La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Impugnación de Casación Penal, que estará conformada por las Fiscalías Generales n° 1, 2 y 3 con actuación ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital.

Estas fiscalías, creadas mediante el artículo 14 del Anexo II de la ley 27.063, por la cual se aprobó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que impone el sistema acusatorio, habían sido habilitadas ayer. En ese mismo acto, mientras se espera el desarrollo del concurso público y abierto que ya fue convocado para cubrir esos cargos, Gils Carbó había designado como fiscales subrogantes de las dependencias a los fiscales generales Irma Adriana García Netto, Guillermo Eduardo Morosi y Julio César Castro.

La Procuradora General señaló que la creación de esta Unidad Fiscal correspondía a instalar una dependencia en consonancia con los paradigmas de trabajo que el régimen procesal penal acusatorio “recientemente aprobado para el sistema de justicia nacional y federal le impondrá al Ministerio Público Fiscal, y en pos de alcanzar sin dilaciones esquemas funcionales versátiles, eficientes y provechosos de los recursos del organismo”.

También destacó que “en este diagrama organizacional, las/os fiscales que integran la Unidad podrán intervenir en forma conjunta o alternada, como representantes del Ministerio Público Fiscal, en cada uno de los procesos radicados ante el nuevo Tribunal”.

Además de lograr una actuación coordinada y homogénea de la institución en la nueva instancia casatoria, la titular del MPF resaltó que “serán objetivos primordiales de los integrantes de esta nueva estructura todos aquellos vinculados con el fomento de la interacción entre magistrados y magistradas del fuero nacional, entre sí y con las distintas Procuradurías, Unidades y Programas temáticos especiales de la Procuración General de la Nación, con miras a alcanzar un desempeño institucional articulado”.

Este esquema de trabajo ya había sido probado con éxito a partir de la creación Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) en septiembre de 2013. Allí, Gils Carbó había dispuesto la integración de la UFEP por las Fiscalías Nacionales de Ejecución Penal N° 1 y 2, con el objetivo de buscar robustecer el rol del Ministerio Público Fiscal y dotarlo de una organización novedosa en materia de gestión y control de la ejecución de las condenas y de las medidas alternativas al proceso penal. A un año de su creación, la UFEP demostró resultados netamente positivos.