El fiscal titular de la Fiscalía General N° 8 ante los Tribunales Orales Federales de Capital Federal, Marcelo Colombo, y la auxiliar fiscal Agustina D'Angelo comenzaron esta semana con el alegato en el marco de la causa donde se investiga una operación montada para entorpecer y manipular el proceso judicial que investigaba el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010.

“El plan tuvo una estrategia principal y una táctica para lograr la impunidad de Pedraza”, recalcó el fiscal Colombo ante el juez Nicolás Toselli y las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°8. 

Los imputados son el abogado y exmagistrado penal Octavio Luis Aráoz de Lamadrid, el exvicepresidente de "Belgrano Cargas” Ángel Luis Stafforini; el exfuncionario judicial, Luis Ameghino Escobar, quien fue integrante de la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal y la exdirectora suplente de Belgrano Cargas SA, Susana Rita Planas.

Cabe recordar que en la causa también se encontraban imputados el exagente de la Secretaría de Inteligencia (ahora SIDE) Juan José Riquelme y el titular de la Unión Ferroviaria pero fallecieron antes del comienzo del juicio oral. No obstante, durante su exposición, el MPF resaltó cómo fueron sus roles en toda la maniobra delictiva.

La exposición de la fiscalía se extenderá una jornada más, prevista para el próximo jueves 5 de marzo, donde se explicará la calificación legal correspondiente al caso. La querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya realizó su alegato y luego del MPF, será el turno de las defensas de los implicados.

Una causa con múltiples vínculos y contactos

Para el fiscal, a partir del homicidio de Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 en el marco de una manifestación que realizaban un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados, comenzaron una serie de acciones en torno a garantizar la impunidad de Pedraza y del resto de los implicados en el caso.

La fiscalía señaló que "hubo un pacto previo entre las personas implicadas, quienes desarrollaron una serie de acciones escalonadas tendientes a lograr la revocación de los procesamientos y la liberación de los siete imputados por el crimen de Mariano Ferreyra".

Cabe recordar que en noviembre de 2010, fueron procesados varios de los implicados en la causa principal  y a fines de diciembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esa decisión, al mismo tiempo que rechazó las excarcelaciones. Al mismo tiempo, comenzaron los movimientos, las llamadas y los encuentros principalmente entre Aráoz de Lamadrid y el fallecido Riquelme pero también con Stafforini.

“El plan fue orquestado por tres personas mientras que otras tres dieron sus aportes necesarios. El objetivo final era influir en los jueces de la Cámara de Casación, principalmente en Eduardo Riggi y, a través de él, en los otros”, puntualizó el fiscal, en referencia al rol preponderante que tuvieron Riquelme, Aráoz de Lamadrid y Pedraza en toda la maniobra.

Durante las dos jornadas de alegato, el fiscal Colombo y la auxiliar fiscal D'Angelo mostraron las llamadas y contactos entre los implicados en la maniobra. También exhibieron una serie de audios donde hablaban al respecto de la causa principal por el crimen de Mariano Ferreyra y sobre cómo debían actuar para asegurarse que el caso recayera en la sala de Casación que les interesaba.

Tras esto, señalaron que al momento de los hechos, Riquelme mantenía “aceitados vínculos” con distintos jueces federales de distintas instancias, más allá de su rol como integrante de la SIDE. “Era el operador, el intermediario entre los diferentes actores del plan de impunidad”, precisó.

“El propósito del pacto era detener a como fuera lugar el avance de la investigación penal pero no solo de los autores materiales sino de los autores de escritorio, los intelectuales, los que estaban detrás de la organización de esta represión brutal que terminó en el homicidio de Mariano Ferreyra”, explicó el fiscal y detalló lo que se comprobó en el juicio por el crimen del militante y la actuación por la que Pedraza fue finalmente condenado a 15 años de prisión.

Repasó también la sentencia que confirmó la condena contra el gremialista, donde se hizo hincapié en los negocios que mantenía y como recibía fondos del Estado para pagar salarios pero que no eran aplicados a ello sino al funcionamiento de una estructura empresarial que había sido montada en paralelo a la Unión Ferroviaria.

“El motor que activó el plan de impunidad fue la desesperación de Pedraza por dos motivos: uno era ir preso y el otro era dejar de beneficiarse de todo ese emporio económico y corporativo que manejaba”, afirmó

Cómo se pergeñó el plan

El fiscal Colombo sostuvo que el abogado y exjuez Aráoz de Lamadrid fue convocado especialmente por “su poder de lobby” frente a magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Lo señaló como quién logró que interviniera en el caso la sala III de la Cámara de Casación, a partir del sorteo que amañó el por entonces integrante de la oficina Ameghino Escobar.

“Tanto Pedraza como Riquelme y Stafforini conocían que el caso iba a terminar en Casación, por lo que buscaron un abogado que pudiese tener influencias ahí” señaló el representante del MPF y recordó la presentación que hizo el exvicepresidente de "Belgrano Cargas” al respecto, donde se hablaba del exmagistrado como alguien que contaba “con la experticia necesaria”.

Parte del descargo realizado por el imputado Stafforini.

Durante las dos jornadas de alegato, la fiscalía exhibió al Tribunal no solo las llamadas y los mensajes que hubo entre imputados sino también los audios con las conversaciones que mantenían, que se consiguieron tras la apertura de este expediente por la sospecha de las maniobras para entorpecer el caso principal.

Si bien hubo charlas desde octubre, en enero se intensificaron hasta el momento en que se manipuló el sorteo. La auxiliar fiscal  D'Angelo reveló que existieron más de 30 comunicaciones telefónicas antes de enero entre Aráoz de Lamadrid, Riquelme y Pedraza, en distintos momentos clave de la investigación como cuando se lleva adelante el primer procesamiento y cuando se conoce que la fiscalía de instrucción había solicitado la indagatoria del titular de la Unión Ferroviaria.

Durante el alegato, se exhibieron los entrecruzamientos de llamadas entre los implicados en la maniobra.

Marcó que para el 3 de enero de 2011, el plan ya estaba en marcha, con el objetivo clave de conseguir que el recurso de queja que había presentado la defensa de uno de los procesados llegara durante la feria judicial a la sala que integraba el juez Riggi.

Para ello, fue clave la manipulación del sorteo y cómo se recurrió a Ameghino Escobar, que había trabajado durante 13 años con Aráoz de Lamadrid y 16 años con Riggi y que en ese momento trabajaba en la Oficina que tenía a su carga la realización de los sorteos para la asignación de causas.

De acuerdo con lo exhibido durante el debate, para la fiscalía quedó evidenciado que Ameghino Escobar “conocía como la palma de su mano el sistema” y que debido a esa familiaridad “sabía cómo inclinar la cancha a su favor”. En ese sentido, explicaron que el camino que presentó el recurso del procesado en la causa fue totalmente distinto al resto de las presentaciones que ingresaron durante la feria.

Según se explicó, el sistema compensaba entre las salas para que todas tuvieran un caudal similar de expedientes. De esta forma, se podía calcular a cuál le iba a tocar determinado caso. Incluso si ese cálculo fallaba, también se podía en ese momento reasignar la causa.

La auxiliar fiscal mostró como en el caso de este recurso en particular, Ameghino Escobar no siguió con los pasos establecidos: el escrito ingresó el 26 de enero y se sorteó poco minutos después, aunque la orden de que se sorteara recién fue el 28 de enero. Al cotejar el libro donde se dejaban asentados los ingresos, quedó evidenciado que fue el único donde se actuó de esa forma.

“Ninguno de todos los recursos que había en Casación había sido ingresado al sistema siquiera el mismo día de su presentación. Se hizo el sorteo 51 minutos después de haber ingresado, cuando en muchos casos había incluso hasta 15 días de diferencia entre presentación y asignación”, recalcó.

Explicaron que, como Ameghino Escobar podía ver cuantas causas tenía cada sala, asignó varios casos a otras para asegurar que el expediente en cuestión quedara bajo la intervención de la sala III. Luego de lograrlo, le envió un mensaje a Aráoz de Lamadrid, que no era en ese momento abogado ni parte interesada de la causa principal.

Abordar al objetivo y la entrega del dinero

Tras asegurarse la intervención del juez Riggi, el plan pasó a otra fase: conseguir el dinero que reclamaba Aráoz de Lamadrid para llevar adelante sus gestiones y luego “abordar al objetivo”, en referencia al juez de Casación Riggi.

En las escuchas que le mostró el fiscal Colombo a los jueces, Aráoz de Lamadrid le comenta que se había logrado la asignación de la sala “aunque estuvo bastante complicado”. Sobre eso habló también Riquelme con Stafforini: “sorteamos la que queríamos que fuera. lo hicimos en plena feria judicial”.

Lo cierto es que tras esto, la preocupación giró en torno a darle el dinero al abogado para una reunión que supuestamente mantendría con el nuevo fiscal del caso el 2 de febrero de 2011.

De esta forma, el 1° de febrero, Stafforini y Planas fueron hasta la caja de seguridad de un banco, con el custodio de la Unión Ferroviaria y luego se dirigieron al estudio que tenía Aráoz de Lamadrid. Ese mismo día estuvo también Riquelme en lugar, de acuerdo a lo que pudo establecerse en el juicio.

El gráfico exhibido durante el alegato del MPF

“Si la reunión tenía que ver con renegociar una deuda del Belgrano Cargas, ¿por qué seguir charlando del caso Favale?”, se preguntó el fiscal Colombo, en relación a que en las  escuchas entre los implicados siempre se hablaba de la causa principal. 

Ese mismo día, se allanó el estudio jurídico, donde se halló un sobre con 50 mil dólares con la palabra “Octavio” escrita. “Me están allanando el estudio por el tema este, corten todos los teléfonos”, le dijo el abogado a Stafforini. “¿Por qué tenían que cortar los teléfonos si estaban renegociando una deuda supuestamente legal? Quedó expuesto con toda claridad que la recepción del dinero fue en su estudio y que le pertenecía, a pesar de las versiones que dio el imputado”, afirmó el fiscal.