Quince represores condenados a prisión perpetua, otros tres a 13 años de prisión, uno a 12 y la absolución de otro fueron los puntos más relevantes de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata que esta noche culminó, tras 10 meses de audiencias, el juicio por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención "La Cacha".

Además de las altas penas impuestas, la sentencia tuvo como puntos salientes la exhortación del Tribunal a los poderes del Estado para que se desafecten los lugares donde funcionaron el centro clandestino "La Cacha" y el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y se los convierta en sitios de memoria, y para que se "dé la baja por exhoneración a los condenados" y se disponga "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro".

En todos los casos, los condenados, cuyas conductas -según los casos- fueron encuadradas en los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de niños, fueron considerados cómplices "en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar 1976-1983 al intervenir en la matanza de miembros un grupo nacional, en la lesión grave a la integridad físico mental de los miembros del grupo y en el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física total o parcial".

Entre las cuestiones jurídicas relevantes que dejó la sentencia, el fiscal General Hernán Schapiro destacó que los jueces condenaron a los acusados como autores mediatos del homicidio de Marcelo Betttini, quien se suicidó tomando una pastilla de cianuro durante una emboscada en la vía pública el 9 de noviembre de 1976. La Fiscalía consideró que los imputados habían utilizado a la víctima para cometer el crimen, dado que no le dejaron opción frente a una segura captura y un periplo por centros clandestinos de detención.

Schapiro, que durante el debate intervino junto al fiscal ad hoc Gerardo Fernández, dijo a Fiscales que estaba "conforme" con la sentencia del tribunal porque "receptó todo lo que la Fiscalía pidió, salvo detalles de índole técnica que no tienen repercusión a nivel práctico".

No obstante, señaló que aguardará a que se brinden los fundamentos -esto ocurrirá el 19 de diciembre a las 18:00- para conocer el criterio del Tribunal para graduar las penas en 13 años de prisión de los civiles de inteligencia del Ejército, Claudio Raúl Grande y Raúl Ricardo Espinoza, a quienes había solicitado en su alegato la prisión perpetua.

"Las situaciones de Grande y Espinoza fueron las más complejas del debate y la verdad que en ese contexto hay que leer los fundamentos para ver las razones por las que los condenaron de esa manera, como partícipes secundarios y no como coautores", añadió Schapiro.

Los 15 condenados a prisión perpetua fueron los miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Alberto Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón; el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda; el ex agente penitenciario Raúl "el Oso" Acuña; el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; el ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex jefe de la Unidad Regional La Plata, Horacio Elizardo Luján; y el jefe del Servicio de Calle de esa repartición, Julio César Garachico.

En tanto, el ex civil de inteligencia del Ejército, Rufino Batalla, fue condenado a 13 años de prisión (la Fiscalía había pedido 14 años), al igual que sus colegas Grande y Espinoza; y el ex jefe de la Armada en la región, Juan Carlos Herzberg, recibió doce años de prisión (los representantes del MPF había requerido 16).

Finalmente, el guardia del Destacamento 101, Luis Orlando Perea, resultó absuelto, tal como lo habían requerido los fiscales, que consideraron que durante el proceso no había podido acreditarse su contribución al plan criminal.

El Tribunal no llegó a pronunciarse por la responsabilidad del ex  sub director General de Seguridad de la Policía bonaerense, Eduardo Gargano, quien fue separado del juicio por problemas psíquicos, luego de una junta médica que dictaminó en ese sentido. La Fiscalía había llegado a requerir para él la pena de prisión perpetua.

El juicio por los crímenes en La Cacha comenzó el 18 de diciembre pasado. Desde entonces, declararon 134 testigos a lo largo de 37 audiencias dedicadas a indagar sobre la responsabilidad de los 21 imputados que llegaron al proceso por 127 casos de víctimas que pasaron por aquél centro clandestino en 1977 y por dos homicidios ocurridos en 1976 en la vía pública.

"La Cacha" fue un centro de detención de características singulares: fue controlado por la inteligencia del Ejército, pero tuvo una importante inserción de la Armada en su funcionamiento, y la participación del Servicio Penitenciario Bonaerense en la custodia de los prisioneros. La vieja casona donde funcionó estaba ubicada en un predio situado junto al complejo carcelario de Lisandro Olmos, al oeste de La Plata.