“Para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de 'urgencia', dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa”. La denuncia presentada esta mañana por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski, no deja lugar a dudas: “Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones S.R.L.' por un monto total de $19,473,878,30” que nunca fueron otorgadas “a través del mecanismo de licitación pública”. Además, consideraron que Fernando Niembro y su socio Alberto Meza podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos, por lo que solicitaron que la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°23 sea remitida a la justicia federal.

El escrito detalla que Fernando Niembro y su socio Alberto Meza fueron beneficiarios de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las “operaciones impostergables” que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la Ciudad. Gonella y Khaski subrayaron que la realización de encuestas o el reparto de folletería “no pareciera” estar encuadrado en ese régimen excepcional que se “transformó en una suerte de regla inalterable”.

En concreto, los representantes del Ministerio Público imputaron al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; a las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reybaud, y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel. En tanto que consideraron que Niembro y Meza pusieron en circulación “esta suma millonaria” producto de actividades ilícitas. “Lo dicho precedentemente lleva a pensar no sólo en investigar a los denunciados por la presunta comisión del delito de lavado de activos sino a todos los actores de las diversas operaciones comerciales y su círculo íntimo, en la medida de la intervención que cupo a cada uno en los hechos investigados”, agregaron.

Los fiscales consideraron la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el que la Procelac coordina el trabajo e intercambia documentación de manera habitual. También, los fiscales señalaron que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes Benz y Audi.

La investigación preliminar que dio origen a la denuncia se inició el 2 de septiembre luego de la publicación de diversos artículos periodísticos que daban cuenta del “posible hecho de corrupción con trascendencia institucional”. Cinco días después, la legisladora de la Ciudad Gabriela Alegre entregó en la Procelac un escrito y documentación relacionada con el caso.

La Usina

Según la denuncia de la Procelac, La Usina fue constituida en mayo del año 2012 -”en una casi perfecta y exacta sincronía con la data en la que se le adjudicaron los primeros contratos por parte del GCBA”- por Atilio Alberto Meza y Fernando Juan Niembro. “No podemos soslayar que ambos poseen una amplia e incuestionable ligazón con el más alto funcionariado de la administración pública porteña, dada su condición de candidatos a diputados nacionales por el partido denominado PRO, fuerza partidaria que, como es público y notorio, se encuentra en pleno ejercicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, destacaron Gonella y Khaski.

Los fiscales agregaron: “Recapitulando, hasta aquí el estado de situación es el siguiente: que una determinada empresa resultó beneficiada a través de la adjudicación prima facie irregular de contratos gubernamentales en forma directa por un monto cercano a los 20 millones de pesos y además, al revisarse la integración de aquella sociedad, se observa que sus socios son actualmente candidatos a cargos electivos en representación de la misma fuerza política que ejerce el gobierno que les asignó los contratos cuestionados”.

Además, subrayaron que “la nómina de irregularidades no se agota allí”. Al respecto, según la información reunida por la Procelac, “la empresa de los candidatos Meza y Niembro (“La Usina) carecería de empleados a cargo, no posee página web (algo particularmente llamativo para los tiempos que corren y más aún teniendo en cuenta que se trataría de una empresa ligada al rubro publicitario, según describe su objeto social), y sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”.

Del listado de contrataciones entregado por la legisladora Alegre a la Procuraduría especializada, surgen detalles como “servicios de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes” para la Dirección General de Limpieza y “servicio de higiene urbana” para la misma dependencia.

Además, la diputada de la Ciudad aportó la “providencia” del 24 de enero de 2014, firmada por el subsecretario de Higiene Urbana, Mariano Daniel Campos, en “la que muy escuetamente se ofrecen fundamentos para justificar la 'urgencia' en la contratación de un 'servicio de encuesta' por los meses de enero, febrero y marzo de 2014”, “con un presupuesto oficial de $899,695,50”.

Deudores

En su denuncia, la Procelac destacó además que, tal como indica el artículo 96, inciso h de la ley 2095, La Usina “debió haber sido inhabilitada por el GCBA para recibir contrataciones por parte del sector público” porteño debido a una deuda tributaria por el Impuesto a los Ingresos Brutos ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) -que se encontraría en instancia de reclamo judicial, con una medida cautelar vigente-.