"En líneas generales, algo similar a lo que tiene Interpol, en París, pero dedicado a la subversión". Así, recurriendo a un organismo legal conocido, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Chile, Manuel Contreras, trató de explicarles a sus colegas latinoamericanos los objetivos de la Operación Cóndor, en una carta de invitación a la primera reunión formal de representantes de inteligencia de distintos países del Cono Sur fechada en la capital de ese país el 29 de octubre de 1975.

Ese y centenares de documentos forman parte del acervo documental que recorrieron en su alegato el fiscal general Pablo Ouviña y la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky a lo largo de más de tres meses de exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal, que concluyeron con el pedido de condena para 17 de los 18 acusados en este juicio histórico que comenzó el 5 de marzo de 2013.

El denominado "Archivo del Terror" de Paraguay, hallado en la década del '90, los documentos secuestrados en Argentina al agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel -detenido en 1978 por la Policía Federal en medio del conflicto por el Canal del Beagle- y cables desclasificados del servicio exterior de los Estados Unidos fueron las fuentes documentales más citadas, que dan cuenta del funcionamiento burocrático de una maquinaria internacional dirigida al secuestro y eliminación de oponentes políticos, y a la difamación de las organizaciones que integraban. En el juicio se produjo además nueva prueba documental que fue aportada por los equipos de investigación de los ministerios de Defensa e Interior y de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, la DIPBA.

No sólo la filosofía de la Operación Cóndor aparece en los documentos; han quedado registrados desde el origen del nombre de la entente hasta interrogatorios bajo tortura, seguimientos, traslados forzados y clandestinos de personas -tanto en avión como en el baúl de un auto-, con las formalidades que requieren las actividades estatales.

La invitación cursada por Contreras incluyó una fundamentación, un programa de actividades y una propuesta de trabajo para la reunión fundacional que se celebró entre el 25 y el 28 de noviembre en Santiago de Chile. La dictadura de Agusto Pinochet fue la promotora: le preocupaban la organización de los exiliados y las campañas en el exterior que realizaban contra el gobierno usurpador. "La subversión ha desarrollado mandos intercontinentales, continentales, regionales y subregionales, centralizados para coordinar las acciones disociadoras", indica el documento, y agrega: "Para enfrentar esta Guerra Psicopolítica, hemos estimado que debemos contar en el ámbito internacional no con un Mando centralizado en su accionar interno, sino que con una Coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y experiencias además con cierto grado de conocimiento personal entre los Jefes responsables de la Seguridad".

En función de eso, propone "establecer en un país de los que aquí se encuentran representados, un Archivo Centralizado de Antecedentes de Personas, Organizaciones y otras Actividades, conectadas directa o indirectamente con la Subversión". En ese contexto hace la analogía con Interpol y agrega que "desde luego, este Banco de Datos, debe ser manejado, financiado y alimentado por los Servicios de Seguridad de los Países interesados, de acuerdo a un Reglamento Orgánico y de Funcionamiento aprobado por los Delegados".

Aquella invitación avanzaba sobre la organización de la asociación ilícita para el recorrido de la información por los canales de inteligencia y las obligaciones a las que se comprometían los países que la integraban. Aclara: "Pueden ingresar todos los países que quieran, siempre y cuando, no representen a países Marxistas" (sic). La carta de invitación agrega, incluso, un alfabeto cifrado para el intercambio de mensajes entre los operadores de los diferentes países, que -entre otros documentos- acompaña en imágenes a esta nota.

En realidad, todas esas acciones estaban dirigidas a formalizar un funcionamiento previo, que databa de al menos tres años y que había dependido de acuerdos bilatelares entre las fuerzas represivas de los diferentes países. Contreras los recuerda en aquella invitación como "acuerdos de caballeros", una suerte de acciones combinadas -intercambios de información, repatriaciones forzosas, etcétera- en convenios circunstanciales para los que había reciprocidad.

En efecto, uno de los documentos más antiguos que da cuenta de la coordinación represiva es el "Acuerdo Bilateral de Inteligencia FF.AA. Paraguay/Ejército Argentino", cuya copia encontrada en el "Archivo del Terror" aparece rubricada por el coronel paraguayo Benito Guanes Serrano. El texto, fechado el 12 de septiembre de 1972, comienza con el acuerdo de los dos países "a fines de coordinar acciones en la lucha contra la subversión y los grupos de insurrección y/o agitación ideológica tendiendo reducir el poder militar político, económico y/o sicológico de ambos países, visando además oponer la opinión pública y a la población contra sus gobiernos" (sic).

Por eso, acuerdan "aunar esfuerzos para la reunión e intecambio de informaciones a través de sus Agencias de Inteligencia sobre estas actividades, en especial sobre grupos y/u organizaciones que tengan conexiones en ambos países" y "colaboración mútua en la lucha contra la subversión, mediante medidas oportunas que visen desalentar a los elementos que desde uno de los países estén comprometidos o alienten a grupos subversivos en el otro, y en caso de persistir tales actividades proceder a la internación de los mismos en zonas alejadas de la frontera (500 km.)".

El Cóndor después de Fuentes y Santucho

El 15 de agosto de 1975, dos meses antes de que Chile librara la invitación para la reunión formal de noviembre de ese año, se llevó a cabo en Asunción la "VII Conferencia Bilateral de Inteligencia entre Paraguay y Argentina", de la que fue hallada en los Archivos del Terror la ponencia presentada por Paraguay.

El temario desarrollado por Paraguay fue amplio. En una primera parte se abordan las características de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) -órgano de enlace de los movimientos guerrilleros del Cono Sur-, cuya investigación había cobrado impulso luego del secuestro en mayo, en ese país, del chileno Jorge Fuentes Alarcón y del argentino Amílcar Santucho. Tras el secuestro, Alarcón fue entregado a la DINA y asesinado en su país, mientras que Santucho continuó "detenido en situaciones inhumanas" y en 1978 se exilió en Europa.

Al final del documento, se reafirma la necesidad de establecer una coordinación a nivel internacional para el "intercambio directo de información", "enlaces técnicos y personales", "programar reuniones conjuntas para tratar cuestiones de seguridad de las áreas Yaciretá Apipe y Corpus, en particular con la participación de los elementos de seguridad de la Empresa", "intercambio de doctrina, organización e instrucción" y la "posibilidad de ampliar el carácter bilateral de la conferencia a la inclusión de otros países".

El 27 de agosto de 1975, por su parte, el agente chileno Arancibia Clavel anunciaba a su gobierno desde Buenos Aires que el teniente coronel argentino Jorge Osvaldo Riveiro (alias Rawson), uno de los hombres clave de nuestro país en el armado del Cóndor, le había "ofrecido la relación completa dada por Migraciones Argentina de todos los chilenos ingresados a la Argentina después del 11 de septiembre" [de 1973, fecha del golpe de Estado] y agregaba que "este oficial tiene la idea de formar una central de inteligencia coordinada entre Chile-Argentina-Uruguay y Paraguay".

Otro documento redactado en portugués por la embajada de Brasil en Asunción da cuenta de la efervescencia que vivieron los organismos de inteligencia con el secuestro de los dirigentes de la JCR. El material fue distribuido a los agregados militares de Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay, Portugal y Francia, bajo el título de “Pedido de búsqueda 12/75. Asunto: Junta Coordinadora Revolucionaria”. Brinda información sobre reuniones realizadas en Buenos Aires e incluso esboza un mapa con los "deslocamentos" (desplazamientos) de "elementos brasileiros, paraguaios y argentinos" (ver imágenes).

"El intercambio de información subversiva"

Esos y otros antecedentes contextualizan los preparativos y la visión de oportunidad de la DINA para reunir a delegados de inteligencia en suelo chileno y formalizar la coordinación.

Menos de un mes después de cursada la invitación, Santiago fue la sede de la reunión el 26, 27 y 28 de noviembre de 1975. La DINA pagó los gastos de hotel, transporte y alimentación de tres delegados por país, y se hizo cargo de la seguridad de todos. Eso también quedó escrito en los documentos. Asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El cónclave se denominó "Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional", tal el encabezamiento del acta. Los jefes de las delegaciones cuyas firmas figuran al pie del documento fueron el capitán de Navío argentino, Jorge Casas; el mayor del Ejército boliviano, Carlos Mena; el coronel chileno y jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda; el coronel del Ejército uruguayo, José Pons; y el jefe 2do del Departamento del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, Benito Guanes Serrano.

Los delegados recomendaron a sus gobiernos "iniciar a partir desde esta fecha los contactos bilateral o multilateral, a voluntad de los respectivos países aquí participantes, para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos Kardex [archivos con fichas] de antecedentes de los respectivos Servicios" y puntualizaron en la necesidad de "formación de una Oficina Coordinadora, destinada a proporcionar antecedentes de personas y organizaciones conectadas con la Subversión".

En ese sentido, estipulaban tres etapas para aceitar las relaciones. Para la primera, recomendaban "establecer un directorio completo con los nombres y direcciones de aquellas personas que trabajen en Inteligencia para solicitar directamente los antecedentes de personas y organizaciones conectadas directa o indirectamente con el Marxismo"; impulsaban "el contacto muy rápido e inmediato cuando se expulse del país un individuo (s) o viaje un sospechoso, para alertar a los servicios de inteligencia"; postulaban "la habilitación en las Embajadas de nuestros países, la presencia de personal de Inteligencia Nacional o similares para enlaces directos y personales, plenamente acreditados ante los Servicios"; y ponían de manifiesto la necesidad de "facilitar los medios para publicar informaciones destinadas a atacar a la Subversión y que digan relación con nuestros países" (sic).

No propusieron, sino directamente indicaron que "el presente Organismo se denominará Cóndor, aprobado por unanimidad, conforme a la moción presentada por la Delegación de Uruguay en homenaje al país Sede".

Ave rapaz

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina permitió la consolidación de la Operación Cóndor, dijo el fiscal Ouviña en su alegato. Hacia marzo de 1976, "comenzó su etapa madura", agregó.

El 3 de junio de ese año, Arancibia Clavel informaba desde Buenos Aires, bajo su pseudónimo Luis Felipe Alemparte Díaz, que había mantenido una reunión con Rawson, quien le había informado que "el SIE [Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino] montó una línea directa con nuestra oficina, tal como lo ofreció MAMO". Mamo era Contreras. "Necesitan saber -agregaba Arancibia- qué tipo de máquina de télex se usaría. Rawson y dos técnicos de servicio irían a Chile después del 1, cuando termine la conferencia de Cancilleres de la OEA. Ruego responder este interrogante". Para la fiscalía, "este documento demuestra que dentro del marco Cóndor, se había establecido una línea de comunicación directa entre dos de los máximos organismos de inteligencia de los aparatos represivos de la región".

En avión y en baúl

Un informe de la Policía de Asunción fechado el 4 de diciembre de 1976 señala que dos días antes el "S2" -en la jerga castrense, el jefe de inteligencia- del Regimiento 29 de Monte, en Formosa, había arribado a la capital paraguaya por orden del jefe de la unidad militar argentina, que por entonces era la cabeza del área militar 234 en nuestro país. El militar "traía en la valijera de su coche para su entrega al ciudadano paraguayo Domingo Rolón Centurión", indica la pieza que forma parte del Archivo del Terror.

El documento agrega que "el mencionado ciudadano fue detenido el 17 de OCT 76 en Puerto Pilcomayo (ARG), al intentar ingresar a ese país con un Certificado de Radicación falso" y describe luego declaraciones que habría realizado la víctima, a la que define como "elemento de la O.P.M. Prófugo". La OPM es la Organización Primero de Marzo.

Otros dos documentos de 1977 permiten reconstruir el derrotero seguido por cinco víctimas de la Operación Cóndor secuestradas entre el 5 y el 6 de abril en Asunción: dos argentinos, dos uruguayos y un paraguayo, que -de acuerdo al informe de inteligencia- "se encontrarían involucrados junto con otros ciudadanos paraguayos en la confección, venta y uso de documentos apócrifos que serían utilizados para la salida del país".

El documento agrega que desde el primer día estuvieron presentes en los interrogatorios a los detenidos miembros del "Servicio de Inteligencia de la República del Uruguay" y que "el segundo día de actividad en esta se constituyeron personas pertenecientes a la SIDE con abundante documentación perteneciente al autodenominado PVP, facilitando ampliamente las actividades del equipo de trabajo". En la cita, la SIDE es la forma de nombrar a los servicios de inteligencia castrense de Argentina, y el PVP es el Partido por la Victoria del Pueblo, de Uruguay.

En un oficio fechado más de un mes después de las capturas, el 16 de mayo de 1977, el director de Política y Afines (sic) de la Policía paraguaya, Comisario Alberto Cantero, le informa al jefe de Investigaciones, Pastor Coronel, que los dos uruguayos y los dos argentinos "fueron entregados por conducto de esta Dirección" ese mismo día. Dice que viajaron en "un avión Bi-reactor de la Armada Argentina, con matrícula 5-7-30-0653, piloteado por el capitán de corbeta José Abdala" con destino a la ciudad de Buenos Aires. "Las mencionadas personas fueron entregadas (...) en presencia del Cnel. D.E.M. Don Benito Guanes y del Cap. de Fragata Lázaro Sosa, al Tte. 1° José Montenegro y Juan Manuel Berret", del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino.