El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de Córdoba dio inició hoy al debate oral y público que tiene como imputados a cuatro ex altos magistrados por  incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en delitos de lesa humanidad –secuestros, homicidios, violaciones y tormentos, entre otros- de los que resultaron víctimas 75 presos y presas políticas que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial y la Unidad Penal 1 de la capital provincial. Entre los imputados se encuentran el ex secretario del Juzgado Federal n°1 de Córdoba, Carlos Otero Álvarez (luego ejerció como vocal de un tribunal oral federal); el ex defensor oficial Ricardo Haro (luego camarista federal); el ex titular del Juzgado Federal n°2, Miguel Ángel Puga, y el ex fiscla federal Antonio Sebastián Cornejo. El debate aborda por primera vez en esa jurisdicción la participación de funcionarios judiciales en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Tal como estaba previsto, durante la audiencia de hoy, que comenzó a las 9.30 horas y se extendió hasta pasadas las 16 horas en la sala ubicada en el Hipólito Irigoyen 670 de la capital provincial, se llevó a cabo la lectura de la acusación que pesa sobre los cuatro ex magistrados.  Posteriormente, el tribunal, integrado por los jueces  integrado por Julián Falcucci (Presidente), José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9.00 horas, cuando se preve la declaración de los imputados y de los primeros testigos.

A la audiencia de hoy asistieron todos los acusados, familiares de víctimas y representantes de organismos de derechos humanos.

Incumplimientos y encubrimientos

El ex juez Puga y el ex fiscal Cornejo llegan acusados por los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la acción penal y encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos en siete hechos. En tanto, el ex secretario Otero Álvarez deberá responder como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público -abuso de autoridad- en 118 hechos y de la omisión de dar cuenta a la autoridad competente en una detención ilegal en 41 hechos. Finalmente, el ex defensor Haro está imputado como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público en nueve hechos.

De acuerdo con la acusación fiscal, las víctimas de aquellos delitos estaban detenidas a disposición judicial y militar en causas abiertas por violación a la denominada "ley antisubversiva", número 20840. En el marco de las declaraciones indagatorias que les fueron recibidas en esos procesos, que constituyeron la formalización de la persecución política, las víctimas pusieron en conocimiento de jueces, fiscales y defensores la situación violatoria de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en la Dirección de Informaciones de la Policía provincial (D-2) y continuado en la UP1.

"No obstante haber tomado conocimiento de la existencia de detenciones sin orden de autoridad competente, violaciones de domicilios, rapiña de bienes ajenos, secuestros, torturas, violaciones, abusos sexuales y homicidios, no promovieron ni generaron las condiciones para proceder a la investigación de estos delitos (en el caso del juez y del fiscal) o bien –sin tener la competencia para promover su investigación- no lo pusieron en conocimiento de la autoridad competente para hacerlo", describe  la acusación.