La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y funcionarios de las fiscalías de las distintas jurisdicciones de la Patagonia participaron la semana pasada del “Seminario sobre aspectos del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. Normas nacionales, provinciales y su aplicación práctica”, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el Centro Cultural Medasur de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

El encuentro, que se realizó entre el martes y el jueves pasados, también fue promovido por el Ente Cultural Patagonia, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Secretaría de Cultura de La Pampa, con el objetivo de prevenir el tráfico ilícito de patrimonio cultural mediante acciones conjuntas. Además del Ministerio Público Fiscal, participaron la INTERPOL y distintos representantes culturales de todas las provincias del sur argentino como la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL).

Como una de las representantes del MPF, intervino la integrante de la PROCELAC y representante suplente ante el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Agustina Sienra Martínez. En su exposición titulada “Protección penal e investigación de hechos de tráfico ilícito de bienes culturales”, la funcionaria disertó sobre la competencia y las funciones que al respecto tiene la oficina especializada de la Procuración General de la Nación que ella integra.

Por su parte, la charla “Marco general de protección y tutela de los bienes culturales ante el derecho argentino y el derecho internacional”, estuvo a cargo del auxiliar fiscal Pablo Gasipi, de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, quien fue convocado por UNESCO.

En la segunda jornada, el fiscal general interino de la Unidad Fiscal Río Gallegos, Julio Zárate, participó de la charla “Buenas prácticas y aprendizajes. La experiencia de los comités técnicos, unidades especializadas, guías y protocolos de reconocimiento de bienes en las provincias participantes”.

Participaron también, integrando los diferentes paneles, la fiscal Vanesa Rebolledo Venancio y los auxiliares fiscales Rodrigo Quinteros y Juan Aráoz, de la Unidad Fiscal Neuquén.

El seminario finalizó el jueves último con una visita al sitio patrimonial de Parque Luro, donde los bienes culturales más destacados son “el Castillo”, declarado Monumento Histórico Nacional, que alberga mobiliario original y objetos de la época de Pedro Luro y su zona adyacente, compuesta a su vez por dos sectores: uno, el parque y la vegetación implantada a principios del siglo XX y la otra, la de vegetación y fauna autóctonas, preservada como patrimonio natural intangible. Por último, el encuentro concluyó con las conclusiones y una propuesta de continuidad del programa de protección de bienes culturales patrimoniales.

El seminario finalizó con una visita al sitio patrimonial de Parque Luro, donde se encuentra el Castillo, declarado Monumento Histórico Nacional. Foto: MPF

Fundamentación del seminario

“El tráfico ilícito de bienes culturales es un fenómeno complejo y de grandes dimensiones cuya prevención exige el trabajo y cooperación interinstitucional, así como la implementación de acciones normativas, institucionales y de sensibilización”, destaca la fundamentación del programa del seminario.

Asimismo, agrega que “a los delitos más divulgados como el robo, saqueo o contrabando de bienes culturales patrimoniales, se adicionan el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y los crímenes de la delincuencia internacional organizada”.

“Estas nuevas depredaciones reclaman el trabajo coordinado, permanente y sostenido de los distintos actores involucrados, para lo cual es fundamental como primer paso la identificación de los agentes implicados en la protección de los bienes culturales, para luego encarar la capacitación específica y el conocimiento y difusión de las herramientas disponibles”, informa.

A su vez, sostiene que “las modalidades que atentan en la actualidad contra la protección de los bienes culturales exigen la participación y cooperación sostenida de los profesionales del patrimonio cultural, y de las autoridades y funcionarios judiciales”.

Por último, destaca que se vuelve necesario “conocer los instrumentos jurídicos sobre el tema –tanto internacionales, nacionales como locales-, la normativa disponible y aplicable, las medidas administrativas y los procedimientos y protocolos técnicos a emplear y reconocerlos como aliados en la fundamentación de acciones e intervenciones”.