El fiscal subrogante Julio Darmandrail y el fiscal ad hoc Carlos Martínez alegarán esta mañana en el juicio por un millonario fraude fiscal que se le sigue en Mar del Plata a los empresarios Victorio Américo Gualtieri (60 años), Saverio Nicolás Gualtieri (62 años) y Hugo Alberto Barreña (67), presidente, vice y director de la ya quebrada firma Victorio Américo Gualtieri S.A. (VAG S.A.). Los representantes del MPF son asistidos en el debate por el coordinador del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Zoni.

Tras el alegato de la fiscalía, expondrá la querella, a cargo de representantes de la Adminstración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mientras que la semana próxima será el turno de las defensas.

Los tres empresarios están acusados de haber utilizado en tres casos el régimen de promoción para lograr diferimientos en el pago del IVA y Ganancias por 4,5 millones de pesos. En rigor, la imputación es por el delito de "obtención fraudulenta de beneficios fiscales", previsto en el artículo 4 de la ley 24769, que pena a quien "mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco".

Según la acusación fiscal, en los tres hechos que se juzgan los empresarios lograron diferir entre 1996 y 1998 montos de 346 mil, 3,4 millones y 800 mil pesos luego de invertir en empresas incluidas en los regímenes de promoción.

La maniobra consistió en derivar el dinero, que luego volvía a la empresa inversora por la vía de un préstamo. De esa forma, los fondos ingresaban a la firma promocionada e inmediatamente regresaban adonde habían salido, sin que la inversión fuera tal.

Los diferimientos impositivos permiten a las empresas o a las personas que los gestionen retrasar el pago de los tributos por determinados períodos, que pueden llegar a varios años y sin ningún tipo de interés. Se trata de beneficios dispuestos por ley para alentar inversiones en determinadas regiones del país alcanzadas por los regímenes de promoción.

Durante el debate oral y público, el Tribunal compuesto por los jueces Roberto Falcone (presidente) y Mario Portela y Néstor Parra, escuchó el testimonio de diez testigos, entre ellos empleados de AFIP a cargo de fiscalizaciones, peritos, abogados que tramitaron el concurso de la empresa VAG S.A., y apoderados de firmas vinculadas a los imputados. Los empresarios, en tanto, se negaron a prestar declaración durante el juicio.