embarazadas, madres que conviven con sus hijos/as en establecimientos penales y de los niños y niñas que viven en contextos de encierro en cárceles federales con sus cuidadoras principales.

En efecto, la tarea está dirigida a la producción de información consistente sobre poblaciones particularmente vulnerables, que sirva de sustento para iniciar líneas de investigación orientadas a profundizar en la situación de esas personas.

El trabajo señala que, en la década analizada, los años 2014 y 2017 registraron la mayor cantidad de mujeres embarazadas y mujeres con hijos/as y niños/as en cárceles del SPF. En 2014, hubo 43 madres con hijos, 47 niños y 22 mujeres embarazadas. En tanto, en 2017 las cifras fueron de 43 niños/as, 39 madres con hijos y 19 mujeres embarazadas.

Sostiene al respecto que el mayor volumen de población de mujeres en establecimientos en el SPF fue registrado en 2017, 2018 y 2019, con 955, 1135 y 1089, respectivamente.

El documento indica que, en términos relativos, tanto la población de mujeres embarazadas como la de mujeres que conviven con hijos/as en prisión muestra una proporción decreciente a lo largo del periodo histórico abordado dentro del conjunto total de población de mujeres encarceladas. Esta tendencia se refleja en los siguientes datos: del total de mujeres presas en 2014 en cárceles federales, el 5,8% convivía con alguno/a de sus hijos/as, mientras que a septiembre de 2023 esa proporción bajó a 1,1%.

El reporte informa que los valores más bajos de esta variable coincidieron con el contexto de pandemia de COVID-19. Añade que se puede observar que ha vuelto a aumentar en los últimos dos años, aunque se mantiene en niveles bajos si se toma toda la serie.

El informe detalla consideraciones, criterios y recomendaciones de organismos internacionales, de referencia y marco ineludible en relación al tema de estudio.

En este sentido, la PROCUVIN advierte que el Estudio global sobre niños privados de libertad de la ONU – 2020 resaltó que en los casos de actuaciones procesales y penales que afectan a cuidadores principales de niños y niñas de corta edad, por lo general madres, es esencial garantizar el reconocimiento de esos niños y niñas como titulares de derechos.

El estudio citado también indicó que, cuando la privación de libertad de las madres pueda implicar la privación de libertad de facto de un niño o niña, los estados deberían aplicar el principio del interés superior del niño en todas las decisiones.

En tal sentido, la PROCUVIN recuerda que el informe de la ONU expresó que, si el encarcelamiento es inevitable, deberán adoptarse medidas apropiadas para el cuidado de niños y niñas que ingresan en establecimientos penitenciarios junto a sus madres y brindar instalaciones y servicios adecuados a su edad con el fin de proteger y promover sus derechos.

Metodología

La información de población penal presentada en este reporte es producto de la sistematización y análisis de los datos publicados por el SPF correspondientes al período 2014-2023. La PROCUVIN refiere que entre 2014 y 2017 el SPF remitía partes semanales, pero que a partir de entonces la información utilizada es descargada desde el portal web institucional y no se cuenta con el dato referido al rango etario de los/as niños/as que viven en prisión junto a sus madres. Los datos relevados se cotejan con los publicados mensualmente por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los datos expuestos sobre las poblaciones objeto del trabajo corresponden a la última semana de cada año, excepto respecto del año en curso, para cuyo análisis se tomaron los registros de la última semana de cada mes, incluyendo septiembre (mes de cierre del informe). La PROCUVIN refiere que esta decisión busca representar el último dato del período observado, independientemente de sus movimientos previos, siempre teniendo en cuenta que la población detenida presenta variaciones diarias.