Cuatro personas quedaron formalmente imputadas por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada en una causa que se inició tras un procedimiento en la zona rural de Avellaneda (en el norte de Santa Fe) donde se incautaron 357 millones de pesos que estaban escondidos dentro de un auto que provenía de Chaco, en marzo de 2025.

Además de formalizar la investigación contra los cuatro hombres, la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista incluyó también a la sociedad por acciones simplificadas, que integraban dos de ellos, y que se dedica a la venta de repuestos para autos y motos en la localidad de Resistencia. A todos los implicados, el juez de Garantías Aldo Mario Alurralde, les impuso un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos, tal como había requerido el MPF.

En la audiencia que se realizó el 27 de febrero pasado, el fiscal Roberto Salum, titular de la Sede Fiscal Descentralizada, y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda, expusieron que el caso se inició tras un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 28 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional N°11, a la altura del paraje El Timbó.

Al detener el vehículo Toyota Corolla Cross para entrevistar al conductor, los gendarmes observaron “irregularidades estructurales” en el interior, ya que los plásticos ubicados cerca de la palanca de cambios tenían signos de haber sido manipulados o modificados. Tras notificar a la sede fiscal, el juez de Garantías autorizó la requisa del auto y del conductor.

En ese momento, F.E.V les dijo a los agentes: “por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”. Al retirar las piezas del tablero, quedaron al descubierto los compartimientos donde estaban ocultos los fajos de dinero, que se encontraban distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y la gaveta y en el sector de la palanca de cambios. En total, se secuestraron 357.210.000 pesos.

El dinero secuestrado que fue hallado dentro del automóvil. Foto: Gendarmería Nacional

Durante el año pasado, la fiscalía solicitó una prórroga del plazo para la formalización, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 253 del Código Procesal Penal Federal, que habilita en ciertas circunstancias dicha posibilidad ante investigaciones complejas. Tras una serie de medidas probatorias y allanamientos autorizados por el juez de Garantías, se llevó adelante la formalización de la investigación, la primera en la jurisdicción donde se involucra a una sociedad.

Planificación sofisticada

Según se determinó, el conductor había salido desde Resistencia y se dirigía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando fue interceptado por Gendarmería. Al momento de repasar las evidencias, la fiscalía expuso que el avance de la investigación permitió reconstruir y concluir que la maniobra de traslado del dinero interceptado “no se trató de un hecho aislado o circunstancial”.

Para los representantes del MPF, el hombre no era “un conductor improvisado” sino que integraba “un circuito regular, reiterado y coordinado” del que formaban parte también la empresa integrada por P.M.T y M.F, y una cuarta persona identificada como C.E.F.

El fiscal Salum recordó que el automóvil pertenecía a P.M.T, socio y administrador de la sociedad, y que fue acondicionado para disimular el dinero con el fin de evitar que sea detectado en controles por parte de las fuerzas de seguridad.

Explicó que, ante esa posibilidad, los involucrados pre-constituyeron un documento titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, que fue incautado al conductor, y que cubría una suma de hasta 800 millones de pesos. El papel contaba con una certificación notarial fechada el 20 de marzo de 2025. “El objeto de esa autorización era una especie de resguardo en caso de que el dinero transportado de forma clandestina fuera descubierto en algún control”, recalcó el fiscal.

En esa línea, apuntó que esa circunstancia indicaba “un grado de planificación sofisticada, que implicaba la preordenación de distintos factores donde la empresa participó a través de sus representantes”. Agregó que la investigación puso al descubierto “una actividad habitual” de la sociedad, cuya estructura era utilizada para que el dinero transportado tuviera cierta apariencia de legitimidad y para “atravesar controles en ruta y su traslado hasta el destino, donde, mediante alguna de las maniobras típicas, se volcaran blanqueados al sistema legal”.

Marcó que, a través de informes solicitados a bases públicas sobre infracciones de tránsito, se advirtió que el vehículo presentaba “una frecuencia inusual de viajes cada dos días a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que no encontraba respaldo en ninguna de las actividades comerciales declaradas por la sociedad.

De acuerdo con el MPF, la evidencia respaldó la atribución por intermediación financiera no autorizada. En ese sentido, le imputaron, al menos entre 2024 y 2025, de forma continua y en un número indeterminado, la compraventa de dólares y euros sin autorización, bajo la fachada de la empresa y con el objetivo de luego insertar ese dinero al circuito legal.

Esa actividad fue atribuida a la sociedad, a sus dos socios y al conductor del vehículo, quien ofrecía el servicio a través de comunicaciones telefónicas y atendía a los clientes en las oficinas de la empresa.

En la audiencia, el fiscal Salum resaltó que la investigación puso al descubierto “una actividad habitual” de la sociedad que integraban los imputados, cuya estructura era utilizada para que el dinero transportado tuviera cierta apariencia de legitimidad.

En el allanamiento a la sede de la firma en Resistencia, realizado el 18 de febrero de este año, se hallaron 8 millones de pesos; dos máquinas contadoras de billetes con un detector; seis llaves de diferentes vehículos y talonarios de recibos y de pagarés, en pesos y en dólares estadounidenses. Para la fiscalía, eso indica que en el lugar se desarrollaba la actividad de intermediación financiera no autorizada, en la modalidad de compra venta de divisas, bajo la fachada de la empresa de repuestos, sin autorización para esa actividad por parte del Banco Central de la República Argentina.

El MPF sostuvo en la audiencia que la maniobra investigada se ejecutó en el marco de una estructura organizada utilizada para el transporte, ocultamiento y aplicación posterior de dinero de origen ilícito, constituyendo así un supuesto de lavado de activos por receptación producto, al menos en parte, de la intermediación financiera no autorizada”. 

Imputaciones y medidas

El conductor del auto y los accionistas de la firma fueron imputados como coautores del delito de lavado de activos por receptación y la intermediación financiera no autorizada. A su vez, a C.E.F le endilgaron la coautoría del lavado de activos.

Además, el MPF avanzó sobre la responsabilidad penal de la empresa por ambos delitos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 303 inciso 3 en función del inciso 1° y 313 del Código Penal.

En la audiencia ante el juez de Garantías, la fiscalía también solicitó, respecto de los cuatro imputados, la prohibición de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente en la sede de Gendarmería que corresponda a los domicilios de los imputados.

También se requirieron medidas cautelares patrimoniales para garantizar la pena pecuniaria, las indemnizaciones, el decomiso y las costas del proceso por 2.000 millones de pesos para los involucrados. Ello incluyó la inmovilización y congelamiento de cuentas bancarias y subcuentas comitentes por 180 días, y la interdicción y congelamiento de cajas de seguridad por 90 días, con comunicación al BCRA.

Ante esto, el juez Alurralde hizo lugar a la formalización de la investigación en los términos y bajo la calificación legal propuesta por el MPF. Además, concedió el plazo de un año para la investigación debido a la complejidad del caso y multiplicidad de jurisdicciones afectadas, y autorizó la totalidad de las medidas probatorias solicitadas.

También hizo lugar a las cautelares patrimoniales al considerar razonable el monto del embargo, conforme el delito que se investiga, y dispuso las medidas de coerción personal en la modalidad solicitada por el MPF.