Con 18 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 442 víctimas comenzó hoy en La Plata el juicio oral de tres causas unificadas en las que se abordará el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en las sedes de las brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la capital bonaerense, a cargo de lo jueces subrogantes Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers. En el inicio del juicio la presidencia quedó en manos de Basílico, pero se informó los miembros irán rotando en esa función teniendo en cuenta la extensión que se prevé para este debate.

El Ministerio Público Fiscal es representado por los y la integrante de la Unidad Fiscal Federal de esa ciudad que interviene en juicios por crímenes de lesa humanidad: los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda; y Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin, auxiliares fiscales.

El proceso que inició hoy con la lectura de la síntesis de los cinco requerimientos de elevación a juicio -y que continuará el próximo martes con el llamado a declaración indagatoria de los acusados- es el resultado de la unificación de tres causas que tramitaron por separado durante la instrucción, pero con puntos en común por el circuito que recorrieron las víctimas y la operatoria de la represión ilegal en el sur del Gran Buenos Aires.

En la causa del Pozo de Banfield, tal como se denominó a la brigada de esa ciudad, se investigan los crímenes contra 253 víctimas; en la del Pozo de Quilmes, 181; y en “El Infierno”, sede de la Brigrada de Lanús, 62.

De acuerdo con la Unidad Fiscal, de los 442 casos que se abordarán en el juicio, 36 víctimas pasaron por Banfield y Quilmes; 15 por “El Infierno” y Banfield; 3 entre “El Infierno” y Quilmes; y 6 víctimas pasaron por los tres centros clandestinos de detención.

El debate abordará privaciones ilegales de la libertad; aplicación de tormentos; homicidios; desapariciones forzadas; sustracción, retención y ocultamiento de niños y niñas nacidos y nacidas en cautiverio; y delitos contra la integridad sexual.

Llegan a juicio por primera vez en Argentina los delitos cometidos contra una mujer trans, víctima del Pozo de Banfield.

El debate

Tras los llamados a declaración indagatoria de los acusados previstos para el próximo martes 3, el tribunal procederá a la incorporación por lectura de los testimonios de las sobrevivientes Adriana Calvo, Cristina Gioglio y Nilda Eloy, quienes fallecieron en los últimos años. Luego se convocará a testigos de contexto, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y al resto de los testigos.

Teniendo en cuenta las vigentes medidas sanitarias de prevención del COVID-19, que condicionan que el debate se realice por medios remotos, el tribunal comenzará por llamar a los y las testigos cuyas declaraciones inicialmente estaban previstas por videoconferencia, pues residen lejos de la sede de los Tribunales Federales de La Plata.

Luego continuará, con acuerdo de las partes acusadoras y de los programas de contención y protección, con el llamado a declarar del resto de las personas. Basílico anunció que, a medida que avance el debate y también la pandemia, se evaluará la posibilidad de que el tribunal y algunas de las partes se constituyan en la sala de audiencias.

Pozos e Infierno

El “Pozo de Banfield” funcionó en esa localidad del distrito bonaerense de Lomas de Zamora, en la esquina de Siciliano y Vernet, en un enorme edificio que fue sede de diferentes organismos de la Policía provincial: la Brigada de Investigaciones, y las divisiones del área metropolitana de las direcciones de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia. Es decir, era un centro de enlace policial en el Conurbano.

Los calabozos y oficinas de ese lugar fueron escenario de torturas, asesinatos y partos clandestinos. No sólo daban a luz las mujeres confinadas en ese lugar, sino que también detenidas de otros centros clandestinos eran llevadas para que parieran allí. Entre otros casos, el “Pozo de Banfield” cobró notoriedad porque allí fueron vistos por última vez los estudiantes secundarios secuestrados en los episodios conocidos como La Noche de los Lápices. Por allí también paso la sobreviviente Valeria del Mar, mujer trans, quien sufrió múltiples violencias de parte de los represores del centro clandestino de detención. No fue el único caso de una persona trans que padeció estos delitos, pero se trata del primero en el país en llegar a juicio oral y público.

El “Pozo de Quilmes”, ubicado en la esquina de Alison Bell y Garibaldi de esa ciudad, fue uno de los centros clandestinos sobre los que más se indagó en los juicios realizados en los '80 a las juntas militares y al equipo represivo encabezado por el jefe policial Ramón Camps. Entre otros casos, también se acreditó que durante 1976 permanecieron secuestrados algunos de los jóvenes estudiantes secundarios. Este centro clandestino tuvo tres etapas de funcionamiento. La primera de ellas se prolongó hasta el 31 de diciembre de 1976, fecha hasta la que oficialmente se reconoció el funcionamiento de una brigada policial.

A medida que avance el debate y también la pandemia, se evaluará la posibilidad de que el tribunal y algunas de las partes se constituyan en la sala de audiencias.

La segunda se inició el 1° de enero de 1977, cuando, según un informe elaborado en 1986 por el jefe de Policía, el lugar "permaneció a disposición de la autoridad militar". El personal de la policía bonaerense continuó desempeñándose, de acuerdo con los testimonios de las víctimas que revelan que en esta etapa "los encargados de hacer las guardias siguieron siendo policías pero el Ejército se encargaba de realizar controles y practicar interrogatorios".

El estudio de cientos de legajos de policías que pasaron por el lugar permitió a la fiscalía corroborar que después de enero de 1977 se produjo un traslado masivo de oficiales para ocultar administrativamente la situación. En la mayoría de los legajos de los efectivos se asentaron traslados a la Brigada de Lanús.

La tercera etapa corresponde al paso de nueve prisioneros -entre enero y marzo de 1979- procedentes de la Capital Federal del circuito de centros clandestinos El Atlético, El Banco y El Olimpo (ABO), en el marco de una interna militar desatada en el Cuerpo I del Ejército, donde una facción le "ocultó" los desaparecidos a otra.

La Brigada de Investigaciones de Lanús tenía su sede en la calle 12 de octubre N°234 de Avellaneda, donde hoy funciona el Espacio Municipal de la Memoria. Se encontraba ubicada de forma equidistante entre los centros clandestinos de detención que funcionaron en la subcomisaría de Don Bosco (“Puesto Vasco”) y el “Pozo de Quilmes”. La dependencia policial se encontraba además bajo la jurisdicción militar del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, cuyo personal de inteligencia participaba de los interrogatorios a los prisioneros.

Entre las víctimas de “El Infierno” cuyos casos se abordarán en este juicio, la fiscalía identificó tres grupos particulares por la pertenencia: hay doce directivos y empleados del Hotel Liberty de Buenos Aires, dos trabajadores -Víctor Ventura y Esteban Reimer, ambos desaparecidos- de la Comisión Interna de Mercedes Benz y cinco de la fábrica de calefones SAIAR, de las cuales dos fueron desaparecidos: Héctor Alberto Pérez y Luis Adolfo Jaramillo. El cuerpo de este último fue identificado en 1990 en una tumba NN del cementerio de Avellaneda.

En la causa del Pozo de Banfield se investigan los crímenes contra 253 víctimas; en la del Pozo de Quilmes, 181; y en “El Infierno”, sede de la Brigrada de Lanús, 62.

Los acusados

Los 18 acusados que llegaron a esta instancia son el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex ministro de Gobierno, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones Zona Metropolitana, Juan Miguel Wolk; el segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones, Enrique Augusto Barre; el entonces médico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Antonio Bergés; el ex cabo de la Brigada de Investigaciones de Lanús, Miguel Ángel Ferreyro; el ex jefe del Batallón de Depósitos de Arsenales 601, Eduardo Samuel De Lío; y el ex jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci.

También son juzgados los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, que era la unidad de inteligencia que articulaba con las subzonas militares con sede en La Plata y en La Tablada, jurisdicciones castrenses de las cuales dependían los centros clandestinos: el jefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; el jefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda; los jefes del Grupo de Actividades Especiales en diferentes momentos, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Ricardo Armando Fernández; el jefe de la Sección Comando y Servicio, Alberto Julio Candioti; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; los entonces capitanes Carlos Gustavo Fontana y Carlos del Señor Hidalgo Garzón; y el segundo jefe del Destacamento, Antonio Herminio Simón.