El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó mediante Resolución PGN N°13/2024 el “Protocolo para la protección y seguridad de fiscales, funcionarios y servidores de los Ministerios Públicos”, que fuera ratificado en la XXXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, celebrada en Santiago de Chile entre el 1 y el 2 de febrero pasado.

El protocolo fue elaborado por el Grupo de Trabajo de Seguridad y Protección de Fiscales de la AIAMP, en el cual se abordan y promueven mecanismos y procedimientos para la implementación de medidas de seguridad y protección para las y los fiscales, funcionarias/os y empleadas/os cuando estén en situación de riesgo o amenaza a su vida e integridad física, derivadas del ejercicio de sus funciones. El grupo de trabajo es co-coordinado por la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI) de la Procuración General de la Nación junto a la representación del Ministerio Público Fiscal de la República del Paraguay, con el objeto de promover acciones interinstitucionales, generar herramientas internas y fortalecer la cooperación internacional para mitigar estas situaciones.

En la resolución, Casal también designó a la SCI, que encabeza Juan Manuel Olima Espel, como punto focal para la aplicación del Protocolo.

De esta forma, cuando un o una integrante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por el ejercicio de sus funciones, considere estar sometido a actos de violencia, amenazas o intimidación, podrá solicitarle por correo electrónico a la SCI que active las medidas de seguridad y protección. En ese contexto, la SCI dará curso al pedido y lo remitirá al Ministerio de Seguridad de la Nación, que evaluará el riesgo y dispondrá las medidas que estime necesarias para garantizar el resguardo de la integridad física o el normal funcionamiento de la dependencia en riesgo.

El protocolo también contempla la evolución transnacional de la criminalidad organizada y la necesidad de resguardar a las y los miembros de los ministerios públicos que integran la AIAMP cuando se encuentren fuera de su país. En estos casos, también se deberá dar aviso a la SCI, cuando las y los fiscales, funcionarios y/o empleados que hayan sido amenazadas/os por sus labores, deban trasladarse a cualquier país que integre la AIAMP, a fin de arbitrar los medios para implementar las medidas de protección y seguridad en el lugar de destino.