El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, Luis Rodríguez, dispuso el procesamiento de diez personas imputadas en la causa por la cual el pasado 3 de diciembre se allanaron 37 departamentos del hotel Las Naciones, ubicado en avenida Corrientes 818, y dos domicilios privados de Puerto Madero, procedimiento que derivó en el rescate de 23 mujeres víctimas de explotación sexual.

En esa oportunidad, se pudo dar con una red organizada acusada de recibir a mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en diferentes departamentos del hotel Las Naciones. En la causa trabajan articuladamente la Fiscalía Federal Nº 7, a cargo de Ramiro González, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cuyo titular es Marcelo Colombo.

Las personas procesadas por el juez Rodríguez son cuatro mujeres identificadas con las iniciales L. P. A, M. M., P. S., A. V. A., las principales imputadas, y seis hombres, identificados con las iniciales J. V. S., A. C. C., R. H., P. F., C. R. y J. C., acusados de ser partícipes secundarios.

El juez, además, dictó la prisión preventiva para dos de las principales imputadas, a quienes también les trabó el embargo sobre sus bienes por la suma de cien mil pesos cada una.

L. P. A. está acusada de haber utilizado cuatro departamentos para explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad y así obtener un beneficio económico. Además, según la resolución, se encargaría de promocionar a las víctimas a través de mensajes que intercambiaba con diferentes "clientes", algunos de ellos provenientes de Estados Unidos.

En tanto, M.M. está acusada de haber captado con fines de explotación sexual a una víctima en situación de vulnerabilidad para explotarla sexualmente en uno de los departamentos del hotel entre 2011 y hasta julio de 2012, momento en que la joven se animó a dejar de “trabajar” para ella. El caso forma parte de una de las tres denuncias que luego Protex logró unificar y que ahora tramitan juntas en el Juzgado Federal N°9.

La resolución judicial indica que, a través de escuchas telefónicas, se pudo vincular a M. M. con la realización de ritos umbandas, práctica con la cual amenazaba a una de las víctimas en caso de querer abandonar el “trabajo”. Para el juez, el rédito económico que obtenía producto de  la explotación sexual de otras mujeres, “explican el elevado nivel de vida de la imputada quien alquilaba dos departamentos ubicados en Puerto Madero y era dueña de un vehículo Citroen C3”.

En relación con la imputada A. V. A., el juez consideró que tenía a su cargo el pago de los alquileres de seis departamentos del hotel a sus propietarios pero que ella se los subalquilaba a las mujeres que eran prostituidas por un valor muy superior. Esa actividad, consideró el magistrado, fue realizada por la imputada bajo una aparente ocupación como coordinadora de alquileres temporarios [de departamentos] a turistas que funcionaba en el 5 piso del hotel Las Naciones.

En este contexto, P. S. está acusada de ser la organizadora de la banda y de convocar y recibir mujeres en situación de vulnerabilidad, mediante avisos o a través de recomendaciones de otras mujeres que formaban parte del circuito prostibulario, con fines de explotación sexual bajo la fachada de “masajistas”.

En su declaración, P. S. manifestó también que dirigía la página de internet mediante la cual se promocionaban los servicios sexuales que “ofrecían” las mujeres. Además, indicó que se encargaba de la publicación de avisos en el diario Clarín para contratar chicas que se prostituyeran en el lugar, de realizar las “entrevistas” de reclutamiento, que era propietaria del departamento 507 del hotel y que gestionaba la publicidad de los servicios sexuales  a través de la página de internet, citó el juez.

En el caso de A. V. S. y P. S. ,el juez ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 60 mil pesos cada una y la prohibición de salida del país.

Finalmente, los otros seis imputados que fueron procesados por el juez Rodríguez como partícipes secundarios son cinco empleados del consorcio, y el encargado de las cocheras.  A todos ellos, el juez también les decretó la prohibición de salida del país.

Por otro lado, el juez dispuso su falta de mérito de una mujer, a quien se acusó inicialmente de ser la encargada del establecimiento y de ejercer el rol de “recepcionista” de los denominados clientes.

Cómo funcionaba la red

Según la investigación desarrollada por el Departamento de Investigación de Trata de Personas de la Prefectura Naval Argentina, la banda funcionó al menos desde el 16 de diciembre de 2013 hasta el 3 de diciembre de 2014, día en que se realizaron los 37 allanamientos en simultáneo.

En las imputaciones, la fiscalía indicó que el lugar se publicitaba como un “centro de masajes”  a través de internet y avisos publicados en el diario Clarín. La modalidad consistía en pactar una “cita” telefónicamente con una recepcionista o bien se invitaba al interesado a concurrir directamente para ver personalmente el “staff” disponible y seleccionar a la “masajista” que más le gustara. Una vez en el hotel Las Naciones, los denominados “clientes” se presentaban en el hall de entrada donde los empleados del consorcio anunciaban su llegada. Luego, los dirigían al departamento 1209, que funcionaba como recepción, desde donde se los derivaba con las mujeres que brindaban "servicios sexuales", víctimas de la organización.

En otras ocasiones, los mismos empleados del consorcio o el encargado de cocheras se encargaban de derivar a los denominados clientes al departamento 1209, por lo cual recibían una suma de cien pesos por "cliente", a quienes desde allí se los dirigía a otro departamento empleado por la red en compañía de una de las víctimas de la banda. Además, según la imputación realizada, otra de sus tareas consistía en registrar o registrar falsamente la identidad de los "clientes" que concurrían al lugar para evitar su correcta identificación.

Para el juez, se encuentra acreditado que los departamentos del hotel Las Naciones donde se llevaban a cabo los encuentros sexuales eran cuatro: el 2507, 1401, 507 y 600. Esas locaciones, junto con el 1209, que funcionaba como recepción de la “casa de masajes”, son propiedad de la imputada P.S.

Los servicios que ofrecían las víctimas eran “masajes descontracturantes con relax manual” o “masajes de descontracturación y con relax al finalizar con las manos” y el precio variaba según el departamento donde se realizara. Si era un masaje denominado “standart” su precio era de 250 pesos y las víctimas recibían 80 pesos. En cambio, los “masajes vip” tenían un valor de 300 pesos y en esos casos las mujeres percibían 100 pesos.

Además, se pudo determinar que el precio de los “pases” no era decidido por las víctimas sino que eran pautados por la “casa de masajes”, es decir, por P. S.

Por otra parte, según el informe del Programa de Rescate, las víctimas relataron que, en caso de no querer realizar un “pase” con alguno de los clientes, debían entregarle a Salpeter el dinero que se suponía que debía recibir de su porcentaje.

Las víctimas señalaron también que, al finalizar la semana, momento en que las dos principales imputadas debían abonarles el porcentaje correspondiente, se les descontaba el monto de los bidones del agua que tomaban, el dinero relativo de la publicidad de las mujeres en otras páginas y las diferentes “multas” que las principales acusadas les imponían a las mujeres, ya sea por ausentarse o por llegar tarde.