El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, suscribieron hoy un convenio de cooperación destinado a garantizar mecanismos ágiles y eficientes para la adopción de medidas de seguridad y protección cuando la vida o la integridad física de fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación se vean amenazadas en el ejercicio de sus funciones.

La firma se realizó en la sede de la Procuración General de la Nación, donde Casal estuvo acompañado por el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel; la subdirectora adjunta de esa oficina, María Teresa Bertotto; y el secretario letrado Juan Dóllera.

A su vez, acompañaron a la ministra su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, y el director de Normativa y Legislación de la cartera de seguridad, Martín Ferlauto.

El convenio también define el procedimiento que debe seguirse cuando este tipo de medidas deban ser dispuestas repecto a los integrantes de otros ministerios públicos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) que se deban trasladar a la Argentina y, por el ejercicio de sus funciones, se encuentren en una situación de riesgo.

Ambos mecanismos siguen los lineamientos fijados en la Resolución PGN 13/2024, mediante la que se aprobó el Protocolo de Seguridad de Fiscales de la AIAMP y se estableció que los agentes del MPF en situación de riesgo o amenaza lo comuniquen a la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI) para que lo canalice ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y se implementen las medidas necesarias para mitigar dichas situaciones.

Con la firma del convenio, estos procedimientos se robustecen a partir del compromiso asumido por el Ministerio de Seguridad para implementar directamente las acciones requeridas.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, al momento de la firma del convenio. Foto: M. Pellón

Procedimiento para fiscales y miembros del MPF

De acuerdo a lo firmado, la SCI del MPF será la encargada de remitir al Ministerio de Seguridad toda solicitud de un/a fiscal, funcionario/a o empleado/a del MPF que, por su labor, enfrente actos de violencia, amenazas o intimidaciones que lo coloquen en situación de riesgo. Se estipulo que, si el caso lo amerita, la SCI podrá proponer medidas urgentes de protección mientras se realiza la evaluación de riesgo.

El ministerio, conforme a sus procedimientos, realizará esa evaluación y determinará las medidas de seguridad y protección que resulten proporcionales a la situación. Dichas acciones deberán implementarse previa conformidad libre e informada de la persona requirente, y el resultado de su ejecución deberá ser comunicado al MPF.

Procedimiento para integrantes de la AIAMP

Respecto de fiscales, funcionarios y empleados de otros ministerios públicos miembros de la AIAMP que deban trasladarse a la Argentina en situaciones de riesgo, el convenio prevé que el MPF eleve al Ministerio de Seguridad los pedidos de cooperación interinstitucional efectuados por otros ministerios públicos miembros de dicha asociación para adoptar las medidas de seguridad a fiscales, funcionarios o empleados que requieran trasladarse a la República Argentina y se encuentren en una situación de riesgo.

La remisión deberá incluir la identificación y datos de contacto de las personas, las medidas de protección que se solicitan implementar, el itinerario de viaje, el tiempo de permanencia en el país estimado y los domicilios previstos. Con esos elementos, el Ministerio de Seguridad realizará la evaluación de riesgo y dispondrá las medidas correspondientes, cuya implementación y resultados serán informados al MPF.