La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presenta el informe Corrupción, género y trata de personas: análisis de las normativas locales, elaborado conjuntamente con las fiscalías de Investigaciones Administrativas (FIA) de Chaco, La Pampa y Río Negro, las oficinas Anticorrupción (OA) de Chubut y Jujuy y la Dirección de Transparencia de Rosario, dependencias integrantes del Foro Permanente de FIAs y OAs de Argentina.

El documento recoge un relevamiento normativo de nivel provincial y municipal sobre corrupción y trata, realizado por las distintas jurisdicciones con los objetivos de detectar normativas locales que regulan estas materias, analizar el grado de adecuación a estándares internacionales e identificar mecanismos para fortalecer las capacidades locales en el combate a la corrupción asociada a la trata de personas. El trabajo incluye buenas prácticas identificadas y formula sugerencias.

Este informe se inscribe en las actividades que la PIA realiza en el marco del proyecto regional sobre corrupción y género que se desarrolla en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) con el apoyo de la agencia de cooperación EUROsociAL+. Las conclusiones y recomendaciones que aquí se presentan se expusieron en la Segunda Reunión Anual Ordinaria del Foro FIA y OA, del 10 de diciembre pasado.

Desarrollo del grupo de trabajo

En agosto de 2020 la PIA propuso al Foro de FIAs y OAs integrar un grupo de trabajo a fin de replicar el proyecto que a nivel regional se estaba realizando respecto de los contextos de corrupción asociada a la trata de personas. El grupo fue conformado por las FIA de Chaco, La Pampa y Río Negro, las OA de Chubut y Jujuy y la Dirección de Transparencia de Rosario.

La PIA había realizado una recopilación de información sobre la corrupción facilitadora de la trata en nuestro país, cuyos puntos salientes se publicaron como Corrupción facilitadora de la trata de personas desde la perspectiva de género. Análisis diagnóstico, casuístico y normativo.

Allí se observó que uno de los puntos a trabajar era evaluar si las normativas de orden provincial y municipal que regulan actividades vinculadas a la trata se encontraban armonizadas con el marco normativo nacional e internacional, de manera de evitar normativas locales que pudieran distorsionar el rol de agentes públicos de detección de casos y dificultar la atribución de responsabilidades de los funcionarios en las investigaciones de posibles conductas ilícitas asociadas a la trata. Asimismo, se precisó que era necesario tener presentes los distintos mecanismos de control sobre estos agentes, según sean nacionales, provinciales o municipales.

De esta manera, las jurisdicciones que integraron el grupo de trabajo realizaron un relevamiento normativo y de información con distintos organismos provinciales y municipales, a fin de detectar nudos críticos, identificar buenas prácticas y formular algunas recomendaciones para mejorar tanto la prevención como la investigación de casos de corrupción asociada a la trata y explotación de personas.

Las recomendaciones propuestas giran en torno a la institucionalización de mecanismos de articulación entre áreas anticorrupción y antitrata para la investigación de funcionarios públicos involucrados; el desarrollo de actividades de capacitación y sensibilización sobre corrupción facilitadora; la revisión de ordenanzas y leyes que regulan habilitaciones y actividades de riesgo de trata; y distintas estrategias para el fortalecimiento de la acción de los organismos anticorrupción en el combate a la corrupción facilitadora de la trata.

En la próxima etapa del proyecto se prevén realizar actividades de sensibilización y capacitación con las distintas jurisdicciones.