21 de julio de 2024
21 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Las audiencias serán una vez por semana, los jueves
En Córdoba, el juicio a los ex magistrados comenzará a fines de abril de 2017
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 celebró ayer la audiencia preliminar para programar el debate en el que serán juzgados un ex juez, un ex fiscal, un ex defensor y un ex secretario judicial por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes funcionales frente a crímenes contra la humanidad.

El juicio a los ex magistrados cordobeses acusados de encubrir crímenes contra la humanidad comenzará el 27 de abril de 2017 y se llevará a cabo con una audiencia semanal los jueves, anunció ayer el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba en el marco de la audiencia preliminar celebrada en esa capital para programar la realización del debate oral y público.

Los ex funcionarios judiciales que afrontarán el proceso son el ex secretario del Juzgado Federal N°1 de Córdoba Carlos Otero Álvarez; el ex defensor oficial Ricardo Haro; el ex juez federal N°2 Miguel Ángel Puga y el ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo. Llegarán acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en delitos de lesa humanidad -secuestros y tormentos, entre otros- de los que resultaron víctimas presos políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial y la Unidad Penal 1 de la capital provincial.

La audiencia de ayer se llevó a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu y Juan Carlos Reynaga. El fiscal general subrogante Facundo Trotta representó al MPF, mientras que por los y las querellantes actuaron las abogadas Patricia y Jorge Chalup y Adriana Gentile. Por los acusados asistieron los defensores Roque Carlos Lescano (Cornejo y Puga), Julio Deheza (Otero Alvarez) y Benjamín Sonzini Astudillo (Haro).

Las víctimas son prisioneros políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial y la Unidad Penal  1 de la capital provincial.

El Tribunal convocó a la audiencia antes proveer la prueba que solicitaron las partes -entre otros elementos, la Fiscalía pidió la citación de 20 testigos- y aprovechó el marco para sugerir el desestimiento de testimonios de víctimas del terrorismo de Estado cuyos casos no forman parte de la plataforma fáctica que se ventilará en el proceso. Por ese motivo, la querella, que es la parte que más testigos de ese tenor requirió para el debate, tendrá 72 horas para contestar si desiste de algunos de ellos.

La audiencia preliminar en este tipo de procesos complejos tiene base en la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, destinada a dar agilidad a los juicios con la planificación del debate. Así, se acuerda la incorporación de prueba por lectura, se determina la cantidad de testigos y se fija un cronograma de trabajo, entre otros aspectos.

Incumplimientos y encubrimiento

De acuerdo con la acusación fiscal formulada por Trotta, al ex juez Puga se le imputan los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la acción penal y encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos en 7 hechos; el ex fiscal Cornejo debe responder como autor responsable de incumplimiento de la obligación de promover la acción penal y encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos en siete hechos; el ex secretario Otero Álvarez, como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público -abuso de autoridad- en 118 hechos y de la omisión de dar cuenta a la autoridad competente en una detención ilegal en 41 hechos, y el ex defensor Haro como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público en nueve hechos.

Los ex funcionarios judiciales están imputados por no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.

Las víctimas de esos delitos estaban detenidas a disposición judicial y militar en causas abiertas por violación a la denominada "ley  antisubversiva", número 20840. En el marco de las declaraciones indagatorias que les fueron recibidas en esos procesos, que constituyeron la formalización de la persecución política, pusieron entonces en conocimiento de jueces, fiscales y defensores la situación violatoria de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D-2 y continuado en la UP1, que había incluido tormentos y  homicidios. Frente a esas denuncias, recibieron en todos los casos la indiferencia de los magistrados actuantes.

Así resumió Trotta en el requerimiento de elevación a juicio la actuación de los ex funcionarios judiciales: "No obstante haber tomado conocimiento de la existencia de detenciones sin orden de autoridad competente, violaciones de domicilios, rapiña de bienes ajenos, secuestros, torturas, violaciones, abusos sexuales y homicidios, no promovieron ni generaron las condiciones para proceder a la investigación de estos delitos (en el caso del juez y del fiscal) o bien –sin tener la competencia para promover su investigación- no lo pusieron en conocimiento de la autoridad competente para hacerlo".

Además, el fiscal Trotta señaló que "en muchos de los hechos se advierte que en la tramitación de los expedientes las víctimas -entonces imputados- estaban privadas de su libertad sin orden de autoridad que legitimara esa detención". Lejos de adoptar el cese de la detención, "se rechazaba el habeas corpus o se continuaba con el trámite de la causa, y en algunos casos con noticia del fiscal, quien tampoco instaba al juez ordenar la libertad de la persona ilegalmente detenida".

En el requerimiento fiscal también había sido imputado el ex defensor Luis Eduardo Molina, quien fue apartado del proceso por razones de salud y, por lo tanto, no afrontará el debate oral y público .