El fiscal federal de Salta Eduardo Villalba, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad hoc de ese organismo, Fernando Vallone, presentaron el viernes un habeas corpus para que se ordene el cese de "prácticas vejatorias", como inspecciones íntimas o desnudar a los niños, en ocasión de las visitas a sus familiares detenidos en el Complejo Penitenciario Federal del Noroeste. "Es un tratamiento que configura una pena accesoria, que no deben soportar", señalaron los representantes del Ministerio Público.

El escrito fue entregado ante le juez federal Miguel Medina y es consecuencia de las denuncias formuladas por las personas privadas de la libertad a los miembros del Ministerio Público Fiscal que llevaron a cabo una inspección de ese penal el 8 y 9 de octubre pasados, cuando entrevistaron a más de 100 internos e internas.

En base a los testimonios de los reclusos, los fiscales enumeraron los malos tratos que reciben sus familiares: demora en la realización de los controles para ingresar; quita del tiempo efectivo en la realización de las visitas (gente que viaja el doble del tiempo del que tiene para tomar contacto con su ser querido); "excesivo rigor formal" para admitir el ingreso de determinados familiares; tratos degradantes y humillantes durante la requisa previa a la visita: manifestaron que "sus mujeres son abiertas de cantos y sus hijos pequeños desnudados para verificar si ingresan algo prohibido" y que frente a esa situación "prefieren que no los vengan a visitar para resguardar a sus allegados de tales prácticas y malos tratos", y prácticas arbitrarias, como la prohibición de ingresar alimentos que se venden en la cantina o entregarlos a los guardias como parte de un "peaje" para ingresar.

"El derecho a la visita, mecanismo fundamental en el proceso de reinserción social de la persona en situación de encierro aparece desdibujado y se convierte por las prácticas abusivas del SPF en un instrumento de control autoritario de la población carcelaria", indicaron Villalba, Palzzani y Vallone en el habeas corpus.

En el mismo sentido, subrayaron que "con este tipo de controles violatorios de la dignidad humana se configura una omisión estatal de actuar como garante de las obligaciones asumidas para hacer efectivo el contacto de las personas privadas de su libertad con sus familiares".

Los representantes del Ministerio Público recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en 1996 contra la Argentina por la práctica de controles vaginales a las mujeres en la requisa previo al ingreso de la visita en los penales. Y remarcaron que, de no tener recepción favorable el habeas corpus, recurrirán ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.