El fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Leonel Gómez Barbella, solicitó el juicio oral para dos hombres y una mujer acusados de haberle robado 30 mil dólares a un empleado que había concurrido, por encargo de su jefe, a intercambiarlos por pesos. El hecho ocurrió la tarde del 1° de septiembre de 2025, en el interior de un departamento de la calle Junín al 1600, en el barrio porteño de Recoleta.
El representante del Ministerio Público Fiscal presentó ante la jueza Vanesa Peluffo, a cargo del Juzgado N°63 del mismo fuero, el requerimiento de elevación a juicio de la investigación seguida contra los acusados Javier Hernán Córdoba (43), Julieta Antonella Avallone (38) y Lautaro Martín Catalano (21).
De acuerdo con la acusación, las tres personas desapoderaron a la víctima, que había concurrido al lugar por indicación de su jefe quien había acordado telefónicamente intercambiar divisas con una mujer que lo contactó el día anterior al hecho.
En virtud de esto, el fiscal solicitó que los tres imputados sean juzgados como coautores de los delitos de robo agravado, por haberse cometido en poblado y en banda y por su comisión con arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse acreditada; y privación ilegal de la libertad agravada. Catalano también deberá responder como autor de la tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y de guerra.
El caso
El 30 de agosto, una mujer que dijo llamarse Mercedes contactó al hombre para cambiar $45.900.000 por 30 mil dólares. Al día siguiente, a través de mensajes de la aplicación WhatsApp la mujer le pidió que llevaran el dinero a un departamento de la calle Junín al 1600, a lo que el hombre indicó que iría su empleado. Así, el cambista le entregó a su dependiente un paquete con el dinero y la dirección a donde debía ir, y le dijo cuántos dólares debían entregarle.
Ese mismo día, antes del mediodía, Catalano concurrió al edificio y le retiró al encargado las llaves del departamento donde se cometió el robo. Una hora después, el imputado bajó a abrirles la puerta a Córdoba, a Avallone y a un tercer hombre, que aún no pudo ser identificado.
A las 14 llegó el empleado del cambista, quien fue recibido por Avallone vestida con un ambo, quien lo acompañó hasta el departamento y le indicó que “ahora te va a atender la doctora”, en referencia a la mujer que se había contactado con su jefe. Sin embargo, aparecieron Córdoba, Catalano y el hombre no identificado, quienes le exhibieron armas de fuego, lo golpearon con ellas en la cabeza y en el estómago, y le sustrajeron el paquete con dinero. Luego, lo llevaron a una habitación donde le dijeron que “esto era contra su jefe”, mientras uno de los hombres le ató las manos con precintos.
Posteriormente, le dijeron que iban a dejarle abierta la puerta y su celular dentro de un placar, tras lo cual se fueron del lugar y abordaron una camioneta Ford EcoSport, que estaba en un estacionamiento cercano. Pasados unos minutos, la víctima salió al pasillo y pidió auxilio; un vecino le cortó las ataduras y contactó al dueño del departamento. Una vez fuera del edificio, la víctima se comunicó con su jefe y le informó lo ocurrido, quien denunció los hechos en la comisaría vecinal 2A de la Policía de la Ciudad.
La causa fue delegada a la fiscalía, dado que se trataba de una investigación con autores desconocidos. En ese contexto, se le encomendó a personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, una serie de tareas de investigación para individualizar a los responsables. Una vez identificados dos de los hombres y la mujer, la fiscalía le solicitó a la jueza Peluffo el allanamiento de los domicilios asociados a los imputados y su detención.
A juicio
El 13 de noviembre, a pedido del fiscal Gómez Barbella, la jueza Peluffo dispuso el allanamiento de dos domicilios ubicados en la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza, donde se apresó a los tres imputados, que continúan detenidos. Además, en poder de Catalano, en el interior de una mochila, se secuestraron dos pistolas Bersa -calibres 380 y 22- con sus respectivos cargadores y 21 municiones, junto a 27 precintos negros y un ambo rojo.
Con las pruebas recabadas, Gómez Barbella solicitó la elevación a juicio de la investigación contra los tres imputados, al tiempo que postuló el sobreseimiento de Córdoba y Avallone, respecto a la portación de las armas. Para así proceder, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la víctima no tenía conocimiento previo de que su jefe le encargaría la diligencia ni el lugar a donde debía ir. En esa línea, agregó que, de las tareas encomendadas a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, surgió que “al menos desde el 27 de agosto, los encausados fueron captados por la cámara de seguridad del edificio realizando actividades claramente preparatorias, lo que conlleva a pensar que el episodio fue planificado sin la participación” del damnificado.
Por otra parte, la fiscalía destacó que, en el allanamiento del domicilio de Catalano, “se hallaron en el interior de una mochila -de similares características a la utilizada el día del hecho- las dos armas de fuego secuestradas en autos junto con veintisiete precintos negros”, lo que le otorga mayor sustento al relato de la víctima.
“Otro dato no menor es el secuestro dentro del departamento de Catalano, de 27 precintos y un ambo rojo, elementos similares a los utilizados en el hecho”, indicó el fiscal en su requerimiento y añadió que “en este punto, los imputados se manejaron con armas de fuego ya que a uno de ellos se le incautó armamento lo que demuestra con elocuencia que mantienen familiaridad con las armas de fuego, independientemente de no verificarse que se traten de las mismas armas de fuego que las secuestradas”.
En consecuencia, Gómez Barbella requirió que la elevación a juicio de la investigación seguida contra Córdoba, Avallone y Catalano.
Así, al fundamentar la calificación penal, el representante del MPF indicó que “el aspecto objetivo exigido por el tipo penal de robo se ha visto satisfecho en tanto los nombrados, junto a un hombre no identificado, sustrajeron ilegítimamente la suma de U$S 30.000 ejerciendo para ello violencia sobre la víctima, al maniatar, propinar golpes y amedrentarlo con armas de fuego”.
En cuanto a la privación ilegal de la libertad agravada, la fiscalía destacó que el hombre “permaneció privado de su libertad habiendo sido maniatado y encerrado en el departamento, aplicándole intimidaciones y golpes, no solo mientras se consumaba el injusto sino que después de que se dieron a la fuga, lo dejaron en esas condiciones atado sus manos con precintos en la habitación”. Añadió que “en el caso bajo análisis, excedió la mera privación durante el hecho del robo, pues como se dijo, la privación perduró hasta que pudo ser rescatado por un vecino ya que los imputados se retiraron y la privación de la libertad continuó”.
“Se ha verificado una secuencia delictiva en la que los nombrados son coautores activos del accionar desde sus inicios -donde Avallone recibió a la víctima en el inmueble-, que permitió la realización del posterior e inmediato ataque desplegado por Catalano y Córdoba junto a otro individuo desconocido al momento”, concluyó el fiscal en su presentación.
Por otra parte, en relación con el pedido de sobreseimiento de Córdoba y Avallone -imputados por la portación de armas-, el fiscal Gómez Barbella entendió “que no existe prueba que nos permita sostener que efectivamente las armas de fuego que se incautaron en poder de Catalano hayan sido -efectivamente- las que utilizaron para cometer el atraco o en aquel momento tenían municiones”.
“Si bien las pistolas que detentaba Catalano en su domicilio resultan aptas en sí mismas para el disparo, la falta de certeza respecto de que sean las mismas durante el robo, o en su caso, si llevaban o no los proyectiles, impide endilgarles a Córdoba y Avallone la portación de esas armas de fuego incautadas al primero”, señaló el representante del MPF.
Finalmente, el fiscal solicitó profundizar la investigación para identificar a otras personas que intervinieron en el hecho.