El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a cuatro policías provinciales acusados del homicidio de Luis Armando Espinoza y de la privación ilegítima de la libertad agravada de su hermano, Juan Antonio Espinoza. Por mayoría, los jueces también resolvieron sentenciar a penas de entre cinco y doce años a otros cinco oficiales, a quienes acusaron de haber participado en ambos hechos, así como en su encubrimiento posterior. En tanto, dos civiles resultaron absueltos. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, en su alegato había requerido las cuatro penas perpetuas finalmente impuestas y otras mensurables de entre 4 y 14 años de prisión. 

La sentencia fue dada a conocer ayer por la tarde por el tribunal compuesto por los jueces Enrique Lilljedahl, Carlos Jiménez Montilla y Jorge Abelardo Basbus. Este último votó en disidencia en la mayor parte de las decisiones a las que arribó el tribunal. En tanto, Juan Carlos Reynaga intervino en el proceso como cuarto juez. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 27 de abril a las 18.00.  

José Alberto Morales fue condenado a prisión perpetua tras ser hallado autor penalmente responsable de homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía. Por el mismo delito sus colegas Héctor Rubén Montenegro, Gerardo Esteban González Rojas y Claudio Alfredo Zelaya fueron condenados a la misma pena en carácter de partícipes necesarios. Todos fueron además sentenciados como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones, en concurso real. Por estos mismos delitos, la agente Mirian Rosalba González fue sentenciada a doce años de prisión como partícipe secundaria. 

Por su parte, Víctor Manuel Salinas recibió una pena de siete años de prisión como coautor de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones, y como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave y ser funcionario público. Por último, Carlos Lisandro Romano, José María Paz y René Eduardo Ardiles recibieron penas de cinco años de prisión como coautores del delito de encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave y ser funcionarios públicos. Los civiles Héctor Villavicencio -para quien la fiscalía había requerido cuatro años de prisión- y Álvaro González fueron absueltos por el beneficio de la duda y falta de acusación, respectivamente. 

El tribunal dispuso además mantener las prisiones preventivas de los nueve condenados y ordenó el decomiso de todos los bienes secuestrados en la comisión de los delitos, entre los que se encuentran una motocicleta Honda, un automóvil Volkswagen Fox y una camioneta utilitaria Renault Kangoo. También hizo lugar al pedido de reparación integral con una suma indemnizatoria de 20 millones de pesos, distribuidos en 18 millones de pesos a los herederos de Luis Armando Espinoza y 2 millones de pesos a Juan Antonio Espinoza.

En el juicio, que inició el 24 de octubre pasado, se debatió la responsabilidad de los acusados en los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2020 cuando se encontraba vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia del virus COVID-19. Los policías de la Comisaría de Monteagudo ahora condenados habían acudido a la localidad de Melcho supuestamente a dispersar una carrera “cuadrera” de caballos, cuya existencia no pudo comprobarse. De acuerdo con la fiscalía, el operativo estuvo caracterizado por irregularidades, con participación de agentes vestidos de civil, en autos particulares y armados.

En la acusación se sostuvo que los efectivos ingresaron al pueblo haciendo disparos y, luego de una serie de persecuciones, al menos cuatro de ellos efectuaron disparos letales. Una bala ingresó por la espalda de Luis Armando Espinoza y le quitó la vida. Su cuerpo apareció siete días después en la zona conocida como “Banderita”, en la provincia de Catamarca, a metros del límite con Tucumán, en un barranco donde había sido arrojado por los cuatro acusados principales. 

En la reconstrucción de los hechos, Camuña y Doz Costa detallaron que también se produjo la privación ilegítima de la libertad al hermano de la víctima, Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido llevada a cabo por los mismos policías sin fundamento alguno, violentamente, con vejaciones y en abuso de sus funciones. Por último, acusaron a los policías de llevar a cabo una serie de acciones y omisiones con el objetivo de borrar las huellas y rastros de sus delitos.