Con el asesoramiento de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), la fiscal federal de San Juan Ana Katya Troncoso Muñoz y el defensor público oficial Horacio Garcete interpusieron un habeas corpus en favor de Federico Elías Fernández Santa Lucía, un detenido a quien le propinaron una fuerte golpiza en el Departamento Central de la Policía de aquella capital, que derivó en la quebradura del peroné de su pierna derecha.

Fernández Santa Lucía se encontraba detenido en la dependencia policial porque tiempo antes había sido también golpeado en el penal de Chimbas, en esa provincia, por agentes penitenciarios.

En aquél episodio, ocurrido el 25 de junio pasado, un fuerte golpe en la cabeza le produjo pérdida de masa encefálica, y debido a la falta de atención médica adecuada sufrió un cuadro de meningitis por infección cerebral a raíz de la contaminación que le causó la introducción en el cráneo de un elemento filoso, presuntamente oxidado. Como secuela de aquella agresión, tiene problemas en el habla.

Anoche, dos hombres se presentaron en el domicilio del padre de la víctima, Federico Fernández Gizzi, y lo hirieron con un disparo en una pierna. Las dos personas le advirtieron que era por la denuncia de los hechos que había padecido su hijo.

En el habeas corpus, la fiscal y el defensor solicitaron al juez federal Leopoldo Rago Gallo que Fernández Santa Lucía, de 29 años, fuera trasladado a un ámbito del servicio de salud de la provincia donde pudiera recibir la medicación pertinente y los cuidados que sus dolencias requieren.

El interno tiene graves problemas de salud como consecuencia de las dos terribles golpizas que sufriera estando detenido, primero bajo tutela del Servicio Penitenciario sanjuanino y luego a cargo de la Policía provincial.

El último episodio ocurrió el 31 de octubre, a las 11 de la noche, cuando -según se denunció- dos efectivos policiales vestidos de civil ingresaron a su calabozo y lo golpearon y patearon hasta fracturarle el peroné derecho, a la altura del tobillo.

El habeas corpus de la fiscal y el defensor fue interpuesto el jueves pasado. El viernes, el juez Rago Gallo se declaró incompetente y elevó la causa a la Cámara Federal de Mendoza, que debe resolver.

La vida en peligro

Federico Cecilio Fernández Gizzi, el padre de Fernández Santa Lucía, declaró en la Defensoría Pública Oficial que el 31 de octubre fue a dejarle la comida a su hijo al Departamento de Policía, donde se encontraba detenido, y que los policías le devolvieron la vianda y no le expresaron los motivos.

El padre del detenido agregó que, cuando se iba, un policía que estaba en la puerta le dijo que su hijo estaba en el Hospital Rawson porque se había caído y quebrado una pierna.

Entonces Fernández Gizzi relató que fue al sector de urgencias de ese hospital y que la empleada de la mesa de entradas le dijo que no tenían el informe médico con las razones del ingreso de Federico porque el personal policial que lo había trasladado a ese hospital se lo había llevado.

Posteriormente, declaró Fernández Gizzi, se le informó que su hijo estaba incomunicado pero ante su insistencia por verlo pudo llegar a la habitación donde estaba custodiado por dos efectivos de la policía, uno de los cuales se lamentó de la situación y dijo no tener nada que ver con lo sucedido, y le pidió por favor que no lo denunciase porque perdería su trabajo.

Luego de abrazar a su hijo y llorar juntos por la situación que había pasado, le refirió este policía que él había participado en el traslado. Y le dijo que su hijo se había quebrado el peroné de su pierna derecha, a la altura de la “canilla” y que el pie le había quedado colgando, y que le había causado tanta impresión que le había tomado una fotografía con su teléfono celular. Cuando le preguntó por las razones de la quebradura, insistió en la versión de que se había resbalado.

El papá del interno prosiguió narrando que al entrevistarse con el médico, este al principio no quiso brindarle informaciones o datos, por haber sido advertido por personal policial, pero que después le dijo que a su hijo debía colocársele una prótesis.

El medicó le contó que "la quebradura fue muy grave, que había recibido un puntapié con una bota por el modo en que se le había quebrado el hueso, que a raíz de la intervención quirúrgica a la que debía ser sometido le quedaría la pierna derecha más corta".

Además, el padre de la víctima sostuvo que su hijo le contó -con las dificultades en el habla por las secuelas de la anterior golpiza- que "si acusaba a alguno de los policías le quebrarían la otra pierna".

Fernández Gizzi aseguró que en lugar donde permanece detenido su hijo desde hace más de tres meses, "no se le da alimento" ni se le provee "ningún tipo de medicación ni atención médica clínica ni psiquiátrica", como había prescripto el médico Jorge E. Cliff, de la Defensoría General de la Nación, quien constató su estado de salud en dos ocasiones en la causa que se le sigue en la Justicia Federal.

Además manifestó que la jueza a cargo del Quinto Juzgado de Instrucción de la Provincia deja a su hijo librado a su suerte, y nada hace por él; y que “a su hijo Federico Elías lo quieren matar”.