Por pedido del Banco Central (BCRA), que según la ley Penal Cambiaria cuenta con facultades para instruir un expediente, el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania ordenó ayer tres allanamientos en firmas que presumiblemente operaban ilegalmente en el microcentro porteño. Durante los operativos, en los que participaron Gendarmería Nacional y el coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Néstor García Paradiso, se secuestró gran cantidad de documentación en distintos soportes, que será analizada por la autoridad monetaria y la fiscalía, con colaboración de la procuraduría especializada a cargo del fiscal general Carlos Gonella.

Los procedimientos realizados ayer en el microcentro porteño son una derivación de una pesquisa iniciada tras otros allanamientos concretados el 29 de octubre en las oficinas de las firmas Valores América Sociedad de Bolsa (Sarmiento 517) y en la sede de Cambio América (Sarmiento 501). Aquel día, el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procelac habían detectado severas irregularidades en la normativa antilavado, de acuerdo a los parámetros técnicos que reglamentó la Argentina para adecuarse a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los empleados del lugar intentaban bajar por las escaleras con mochilas, bolsos y bolsas de residuos con papeles y otros elementos de prueba. Además, los oficiales de justicia y la autoridad monetaria comprobaron la falta de documentación (escritura o contrato de alquiler) para justificar la posesión de los lugares. Además, hallaron una caja fuerte vacía y un escritorio con micrófono y dos papeles de tira con cuentas compatibles con cambio ilegal de divisas.

El arqueo de valores determinó que faltaban 160 mil dólares de los movimientos del día. Esa misma suma se encontró en las cajas de seguridad que la firma tenía en el Banco Meridian. En el Banco de Corrientes la firma tenía otra caja de seguridad pero no pudo ser abierta por "distintas excusas brindadas por las autoridades" de la entidad.

Esa serie de irregularidades permitió inferir la existencia de maniobras delictivas contra el orden económico financiero. Presumiblemente, las financieras atesoraban divisas no declaradas a la autoridad monetaria y las utilizaban para concretar operaciones en el mercado ilegal conocido vulgarmente como "Blue". Estas sospechas motivaron la presentación de una denuncia penal por parte de la UIF, que tramitó ante la Fiscalía Nº1 de Primera Instancia en lo Penal Económico, a cargo de Carolina Robiglio, quien, con la colaboración de la Procelac, inició una investigación.

Para el fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, “esta es una clara y exitosa muestra del esfuerzo conjunto de los organismos públicos reguladores de la actividad económica en materia bursátil y financiera (BCRA, UIF y CNV) con la unidad especializada a mi cargo. El camino que se ha emprendido para combatir la criminalidad financiera organizada es el adecuado, ya que la articulación entre los distintos segmentos públicos involucrados está demostrando que las tareas de coordinación mencionadas por la recomendación N°2 del GAFI, producen los resultados esperados".

Finalmente, el representante del Ministerio Público agregó que “de los controles administrativos ejecutados en el marco de las facultades de supervisión, se derivaron procedimientos judiciales que permitieron secuestrar numerosos elementos de prueba a través de los cuales se puede corroborar que hay sectores que están obteniendo enormes riquezas ilegalmente”.