Fiscales y jueces del fuero en lo Penal Económico coincidieron ayer en la necesidad de una reforma a la ley del Régimen Penal Cambiario para revertir los magros resultados que se registran en las investigaciones por infracciones a esa norma y que tienen como consecuencia la existencia de un mercado ilegal de divisas. El acuerdo fue el resultado de una reunión propuesta por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a través del fiscal del fuero, Emilio Guerberoff, quien se puso a la cabeza de las gestiones para lograr junto al juez Marcelo Aguinsky un encuentro que reunió a los siete fiscales de primera instancia, a uno de juicio, a los ocho jueces de primera instancia y al presidente de la Cámara, Marcos Gravibker.

"Agradecemos la iniciativa de la Procelac y su disposición a escucharnos. No recuerdo que altos niveles de la Procuración General de la Nación, por disposición de la procuradora General, se hayan acercado antes a dialogar con los representantes del fuero", destacó Gravibker al final del encuentro. La reunión estuvo signada por un intenso intercambio de opiniones, cuya conclusión fue -por distintas vías- la necesidad de una reforma a la ley sancionada en 1971.

El cónclave fue celebrado en el despacho de Aguinsky en el Juzgado en lo Penal Económico N°6. Durante dos horas, los fiscales y los jueces debatieron en torno a las dificultades que presenta la ley cambiaria, calificada de "vetusta" por el titular de la Procelac, Carlos Gonella. Esa ley es la que pone en cabeza y otorga discrecionalidad al Banco Central en la investigación del comercio ilegal de divisas.

"El dólar ilegal es vergonzoso"

Guerberoff, Gonella y el titular del área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, Pedro Biscay, abrieron, en ese orden, la discusión sobre los desafíos que se presentan actualmente en la materia con la existencia de un dólar ilegal.

El fiscal Guerberoff explicó que el Ministerio Público piensa impulsar una reforma legal que permita una mejor y más rápida respuesta frente al fenómeno. "La idea -dijo- es tener un consenso dentro del fuero". "Todos sabemos lo que cuesta llevar adelante un proyecto de esta índole y en el ínterin adoptar modalidades para evitar fracasos", señaló Guerberoff. "El dólar ilegal resulta vergonzoso y no le podemos dar la espalda a la sociedad", enfatizó.

El fiscal general Carlos Gonella añadió luego: "Hay sectores que se están enriqueciendo ilegalmente y otros que buscan impactar en el sistema democrático". El titular de la Procelac expuso que los mejores resultados en esta materia -que se miden en la incautación de dinero- se dieron en el último año y medio, cuando la Procuraduría a su cargo logró coordinar con autoridades del BCRA la intervención en algunos casos.

Gonella puso énfasis en la existencia de focos de corrupción que permiten el funcionamiento de ese sistema ilegal, y citó -entre otros hechos- la constatación de la presencia de personal de fuerzas de seguridad en la custodia de locales dedicados a la actividad. Los efectivos también fueron denunciados por la Procelac y están siendo investigados.

La exposición de los fiscales se centró en el vínculo de las infracciones cambiarias con delitos económicos, como el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada, nominación técnica para el otorgamiento de préstamos o el pago de intereses por el depósito de valores por fuera del sistema legal. "Le pedimos a la fuerza de seguridad con la que trabajamos el cumplimiento de estándares probatorios que nos permitan trazar hipótesis delicitivas", explicó.

Biscay, por su parte, aportó los números sobre la intervención del área a su cargo en 19 investigaciones que derivaron en igual cantidad de órdenes de allanamientos en unos 30 domicilios en total, con el apoyo de personal especializado de la Gendarmería Nacional y el BCRA. En sólo dos lugares, la medida dio resultado negativo. En todos los procedimientos lograron incautar entre 6 y 7 millones de pesos en diferentes monedas.

Once de esos operativos se concretaron en domicilios del microcentro, donde la experiencia demostró que el secuestro de dinero fue de menor escala respecto de los resultados a los que se arribaron en sedes clandestinas situadas en el interior del país o en zonas de la Capital Federal alejadas del núcleo del sistema financiero. "Es un mundo con fondeo más bajo, pero muy complejo", describió Biscay.

El funcionario de la Procelac explicó que todas las medidas fueron ordenadas por jueces que participaron de la reunión y que en ningún caso de los presentados hubo rechazo. Explicó que la intención es mutar hacia ese modo de intervención del Ministerio Público en los casos, porque -explicó- "comprobamos que la 'cueva' no sólo tiene que ver con el mercado ilegal de divisas, sino con intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero".

En ese sentido, aclaró: "Tratamos de cubrir estándares probatorios para que no existan dudas de la existencia del delito. El trabajo consiste en llevar a cabo investigaciones preliminares en base a datos que llegan al BCRA o propios. Se recaba prueba y, cuando reunimos suficiente material, pedimos allanamientos o escuchas telefónicas".

Biscay añadió que, en las pesquisas, se verificaron "grandes sumas que no encuentran justificación. Dinero escondido debajo de pisos de madera, por ejemplo. Y vemos lavado en el sentido del mercado informal, pero con derrotero hacia un mercado formal".

Gravibker, junto a los jueces de primera instancia Alejandro Catania, Ezequiel Verón de Estrada y Marcelo Meirovich fueron los principales interlocutores del Poder Judicial durante la reunión. Plantearon sus posiciones y coincidieron en la necesidad trabajar en un proyecto de ley que modifique la actual.

Catania fue enfático: "El camino es el cambio de la norma para tener mejores herramientas. Es una excelente medida cambiar la ley".

Gravibker destacó en varios pasajes que es la primera vez que se consulta a los jueces del fuero, que son "quienes deben aplicar la ley", qué opinan al respecto y celebró la iniciativa de los funcionarios de la Procuración General.

En el despacho del juez Aguinsky en el Juzgado en lo Penal Económico N°6 se reunieron, además del anfitrión y del presidente de la Cámara, los titulares de los juzgados en lo Penal Económico N°1, Verón de Estrada; N°2, Rafael Caputo; N°4, Catania; N°5, Jorge Brugo; N°7, Juan Galván Greenway; y N°8, Meirovich.

El Ministerio Público Fiscal, en tanto, estuvo representado los funcionarios de la Procelac y por los titulares de las fiscalías en lo Penal Económico N°1, Carolina Robiglio; N°2 y 3, Guerberoff; N°4, María Luz Rivas Diez; N°5, Miguel Schamun; N°6, María del Carmen Rogliano; N°7, Grabriela Ruiz Morales; N°8, Alicia Sustaita; y el fiscal de juicio, Marcelo Agüero Vera.