Este mediodía, el Tribunal Oral Criminal N°5, hizo lugar al pedido del fiscal Fabián Céliz, y amplió la acusación a los dos imputados señalados como los responsables de administrar un taller textil clandestino ubicado en el barrio porteño de Caballito en el que murieron seis personas, cinco de ellas menores de edad y una mujer embarazada, el 30 de marzo de 2006.

A partir de ahora, los hechos serán juzgados por el delito de reducción a la servidumbre y no solo por estrago culposo. El pedido había sido solicitado el martes por el representante del Ministerio Público Fiscal en base a la hipótesis de que el incendio -y las muertes que ocasionó- no ocurrió de manera aislada e inconexa, sino que por el contrario fue consecuencia directa de una situación de hacinamiento sin control facilitada por parte de los encargados del lugar.

Según la investigación, en el lugar trabajaban y vivían más de 60 personas con sus respectivas familias en condiciones de hacinamiento, que realizaban jornadas que iban desde las 7:00 hasta altas horas de la madrugada. El expediente afirma que las víctimas contaban con un solo baño y con una sola ducha sin agua caliente, que las habitaciones estaban separadas por cartón prensado o maderas y que las puertas estaban hechas con cortinas de tela. Además, no tenían heladera, las conexiones eléctricas eran muy precarias y convivían con material inflamable.

El juicio comenzó el lunes y cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

El caso

El 30 de marzo de 2006, una mujer que se desempeñaba como cocinera fue al primer piso a buscar provisiones cuando advirtió del foco del incendio y comenzó a gritar para pedir ayuda. Entonces, la mayoría de los trabajadores abandonaron el lugar y otros intentaron rescatar a las víctimas utilizando entre 8 y 10 matafuegos que se encontraban en la vivienda. Sin embargo, la magnitud del fuego hizo que se derrumbara el segundo piso.

Como consecuencia de la investigación llevada a cabo, se pudo saber que en la planta baja del edificio funcionaba el taller textil donde se encontraban instaladas 37 máquinas de costura y que en el lugar trabajaban 67 personas de personas, en su mayoría de nacionalidad boliviana y muchos menores de edad, quienes también vivían en el lugar junto a sus familias en condiciones de hacinamiento.

Los acusados se encontraban a cargo del manejo del taller de costura y de repartir entre los operarios las actividades a realizarse, de proveerles alimentos, bebidas, los elementos necesarios para poder pernoctar y alimentarse (camas, colchones, platos, vasos, bebidas, etc.).

Según consta en la causa, las víctimas cobraban $50  en concepto de “vales de fines de semana”, lo cual presuntamente les sería descontado de sus honorarios mensuales. En la investigación, se demostró que los acusados y los trabajadores no habían acordado un monto mensual y que los pagos dependían de las prendas terminadas por cada operario, cuyos valores variaban según el modelo de los pantalones (entre $0,70 y $1,20)..