El Juez Federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, dio lugar a un habeas corpus correctivo colectivo a favor de los internos alojados en el Pabellón 2 -de Régimen Especial- del Sector 4 del Complejo Penitenciario de Chimbas.

Como consecuencia de ello, el magistrado dispuso el traslado de todos los detenidos a espacios que cumplan las condiciones de habitabilidad previstas por la ley y decretos reglamentarios; la realización de una inspección ocular del espacio denunciado y poner en conocimiento de las medidas adoptadas a la Corte Suprema de Justicia de San Juan y al Tribunal Oral Federal.

El recurso había sido presentado por el Coordinador del Área de Encierro de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional, Roberto Cipriano García; la Fiscal Federal Katia Troncoso Muñoz, el Fiscal General Mateo Bermejo, el co-titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Nicolás Toselli, y el Defensor ad hoc Diego Giocoli.

En el monitoreo llevado a cabo en el Complejo Penitenciario Chimbas que originó el habeas corpus, se pudo constatar “flagrantes violaciones a los Derechos Humanos producto de las indignas condiciones de habitabilidad verificadas en dicha Unidad, las cuales agravan de una manera absolutamente ilegítima las condiciones de detención”.

Llegaron a la conclusión de que “las circunstancias derivadas del irregular trato carcelario, como así también pésimo estado estructural y de mantención del Pabellón 2 del Sector 4 no sólo configuran un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, sino que directamente constituyen elementos y circunstancias que ponen en riesgo la integridad física y psíquica de las personas allí alojadas”.

Condiciones de vida indignas

Según datos relevados por todos los participantes de la inspección, las personas alojadas en el Pabellón 2 permanecen las 24 horas del día encerradas en sus celdas, sin permiso para salir ni para utilizar el sanitario.

También comprobaron que durante el monitoreo -que duró tres horas- ninguna persona salió de sus celdas para usar el único sanitario que se encuentra ubicado en el Salón de Usos Múltiples del pabellón y que, según los internos, es el baño de las visitas.

En el recurso, dejaron constancia que “el 4 de diciembre había 50 personas alojadas en las 22 celdas que por su dimensión deberían ser individuales, pero que en la práctica están ocupadas por dos y hasta tres personas, lo que determina de que dos de ellas duerman encimadas en el piso y otra sobre el catre”.

Y agregaron que “eso está agravado por el hecho de que el suelo se encuentra inundado y con restos de materia fecal y otra suciedad proveniente del hueco de la cañería de desagüe cloacal. Además, informaron que “sólo dos celdas tienen inodoro y lavabo, en tanto que las 20 restantes no poseen artefactos sanitarios, por lo que los allí alojados deben hacer sus necesidades fisiológicas directamente en el hueco del desagüe cloacal, y frente a los demás convivientes”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa pudieron advertir el olor nauseabundo que emanaba de esos huecos en prácticamente la totalidad de las celdas, y señalaron que, “sumado al encierro constante, se transforma en un elemento más de la crueldad de trato que se describe”. Por otra parte, advirtieron que “los internos no reciben elementos de higiene personal ni tampoco elementos de limpieza; y que la carencia de sanitarios hace que frecuentemente existan restos de orina y materia fecal en el suelo de las celdas.

Al conversar con los internos, estos les dijeron que “son sacados a tomar una ducha una vez por semana, que no se les brinda atención médica; y que reciben escasísimo alimento, una única vez al día, y que generalmente consiste en un recipiente con leche diluida y maicena; y algún trozo de pan que deben comer con sus manos porque no son provistos de cubiertos, ni siquiera de plástico".

“Las condiciones de alojamiento denunciadas violan no solo la dignidad de los internos y el derecho de los mismos a no afectar su integridad física, sino que directamente contradicen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas”, sostuvieron los representantes del MPF y la Defensa en el escrito presentado ante el juez.