El fiscal general Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, iniciaron el 12 de diciembre pasado y continuaron ayer el alegato en el juicio que juzga los delitos cometidos contra 605 víctimas en cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en las sedes de brigadas policiales de investigaciones de Banfield, Quilmes (ambos lugares conocidos como “pozos” en la jerga represiva), Lanús (“El infierno”) y San Justo antes y durante la última dictadura cívico militar.

La exposición del Ministerio Público Fiscal demandará varias audiencias. La semana pasada comenzó con una caracterización de las víctimas, de los victimarios y del contexto histórico, e inició el análisis y exposición de las pruebas de los primeros 45 de los 605 casos, que ayer continuó hasta llegar hasta el 153. Se espera que concluya en febrero, tras retomar la actividad luego del receso de los tribunales por la feria judicial.

En el alegato, la fiscalía realiza ante el Tribunal Oral Federal N°1 de la capital provincial el balance de más de tres años de juicio oral y público, que comenzó el 27 de octubre de 2020 con 18 acusados y que luego sumó otros tramos de investigaciones que estaban en la etapa de instrucción. El juicio debió contar con 39 acusados, pero en la actualidad tiene con 12: 7 exmilitares, 4 expolicías y 1 civil.

"Tan sólo el 31% de los imputados originales está hoy siendo juzgado. 26 acusados fallecieron sin ser condenados en este juicio mientras que un imputado quedó fuera del juicio por incapacidad sobreviniente. Del total de imputados fallecidos, 17 no llegaron a instancias de juicio oral debido a que fallecieron en el transcurso del trámite de la causa judicial, 1 imputado falleció luego de haberse realizado la audiencia preliminar del juicio y 7 fallecieron durante el debate", detalló el fiscal Miranda.

De las 605 víctimas de este juicio, 373 sobrevivieron, 189 se encuentran desaparecidas y 31 fueron asesinadas. Entre estas últimas, 30 estuvieron desaparecidas y sus cuerpos fueron recuperados con posterioridad.

Actualmente están en juicio el exjefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci; el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones Zona Metropolitana de la Policía bonaerense, Juan Miguel Wolk; el segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones, Enrique Augusto Barre; el entonces médico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Antonio Bergés; el exoficial inspector de las brigadas de Investigaciones de Banfield y de Lanús, Luis Horacio Castillo; y los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, que era la unidad de inteligencia que articulaba con las subzonas militares con sede en La Plata y en La Tablada, jurisdicciones castrenses de las cuales dependían los centros clandestinos: el jefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; el jefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda; el jefe de la Sección Comando y Servicio, Alberto Julio Candioti; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; y el entonces capitán Carlos Gustavo Fontana.

Miranda prosiguió con una caracterización del objeto procesal: "Los hechos de esta causa son singulares; no estamos frente a episodios comunes dentro de la normalidad del sistema, sino frente a crímenes contra la humanidad, imprescriptibles e inderogables. Este proceso penal involucra crímenes de Estado, el cual actuó como una organización criminal que cometió delitos de manera sistemática y generalizada". Remarcó que "lo acontecido, por su dimensión, ingresa en la categoría de terrorismo de Estado" y, en tal sentido, refirió que en el juicio quedó acreditado que "la decisión de quienes adquirían la condición de 'enemigos' respondió únicamente al arbitrio de los integrantes de los grupos que desplegaron las acciones criminales dictatoriales, independientemente de que las personas perseguidas se percibieran a sí mismas como 'subversivas' o, incluso, como opositoras al régimen".

La auxiliar fiscal Oberlin luego describió a las víctimas: "Quienes sufrieron la violencia estatal fueron personas que militaban en organizaciones políticas, estudiantiles -secundarias o universitarias-, sociales, barriales o gremiales. Un grupo importante eran trabajadores de diferentes fábricas o empresas cuya militancia estaba centrada en mejorar las condiciones laborales. También fueron secuestrados algunos integrantes de grupos empresarios. A estos se sumaron niños y niñas, hijos e hijas de personas consideradas enemigas por el terrorismo de Estado. Varios de esos niños y niñas fueron privados ilegalmente de su libertad, sometidos a tormentos y abusos, y otros y otras apropiadas y privadas de su identidad. De este último grupo, recuperaron su identidad una parte, aunque otros y otras aún no fueron localizadas, pese a que pasaron más de 47 años".

La fiscalía consideró que los hechos traídos a juicio que ocurrieron antes y durante la dictadura "integran una sistematicidad insertada en la misma metodología de persecución y exterminio de personas" y constituyen crímenes de lesa humanidad.

Oberlin añadió que "a estas personas se suman un grupo de mujeres trans, quienes por sus identidades de género sufrieron la intensificación de la violencia estatal que vivían previamente", cuyos casos fueron incorporados por la fiscalía en pleno debate en ampliaciones a la acusación original.

La funcionaria describió que "del total de 605 personas victimizadas, el 63,5% eran varones; casi el 35 % eran mujeres cis y el 1,5% mujeres trans", y puso de relieve "el particular ensañamiento sobre ellas, sobre quienes se aplicaron violencias diferenciales". Puntualizó que hubo 373 personas sobrevivientes, 189 se encuentran desaparecidas y 31 fueron asesinadas. Indicó que, entre estas últimas, 30 estuvieron desaparecidas y sus cuerpos fueron recuperados con posterioridad.

Precisó además que, respecto a la edad de las víctimas, "un 53% de los casos de este juicio tenían entre 18 y 29; y un 23% tenían menos de 40. Un 8% eran niños y niñas y un 11% tenían más de 40".

Oberlin luego indicó que la amplitud temporal de los casos abordados tiene sus extremos en noviembre de 1974 y marzo de 1979, y marcó que "durante los años 1976 y 1977 la violencia estatal se agudizó", pues en ese periodo se registraron más del 74% de los casos.

También puso el foco en la extensión de la victimización, dado que "en un 58% de los casos se comprobó la presencia de otras personas allegadas al momento del secuestro" de las 605 víctimas, la mayoría niños y niñas, y "solo en un 9% se probó que no había otras personas".

En base a los testimonios recogidos en el debate, la funcionaria describió después la forma en la que fueron tratadas las víctimas que pasaron por las cuatro brigadas: "Las condiciones estructurales en las que transcurría la cotidianidad en esos lugares era violatoria de toda dignidad: escasa o nula alimentación; hacinamiento; falta de contacto con el exterior; falta de condiciones de higiene mínimas; falta de atención médica; desnudez forzada; amenaza continua de recibir golpes, abusos y torturas; escuchar y/o ver el sometimiento a otras personas a diferentes violencias; privación de la visión; privación del contacto con el resto de las personas secuestradas; en algunos casos, supresión de la identidad; permanecer impedido/a de movimientos mediante el uso de esposas, grilletes o ataduras en manos y pies; no saber el lugar en donde se estaba alojado/a, ni el tiempo que duraría esa situación; entre muchas otras".

La fiscalía remarcó que entre las víctimas hubo un grupo de mujeres trans, quienes "por sus identidades de género sufrieron la intensificación de la violencia estatal que vivían previamente".

Agregó que en esa "situación de desaparición", "la comunicación con el exterior estaba completamente prohibida y no se les informaba sobre su destino, ni sobre el tiempo en que permanecerían en esa situación, lo que les producía desesperación y angustia adicional".

Precisó que otras prácticas aberrantes se registraron particularmente en las primeras horas y días posteriores al secuestro, como la aplicación de picana eléctrica en diversas partes sensibles del cuerpo, simulacros de fusilamientos, "plantones" -dejar a la persona secuestrada parada durante horas- el "teléfono" -golpes en simultáneo en los dos oídos lo que provoca aturdimiento y dificultad para oír que se prolonga días y puede dejar secuelas muy graves-, submarino seco y mojado -asfixia provocada con bolsas o con inmersión en agua-, entre otras. "A esto se adiciona que una parte de las personas secuestradas sufrieron distintas modalidades de violencia por medios sexuales" desde "la desnudez forzada hasta abusos y violaciones", que "se desplegaron mayoritariamente sobre mujeres cis y trans".

Asimismo, remarcó que a todos esos crímenes se sumó "la apropiación y ocultamiento de niños y niños", que también sufrieron privaciones ilegales de la libertad y tormentos, según pudo acreditarse en diferentes casos. Sostuvo que lo ocurrido con personas menores de edad "no fue un daño colateral", sino que "formó parte del accionar de quienes implementaron el terrorismo de Estado en post del objetivo de aniquilar a las personas catalogadas como enemigas".

Oberlin destacó que el 50% de las víctimas del juicio estuvo cautiva previamente en otros centros clandestinos de detención diferentes a los cuatro abordados en el objeto procesal y que un 29% fue trasladado a otros. Sobre este aspecto, puntualizó que la investigación determinó que parte de las personas que estuvieron secuestradas en los denominados pozos de Banfield y Quilmes fueron víctimas de la asociación ilícita transnacional desplegada por las dictaduras del cono sur, conocida como Operación Cóndor. Indicó que particularmente fueron uruguayos y uruguayas, que integran mayoritariamente el grupo de víctimas extranjeras.

El fiscal Miranda, en tanto, sostuvo que el Ministerio Público considera que los hechos traídos a juicio que ocurrieron antes y durante la dictadura "integran una sistematicidad insertada en la misma metodología de persecución y exterminio de personas" y constituyen crímenes de lesa humanidad. En base a la jurisprudencia nacional, afirmó que "lo que define a un hecho como crimen contra la humanidad, es su aspecto sustancial vinculado a la existencia de un plan de exterminio o ataque sistemático y generalizado contra la población civil llevado a cabo de conformidad con una política de Estado, y no la circunstancias de que el poder estatal que active ello sea de iure [de derecho] o de facto".