El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, dictaminó que las personas a las que se les dictó la prisión preventiva por delitos de competencia federal y, que se encuentran alojadas en dependencias de las policías provinciales, sean trasladadas a establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió así en el marco de los planteos presentados ante el Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, por la defensa de tres personas sometidas a proceso por infracción a la ley 23.737, de estupefacientes, y aquel presentado ante la justicia tucumana por la defensa de un hombre imputado por los delitos de intermediación financiera no autorizada, estafa, amenazas, lavado de activos, asociación ilícita -todos ellos en carácter de coautor- y como autor de coacción. Los dictámenes del fiscal fueron en línea con el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal del 27 de diciembre pasado y con la normativa internacional en la materia.

En tal sentido, Gómez recordó que la Regla 11 de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos – Reglas Nelson Mandela” establece que las personas “pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojadas en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles”.

Por ello, el fiscal general consideró -en el marco de las diversas presentaciones que llegaron a su conocimiento- que cuando el delito por el que una persona fuera detenida con prisión preventiva sea de competencia federal, la privación de su libertad debería llevarse a cabo en una institución federal.

En ese orden de ideas, indicó que, en los casos en que se encuentren alojadas en dependencias de las policías provinciales, deberán ser trasladados a establecimientos que dependan del Servicio Penitenciario Federal, a fin de asegurar “un respeto adecuado de los derechos fundamentales del detenido, ofreciendo condiciones de detención más acordes con las normativas federales aplicables”.

Habeas corpus

Por otra parte, la Cámara Federal de Tucumán -en línea con el dictamen del fiscal Gómez- hizo lugar a la acción de habeas corpus interpuesta en febrero pasado por la defensa de un hombre detenido en las instalaciones del Escuadrón N°55 de la Gendarmería Nacional por infracción a la ley de estupefacientes. En tal sentido, encomendó al juez que realice las diligencias necesarias para que trasladen al hombre a una unidad del Servicio Penitenciario Federal o de la provincia.

En su presentación, el denunciante indicó que se encontraba “en mala situación de detención, puesto que comparte la celda con cuatro personas (siendo que estaría habilitada para una sola), también que no permitirían a sus familiares el ingreso de comida, que tendría muchos obstáculos al momento de hacer o recibir llamadas, que le habrían sacado una radio que poseía en el lugar y que la comida sería mala”. También manifestó que cuando recibía visitas lo dejaban esposado.

Oportunamente, en la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley 23.098, del Procedimiento de Habeas Corpus, el representante de la Gendarmería Nacional señaló que “en relación a las esposas, es una cuestión orgánica y de seguridad de la unidad, respecto del agua a veces los familiares le dejan agua, la unidad no cuenta con las comodidades” y agregó desconocer qué ocurrió con la radio, aunque señaló que los reclusos contaban con “ciertas libertades, pero son limitadas por espacio físico y medidas de seguridad”.

A su turno, el fiscal general Gómez opinó que debía revocarse la decisión del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, hacer lugar al planteo de la defensa y disponer el traslado del interno a una Unidad Penal Federal, por aplicación de la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y la normativa internacional aplicable a la materia, dado que el hombre estaba detenido en una causa de competencia federal.

Al resolver la cuestión la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar a la acción de habeas corpus y encomendó al juez que realice las diligencias necesarias para que trasladen al hombre a una unidad del Servicio Penitenciario Federal o provincial.