La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presenta el documento Corrupción facilitadora de la trata de personas desde la perspectiva de género. Análisis diagnóstico, casuístico y normativo.

El informe elaborado por la PIA sintetiza los insumos de trabajo producidos por la procuraduría a partir de su participación en el proyecto regional de la Red de Fiscales contra la Corrupción y la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (RedTRAM) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

Es un documento diagnóstico sobre la corrupción asociada a la trata de personas a partir de un estudio de la normativa y de las obligaciones internacionales al respecto, así como del análisis de casos producto del relevamiento de jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación en sentencias sobre trata de personas con funcionarios públicos imputados.

Desde 2019, la Red de Fiscales contra la Corrupción y la RedTRAM promueven distintas iniciativas para abordar la problemática de la corrupción asociada a la trata, tales como talleres internacionales, documentos sobre buenas prácticas y recomendaciones e instrumentos metodológicos para construir información e indicadores de riesgo.

En ese sentido, emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que la corrupción puede ocurrir a lo largo de toda la cadena criminal de la trata de personas - captación, traslado, acogida y explotación-, así como en los sistemas de justicia o de protección de las víctimas. Concluyeron que, al ser la corrupción un elemento fundamental para el funcionamiento de las redes de trata de personas, su desarticulación implica necesariamente acciones de prevención, investigación y sanción de los funcionarios públicos involucrados.

Tipología de casos y mapeo de riesgos

Para conocer la dinámica de la corrupción facilitadora, identificar tipologías y mapear los riesgos, en el ámbito de la Red de Fiscalías Anticorrupción de AIAMP se desarrolló una herramienta de indicadores para construir información sobre este fenómeno criminal, diseñada con el aporte de EUROsociAL+.

Esta herramienta aportó criterios metodológicos que la PIA aplicó en la producción de información a nivel local. Para ello, se realizó un relevamiento de sentencias de la Cámara Federal de Casación en casos de trata con participación de funcionarios públicos, desde al año 2012 hasta 2019. El análisis de esos casos reveló que la totalidad corresponde a casos de trata sexual y la participación pública se detectó en el eslabón de acogida y explotación (92% del total). Entre otras cuestiones, también se identificó como actores de riesgo a las fuerzas de seguridad y a los agentes municipales. Los funcionarios imputados fueron en un 50% integrantes de fuerzas de seguridad, mientras que un 46%, municipales.

El análisis de la jurisprudencia también reveló que en algunos casos los funcionarios involucrados percibieron una retribución económica y en otros se alude a “favores sexuales”, sugiriendo formas de ejercicio de la denominada sextorsión. Esto refuerza que el análisis de género es esencial para abordar este fenómeno delictivo.

Réplica en el ámbito nacional: Foro FIA y OA

El análisis de casos también reveló que en nuestro país ciertos riesgos de corrupción facilitadora de trata están vinculados con normativas provinciales y municipales que, al no encontrarse en línea con estándares convencionales y con el marco normativo nacional, facilitan la participación de funcionarios públicos en la trata y explotación de personas y dificultan su investigación y sanción.

Para trabajar en esta hipótesis a nivel nacional, la PIA propuso la constitución de un grupo de trabajo en el Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción. Las distintas jurisdicciones que lo integran se encuentran realizando un relevamiento normativo con el objetivo de conocer la situación en cada una de las jurisdicciones respecto de la corrupción facilitadora y generar recomendaciones para mejorar la prevención y sanción de los funcionarios públicos involucrados en estos casos.