Los fiscales generales de La Plata, Marcelo Molina y Hernán Schapiro, requirieron la elevación a juicio de 16 imputados por crímenes de lesa humanidad y genocidio en el centro clandestino de detención (CCD) Pozo de Quilmes, uno de los reductos más importantes del denominado "circuito Camps" durante la represión ilegal en la zona sur del Conurbano bonaerense. La nómina de acusados está encabezada por el abogado y ex ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura, Jaime Smart, e integrada por miembros de las entones plana mayor policial y militar de la región, ex altos oficiales de la inteligencia castrense y el médico policial Jorge Bergés.

La presentación fue formulada el lunes 22 al juez subrogante a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Jorge Di Lorenzo, quien ahora deberá dar traslado a la defensa de los imputados y luego elevar el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa jurisdicción. La acusación es por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de diez años, que -en la perspectiva de los fiscales- "pueden considerarse de modo objetivo como actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad", calificación del derecho penal internacional que Schapiro y Molina postularon "de forma acumulativa o concurrente".

La acusación fiscal tiene más de 300 carillas en las que se detallan los casos de 175 víctimas que pasaron por aquél lugar entre noviembre de 1975 y marzo de 1979 y la responsabilidad de los imputados en cada hecho, se describe el rol del Pozo de Quilmes en el sistema clandestino de represión y se especifica la contribución del medular sistema de inteligencia que encabezaba en esa región el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, con sede en La Plata.

Nueve de los 16 acusados actuaron en esa unidad militar: el segundo Jefe, Antonio Herminio Simón; el jefe de la Sección Central de Reunión, Emilio Alberto Herrero Anzorena; el jefe de la Primera Sección Reunión Interior, Anselmo Pedro Palavezzati; el jefe del Grupo Actividades Especiales, Ricardo Armando Fernández; el Jefe de la Sección Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón, y los oficiales de esa misma repartición Gustavo Adolfo Cacivio, Miguel Ángel Amigo y Roberto Armando Balmaceda, este último también ex jefe de Contrainteligencia.

Además llegarán a juicio oral el ex subjefe policial, Rodolfo Aníbal Campos; el ex segundo comandante del Cuerpo I del Ejército, Jorge Carlos Olivera Róvere; el ex segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería X del Ejército, con sede en La Plata, Héctor Humberto Gamen; y el ex jefe del Batallón Depósitos de Arsenales 601 “Domingo Viejo Bueno”, Eduardo Samuel De Lío, a la postre también jefe del área militar 111, donde estaba enclavado el "Pozo de Quilmes".

La lista de acusados, además de Smart y Bergés, la completa el múltiplemente condenado ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, en su cáracter de jefe de todas las brigadas de la provincia, dado que el Pozo funcionó en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Estaba ubicado en la esquina de Allison Bell y Garibaldi, donde hoy se erige la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de ese distrito.

Un centro clandestino, tres etapas

En base a los testimonios de los sobrevivientes, las indagatorias de los acusados e informes producidos por la otrora jefatura policial y el actual Ministerio de Seguridad bonaerense, los fiscales establecieron que el centro clandestino tuvo tres etapas de funcionamiento. La primera de ellas se prolongó hasta el 31 de diciembre de 1976, fecha hasta la que oficialmente se reconoció el funcionamiento de una brigada policial.

La segunda se inició el 1° de enero de 1977, cuando, según un informe elaborado en 1986 por el jefe de Policía, el lugar "permaneció a disposición de la autoridad militar". "Debemos destacar que, si bien la Brigada de Investigaciones de Quilmes perdió su carácter oficial a partir del 1° de enero de 1977, siguió funcionando como un CCD denominado el 'Pozo de Quilmes', donde el personal de la policía bonaerense continuó desempeñándose", indicaron los fiscales de la unidad platense especializada en casos de terrorismo de Estado. En ese sentido, precisaron que los testimonios de las víctimas revelan que en esta etapa "los encargados de hacer las guardias siguieron siendo policías pero el Ejército se encargaba de realizar controles y practicar interrogatorios".

Eso también fue probado con el estudio de cientos de legajos de policías que pasaron por el lugar. El trabajo permitió corroborar que después de enero de 1977 "se produjo un sugestivo traslado masivo de oficiales a fin de proceder a su blanqueo administrativo para ocultar la situación de que, en realidad, seguían prestando servicios en un lugar que supuestamente no estaba a cargo de la Policía bonaerense", señalaron los fiscales.

Esa fue la peor etapa del Pozo de Quilmes, por la cantidad de casos que se registraron entre 1977 y 1978. De esa época, que se extendió hasta fines de ese último año, son los nombres de "Puesto Malvinas" u "Omega" con los que los represores también llamaban al centro clandestino de detención.

La tercera etapa reseñada por los fiscales corresponde al paso de nueve prisioneros -entre enero y marzo de 1979- procedentes de la Capital Federal del circuito de centros clandestinos El Atlético, El Banco y El Olimpo (ABO), en el marco de una interna militar desatada en el Cuerpo I del Ejército, donde una facción le "ocultó" los desaparecidos a otra.

"Humillante"

Schapiro y Molina señalaron que, durante estos tres períodos, las víctimas permanecieron "en pésimas circunstancias, encapuchadas, con las manos atadas, siendo provistas de alimentos en forma deficiente y de manera humillante, sometidas a torturas bajo la aplicación de la picana eléctrica, submarino, golpes, simulacros de fusilamiento, escuchando el sufrimiento de otros compañeros de cautiverio".

El Pozo de Quilmes fue uno de los centros clandestinos sobre los que más se indagó en los juicios realizados en los '80 a las juntas militares y al equipo represivo encabezado por el jefe policial Ramón Camps. Entre otros casos, se acreditó que durante 1976 permanecieron secuestrados algunos de los jóvenes estudiantes secundarios de la denominada "Noche de los Lápices". También entonces se determinó que en 1977 y 1978 actuaron en el lugar representantes de las fuerzas armadas uruguayas, en el marco de la Operación Cóndor: "Ingresaban miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Ejército Uruguayo –O.C.O.A.- que eran los encargados de tratar con un numeroso grupo de detenidos clandestinos de nacionalidad uruguaya, a quienes, entre otras cosas, interrogaban", afirmaron Molina y Schapiro.

En el requerimiento de elevación a juicio los fiscales pusieron también de relieve los crímenes sexuales: "Las condiciones de detención padecidas en dicho lugar, incluían de manera sistemática, la desnudez forzada y otras formas de violencia sexual que, desde una idea reparadora, es preciso visibilizar en su entidad propia".

"La violencia sexual ejercida sobre los detenidos de sexo masculino, ejecutada con la intención de feminizarlos, conllevó para éstos una humillación particular, adicionada al resto de los tratos inhumanos y degradantes proferidos por los captores", añadieron, y remarcaron que esa circunstancia "permite ubicar a los actos contra la integridad sexual como integrantes de aquellas condiciones de detención infrahumanas antes aludidas".