El fiscal general Teodoro Nürnberg solicitó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia penas de hasta 19 años de prisión para tres exmilitares, dos policías de la provincia de Santa Cruz y un prefecto, por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 23 víctimas en el centro clandestino “Las Casitas” del Regimiento 8 de Infantería General O’Higgins, durante la época del terrorismo de Estado.

En su alegato ante el tribunal -integrado por los jueces Ana María D'Alessio, Enrique Baronetto y Alejandro Cabral-, realizado el viernes pasado, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso, durante seis horas, los hechos investigados, la existencia de distintos centros clandestino de detención, las calificaciones legales y el pedido de pena para los imputados, con el siguiente detalle:

• Raúl Pantaleón Cruz: integrante del Ejército, el representante del MPF reclamó una pena de 19 años e inhabilitación perpetua, por ser considerado partícipe necesario de los delitos de violación de domicilio en cinco casos; en concurso real de privación de la libertad realizada por un funcionario público con abuso de sus funciones; severidades, vejaciones, apremios ilegales agravados por haber sido cometidos con violencia o amenazas reiterados en 18 ocasiones; imposición de tormentos en 18 oportunidades; agravado por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de 18 personas; en concurso real con el delito de asociación ilícita.
• Alfredo Pablo Lisseri: exintegrante de la Prefectura Naval, una condena de 11 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, por considerarlo partícipe necesario de los delitos de violación de domicilio en perjuicio de dos personas; privación ilegítima, severidades, vejámenes y apremios ilegales agravados por haber sido cometidas mediante el uso de violencia o amenazas en perjuicio de cuatro víctimas; imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de cuatro personas; en concurso real de asociación ilícita en carácter de integrante.
• Mario Enrique Pérez, expolicía de la provincia de Santa Cruz. pena de 14 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, al considerarlo como autor mediato de los delitos de violación de domicilio en perjuicio de dos personas; privación de la libertad realizada por funcionario público con abuso de sus funciones cometida en ocho hechos, agravado por mediar violencia o amenazas en dos casos; severidades, vejaciones y apremios ilegales contra dos personas por haber sido cometidos con violencia o amenazas; imposición de tormentos agravado por ser las victimas perseguidos políticos en tres casos; en concurso real de asociación ilícita en carácter de integrante.

• Francisco Olegario Sevilla: expolicía de la provincia de Santa Cruz, a una pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, por ser partícipe necesario de los delitos de violación de domicilio en un caso; privación de la libertad realizada por funcionario público con abuso de funciones en perjuicio de seis personas; severidades, vejaciones y apremios ilegales agravados por haber sido cometidos con violencia o amenazas en dos hechos; imposición de tormentos agravado por ser la victima perseguido político en un caso; en concurso real de asociación ilícita en carácter de integrante.

• Eduardo Rodríguez y Fernando Pedernera: exmiembros del Ejército. Para el primero solicitó una pena de 5 años de prisión y, para el segundo, 3 años y 6 meses de prisión y, para ambos, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, al considerarlos como partícipes secundarios del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de dos víctimas, en el caso del primer imputado, y en un hecho, con respecto al segundo.

Asimismo, pidió la absolución para el acusado Rafael Augusto Manuelides, integrante de la policía de Santa Cruz.

Por esta misma causa estaban imputados, pero fallecieron antes del inicio del debate, los siguientes acusados: Jorge Alberto Chanfreau, exintegrante del Ejército Nacional; el exprefecto Carlos María Gómez Coll; el exmiembro de la Policía Federal Carlos Daniel Moreno; y Roberto Francisco Blumetti, José Mercedes Muñoz y Carlos Alberto Seguel Páez, exefectivos de la Policía de Santa Cruz.

En el juicio -iniciado en agosto pasado- se juzgan los crímenes en perjuicio de 23 víctimas que fueron secuestradas en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, las localidades santacruceñas de Güer Aike, Pico Truncado y Caleta Olivia; y la capital bonaerense, La Plata. Otros fueron trasladadas a esos centros clandestinos de detención (CCD) involucrados desde los penales de Rawson y Trelew. Entre las víctimas, se encuentra el militante universitario Guillermo Silvera, quien aún permanece desaparecido.

Centro clandestino “Las Casitas”

Durante su alegato, el fiscal Nürnberg aseguró que, “desde enero de 1976, en Comodoro Rivadavia, existieron no uno, sino varios centros clandestinos de detención utilizados bajo el control operacional militar”. Al enumerarlos, mencionó la sede de la Policía Federal Argentina, la delegación local de la Prefectura Naval Argentina, el Regimiento 8 de Infantería, el Batallón Logístico IX, la Compañía de Mantenimiento 181 y las comisarías locales “que prestaban colaboración para una detención provisoria de las personas detenidas ilegalmente".

Al mencionar el CCD “Las Casitas”, sostuvo que existió entre los distintos testimonios de las víctimas “una coincidencia total y absoluta en que estaban en una unidad militar de Comodoro Rivadavia por la que pasaban aviones”.

Luego, se refirió al engranaje represivo de la dictadura cívico militar. "La represión de disidentes y opositores políticos, sindicales, tuvo apariencia de legalidad, con la creciente preponderancia de legislación e instituciones represivas y, a su vez, se organizó un aparato de represión clandestina y sistemática" expresó el fiscal, quien citó el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la Masacre de Trelew.

Por otra parte, Nürnberg abordó el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado y, específicamente, a la complicidad que tuvo el fallecido juez federal de instrucción de Rawson Omar Garzonio. “Iban y le decían que fueron torturados y Garzonio les preguntaba ‘¿tiene pruebas?', ‘no', ‘entonces no lo voy a asentar'. Garzonio debería dejar de llamarse juez", opinó el fiscal.

"Ustedes saben que esta causa se inició hace muchísimos años; en 1987 hubo acá una investigación y ya había en la CONADEP denuncias desde 1984”, indicó el fiscal, señalando el letargo de la causa.  En ese sentido agregó: “Cuando estábamos caminando en la primera inspección ocular conversábamos con Graciela Mura, esposa de una de las víctimas, donde me preguntó ‘¿por qué se demoró tanto?' y en gran parte es la respuesta que de alguna manera el Estado le dio a ella: porque hubo casi 20 años donde estuvo vigente la Ley de Obediencia Debida y el Punto Final".

Por último, resaltó que la investigación debe continuar porque “aún hay responsables que no han sido llevados al banquillo de los acusados”. En ese sentido, sostuvo: "Este expediente contiene los nombres de personas que no fueron investigadas y de víctimas que no tuvieron la oportunidad de contar lo que sucedió. No nos es indiferente el paso del tiempo", finalizó.