El Salón Auditorio del Banco Nación reunió este lunes a jueces y fiscales federales en materia electoral de todo el país y a operadores del sistema electoral del Poder Ejecutivo, de partidos políticos, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y representantes de encuestadoras y consultoras en el marco de las jornadas sobre "Transparencia electoral, financiamiento de partidos políticos y prevención de lavado de activos", organizadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Durante el mediodía, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encabezó un almuerzo con magistrados y funcionarios en el Banco Provincia, contexto en el que destacó la relevancia de la discusión en materia de prevención que propició la jornada.

La actividad se inició durante la mañana y se extendió, con distintos paneles, durante toda el día. En la apertura, el fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, destacó el "excelente marco" que significa el actual contexto electoral para debatir sobre "la prevención y sanción de los ilícitos y el lavado de activos en la actividad política", elementos que "se relacionan con la promoción de la transparencia y con la regulación de las inversiones privadas al sistema de los partidos políticos", y que -indicó- resultan "un efectivo medio de garantizar la competencia electoral equitativa".

En efecto, la Cámara Nacional Electoral y la Procelac firmaron en marzo pasado un convenio de cooperación para prestarse asistencia en materia de prevención e investigación de delitos económicos vinculados al financiamiento de la actividad política.

Gonella -quien recordó que el año pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, excluyó a la Argentina de la lista gris de países con deficiencias en la investigación del lavado- además adelantó que la Procelac ha tomado conocimiento de reportes de operaciones sospechosas realizadas posiblemente con el objeto de financiar ilegalmente la actividad política.

En su exposición posterior, el fiscal explicó la manera en la que el Ministerio Público trabaja en conjunto con la UIF y detalló las plataformas de investigación patrimonial a nivel internacional de las que dispone la Procuraduría para recabar información de manera inmediata.

Para detallar esta manera de trabajo conjunto, Gonella citó el ejemplo en el que un banco reportó a una asociación civil cuyo tesorero había depositado en cuenta más de siete millones de pesos sin declarar. El fiscal explicó que se pudo comprobar que la organización era un partido político y que ese dinero se había utilizado para gastos de publicidad y difusión, pero no había señales del origen de esos fondos. “La sospecha de Procelac fue la violación de la normativa. Se vulneró la Ley de transparencia de Financiamiento, y si el ingreso no se puede corroborar ya hay motivos para sospechar. Eso ya justifica que la justicia investigue y avance”, señaló, en el marco de un panel que compartió junto al presidente de la UIF, José Sbatella.

Por su parte, el fiscal nacional electoral Jorge Di Lello puso de relieve durante la apertura que la "importancia que ha adquirido el tema del financiamiento", pues actores privados "han tratado de entrometerse para poder condicionar o comprometer a quienes recibieron sus aportes con los intereses de sus organizaciones o corporaciones". Más tarde, durante su exposición en un panel, sugirió "prepararnos para que el control tenga que ver más con la transparencia", pues remarcó: "Deberíamos lograr incidir en que se difunda de dónde viene el dinero y por qué ingresa a los partidos políticos".

La legitimidad de la oferta electoral

El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, se refirió a los esfuerzos realizados por ese cuerpo para avanzar en un mayor control, desde el fallo señero de marzo de 2002 en el caso que involucró al Partido Constitucionalista Nacional, por el que se encomendó al juez de primera instancia en lo electoral que exija al partido político un balance de sus finanzas y que, en el caso de que figuraran donaciones de sindicatos o fundaciones, exigiera que se informara cómo se habían obtenido esos fondos.

El magistrado también recordó que la Cámara debió dictar una serie de recomendaciones sobre la exposición contable y que desarrolló aplicativos para los partidos, al tiempo que adoptó las premisas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No obstante, advirtió: "Nosotros vamos a ir corriendo la frontera y quienes financian de modo avieso van a buscar recursos más sofisticados".

Por ese motivo, puntualizó, la Cámara se ha visto "obligada" a "acercarse a los órganos más especializados en la persecución de la criminalidad económica, como la Procelac, la UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)". "No es menor que estemos aquí con el fiscal Gonella encabezando la actividad", indicó el camarista.

"Nosotros nos debemos al ciudadano y debemos velar porque la oferta electoral que se le ofrece sea legítima", dijo Corcuera.

Su colega y vicepresidente de la Cámara, Alberto Dalla Via, abogó en el primer panel sobre "la necesidad de un mayor activismo" en la materia, sobre todo en lo que respecta a la "publicidad anticipada" al período electoral: "Cuando vamos de vacaciones a la costa en el verano vemos cómo se viola la ley y sentimos la impotencia de no tener caso [judicial]", ejemplificó el magistrado.

Dalla Via recordó, en el mismo sentido que Corcuera, las últimas acciones de ese cuerpo judicial destinadas a mejorar el control, entre ellas la Acordada Extraordinaria 85/14, por la cual se pidió colaboración a la AFIP, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) para la implementación de políticas de intercambio de información, se acordaron convenios con la UIF y la Procelac y se pidieron informes a las cámaras federales de todo el país y a los tribunales superiores de las provincias sobre procesos en que sean partes partidos políticos, sus apoderados, autoridades o candidatos.

A su turno, el director nacional electoral Alejandro Tullio se refirió a la ley sancionada en diciembre de 2009 (N°26571) en cuanto establece prohibiciones a la publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos. "Estoy de acuerdo con la prohibición de publicidad del Servicio de Comunicación Audiovisual de los últimos 25 días [antes de los comicios] y en que los espacios sean distribuidos por el estado pero no estoy de acuerdo con la limitación de actos de campaña y publicidad previa a los 25 días, que impide difundir ideas de los partidos políticos, obturando la acción política", precisó. "Estamos ante una inconsistencia legal: la política o es violencia o es comunicación", explicó para remarcar la importancia de garantizar el principio fundamental de la difusión de ideas en un sistema democrático.

La jornada contó con la intervención de distintos representantes del MPF, como los fiscales federales de Córdoba, Enrique Senestrari, y Santa Fe, Walter Rodríguez, ambos con competencia electoral; el fiscal ad hoc ante la Fiscalía Nacional Electoral, Hernán Mogni, y el coordinador del Área Técnica de la Procelac, Guillermo Bellingi. También, estuvieron presentes funcionarios del Poder Judicial, miembros del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, y representantes de Paradoxia Consultora y del Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El fiscal santafesino Rodríguez hizo hincapié en la existencia del nuevo Código Procesal Penal, y su implementación a partir del fallo "Sobisch", en el que la Cámara Nacional Electoral anuló una inhabilitación impuesta al ex gobernador de Neuquén. Rodríguez estableció comparaciones y similitudes entre los artículos del Código en vigencia y el nuevo, en los que se establece la posibilidad de que sea el Ministerio Público Fiscal quien realice la formalización de la investigación en el caso de financiamiento de partidos políticos.

Respecto de este mismo tema, el juez federal de Tucumán Daniel Bejas detalló que el fuero electoral “no está constituido sólo por jueces con competencia electoral, sino que es multifuero, y cubre el aspecto civil, previsional y de Derechos Humanos”. El magistrado también mencionó un fallo plenario de la Cámara Nacional Electoral para que se reconozcan todas las garantías de los acusados. Según Bejas, es ahí “donde debe mediar la intervención necesaria del Ministerio Público Fiscal como titular de la acción pública, con una descripción precisa de la conducta que se reprocha”.